El ministro de Economía, Luis Caputo, publicará próximamente los detalles sobre cómo la Argentina afrontará los pagos de la deuda hasta el final del mandato de Javier Milei en 2027, según anticipó a LA NACION una fuente con conocimiento directo del tema. En el Palacio de Hacienda consideran que el oficialismo llegará a la próxima contienda presidencial con buenas chances de reelección y que eso reducirá las probabilidades de una crisis financiera como la del año pasado. Igual trabajan para llegar a los comicios con mayores “colchones” de reservas y financiamiento.

La idea de Caputo, que pidió a su equipo preparar un documento explícito de su hoja de ruta, es mostrar cómo piensa cubrir los vencimientos para despejar una de las principales dudas que hoy aparecen entre inversores, bancos internacionales y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI): cómo hará la Argentina para cumplir sus compromisos y al mismo tiempo atravesar el próximo período electoral sin una nueva crisis cambiaria.

“El desafío central es asegurar fuentes de financiamiento antes de la elección presidencial”, advirtió el banco estadounidense, que estimó que, aun con un rollover del 100% de la deuda en pesos, la Argentina enfrenta una brecha de financiamiento cercana a US$10.000 millones en 2027. Esa cifra podría reducirse a la mitad si el Banco Central logra refinanciar los vencimientos de las operaciones repo que mantiene con bancos internacionales.

El resumen que hace Economía es que las colocaciones de Bonares con vencimiento en 2027 y 2028 sumarían unos US$4000 millones, a lo que se agregarían al menos otros US$4000 millones de préstamos de bancos privados internacionales garantizados por organismos multilaterales —aunque en el equipo económico creen que esa cifra podría ser mayor— y cerca de US$2500 millones entre privatizaciones y ventas de activos. En total, la estrategia oficial apunta a reunir alrededor de US$10.500 millones.

El FMI, sin embargo, hace una cuenta más amplia sobre las obligaciones en moneda extranjera que enfrentará el sector público argentino. Según el staff report de la segunda revisión del acuerdo, el “government” —que incluye al Tesoro y otros organismos públicos, pero excluye al Banco Central— deberá afrontar en 2027 vencimientos por unos US$25.000 millones. De ese total, alrededor de US$16.000 millones corresponden a pagos de capital y otros US$9000 millones a intereses. Dentro de esa cifra aparecen compromisos con bonistas privados, el propio FMI, otros organismos internacionales y acreedores bilaterales.

En el Gobierno creen que una consolidación de la desinflación y una recuperación sostenida de la actividad permitirían mejorar el apoyo social al programa libertario. Avanzar en la hoja de ruta oficial, además, reduciría el riesgo país a niveles compatibles con una reapertura parcial del mercado internacional a tasas razonables más temprano que tarde.

“La cuenta de almacenero” sobre cómo cubrir esos vencimientos es seguida muy de cerca por Wall Street. Así la definió ante LA NACION Joydeep Mukherji, managing director y líder de soberanos para América de S&P, una de las calificadoras más importantes del mundo.

En paralelo, el BCRA trabaja con bancos internacionales en la refinanciación de los US$6000 millones correspondientes a las tres operaciones repo actualmente vigentes. La novedad había sido anticipada por la agencia Bloomberg. También se analizan alternativas para los cerca de US$2000 millones de pagos asociados a los Bopreal, según supo este medio, los títulos emitidos para ordenar la deuda comercial heredada. Entre las opciones aparecen nuevas emisiones, canjes o incluso pagos en efectivo.

El enfoque oficial coincide con varias de las advertencias que el FMI dejó planteadas en la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. El organismo remarcó la necesidad de que el país recupere “acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales” para refinanciar los fuertes vencimientos en moneda extranjera y reducir gradualmente la exposición del Fondo al país.

El documento además reveló que el tramo activado del acuerdo de estabilización financiera con el Tesoro de los Estados Unidos (ESF) por US$2500 millones -de los US$20.000 millones totales- fue reemplazado a fines de 2025 por una línea equivalente del Banco de Pagos Internacionales (BIS), que el Gobierno espera cancelar hacia fines de 2026.

También señaló que el BCRA se encuentra “muy avanzado” en la extensión del swap con el Banco Popular de China por unos US$18.000 millones y en la refinanciación del tramo activado de US$5000 millones que vence en agosto. El acuerdo aparece hoy como una vía importante para aliviar necesidades financieras de corto plazo, aunque el FMI continúa excluyéndolo de la medición de reservas netas.

El BCRA compró casi US$9000 millones desde comienzos de este año mediante el nuevo programa diario de compra de divisas. Según el organismo, las reservas netas aumentaron unos US$4800 millones en lo que va de 2026, aunque continúan en niveles considerados “bajos” y todavía muy dependientes de líneas extraordinarias de financiamiento, como fue el caso del segundo salvataje de Donald Trump en 2025. El primero había sido el apoyo a un desembolso de US$12.000 millones en el nuevo programa con el FMI.

El Fondo también dejó explícita una advertencia que hoy domina las conversaciones financieras sobre la Argentina: las elecciones presidenciales de 2027 aparecen como uno de los principales riesgos del programa económico. El organismo sostuvo que las “incertidumbres políticas” podrían afectar la acumulación de reservas, el acceso al financiamiento y la continuidad de las reformas si aumentara la volatilidad.

En Economía rechazan ese escenario y aseguran que la situación de cara a 2027 es distinta a la de otros años electorales. Argumentan que el equilibrio fiscal, la menor cantidad de pesos en circulación respecto a la mayor disponibilidad de reservas esperada y la transformación de la Argentina en exportador neto de energía reducen significativamente las chances de corrida. También sostienen que quedó demostrado que “apostar contra el peso” dejó pérdidas durante buena parte de la gestión libertaria y destacan el margen de intervención del Banco Central en el mercado de futuros para contener eventuales episodios de tensión cambiaria.

Son muchos los datos que en la última semana colaboraron para darle ánimo a un equipo económico que busca abstraerse de las internas que en el oficialismo se dirimen no a los tiros, como algún bando sugirió en la red X, pero sí con virulencia y a cielo abierto. El Instituto de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que la actividad económica creció en marzo 5,5% interanual y 3,5% con respecto a febrero. Nadie esperaba una mejora de semejante magnitud. Se mantienen rezagadas las actividades que más empleo generan, como el comercio y la industria manufacturera, pero en un todo, la economía tracciona positivamente. En el equipo que conduce Luis Caputo aseveran en reuniones privadas que para junio, la actividad ya mostrará un buen ritmo. Lo repitió esta semana ante la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quienes se comprometió a volver a juntarse en agosto.

Domar la inflación había sido la principal promesa de la campaña libertaria allá por 2023 y sigue siendo uno de los temas que desvela al presidente Javier Milei. En momentos de alta conflictividad interna, la inflación a la baja opera como un bálsamo silencioso: no resuelve las peleas, no aplaca a los propios, pero le da a Milei el único argumento que sus adversarios, por ahora, no pueden rebatirle.

De hecho, tras un cuatrimestre en que su imagen cayó con una consistencia que empezaba a inquietar dentro del oficialismo, Milei también parece haber encontrado algo parecido a un piso. No es una recuperación, es una pausa. Pero en política, una pausa a tiempo vale tanto como un triunfo menor. La macro y la opinión pública parecen moverse, por primera vez en meses, en la misma dirección: despacio, con dudas, pero hacia adelante. Lo reflejó el Indice de Confianza al Consumidor que publicó ayer la Universidad Torcuato Di Tella: subió 1,3% en mayo, después de tres meses consecutivos de baja. La encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad del San Andrés también mejoró este mes 1% respecto a abril, tras meses de bajas.

Todo esto, en un trimestre en que, tal cual estaba previsto, el dólar se mantiene planchado y el Banco Central no deja de acumular reservas. El próximo martes, tras la aprobación por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la segunda revisión del programa, el organismo le desembolsará al país los US$1000 millones comprometidos. No hay señales de que vayan a faltar los dólares, al menos, no hasta agosto. En abril pasado, según informó también esta semana el Indec, el comercio exterior argentino registró un superávit de US$2711 millones, por lo que se acumularon 29 meses consecutivos de resultados positivos. “Para ponerlo en perspectiva -dice la consultora ACM en su informe semanal-, la última vez que se registró una racha similar en su durabilidad fue entre julio de 2018 y noviembre de 2020, período en el que también se alcanzaron 29 meses consecutivos con superávit y un saldo total cercano a US$52.305 millones a precios corrientes”.

No es poco, aunque todavía son muchos los frentes abiertos. Esta semana, un equipo encabezado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, volvió a viajar a los Estados Unidos para reunirse con los representantes de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, en inglés). Es el segundo viaje en 15 días que realiza el equipo libertario, en un intento por reflotar el acuerdo comercial que se había firmado el año pasado, pero que, después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de obligarlo a Trump a dar marcha atrás con toda su política de aranceles, quedó en un limbo legal. Desde la administración Trump ahora se comprometieron a intentar incorporar algo del contenido de ese acuerdo como parte de una revisión de las investigaciones contenidas en la sección 301 de la Ley de Comercio de ese país, según confiaron las fuentes. La voluntad está; no se sabe si la ley la acompañará.

La administración Trump, eso sí, se mantiene activa en sus exigencias. El seguimiento que algunos funcionarios norteamericanos están realizando de la licitación de la hidrovía es obsesivo. Sospechan que China está detrás del consorcio conformado por la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, y se lo hicieron saber a Santiago Caputo, quien, si bien no ostenta cargos formales en el Gobierno, es curiosamente, para Estados Unidos, la voz más influyente en esta materia. También le expresaron sus dudas por la transparencia del proceso. Por ahora, y pese a las denuncias que hubo incluso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el proceso seguiría su curso.

A Luis Caputo, en tanto, le quedan meses desafiantes por delante. La restricción presupuestaria no cede y el ministro de Economía lo sabe mejor que nadie. En ese contexto, si bien fuentes oficiales aún no lo confirman, en privado ya se da por hecho que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se creó como parte de la reforma laboral para financiar los juicios laborales y fomentar el mercado de capitales, no tiene chances de arrancar en junio. Lo más probable es que se demore seis meses más, tal cual prevé el texto de la norma.

La señal la dio el propio Caputo esta semana en el encuentro con los industriales, donde parte de los pedidos del sector chocaron con una condición que el ministro no dejó implícita, sino que enunció con claridad: primero tiene que mejorar la recaudación. Sin más ingresos, no hay más espacio. El Gobierno puede tener voluntad, pero la aritmética fiscal manda. Lo mismo para avanzar sobre las cuestiones que le solicitaron desde la UIA, como la rebaja de las retenciones para productos industriales o la refinanciación de deudas que las compañías tienen con la ARCA. Es por eso que la rebaja de retenciones anunciada por Milei en la Bolsa de Cereales arrancaría en junio, que es cuando esperan que la actividad muestre mayor dinamismo.

Pero la otra cara de esa restricción es la búsqueda, casi simultánea, de herramientas que le den aire a la economía por otros carriles. Si la recaudación no alcanza, la apuesta es activar el crédito y el consumo desde el sistema financiero. En esa línea, en reuniones que hubo en estos días con banqueros, las autoridades del Banco Central (BCRA) no fueron con rodeos: necesitan que el crédito hipotecario avance con más velocidad y a tasas más accesibles —la meta que manejan desde la autoridad monetaria ronda el 6%—. También insisten en que los bancos se animen a dar préstamos en dólares. A la economía argentina le pueden faltar pesos, pero le sobran los dólares. Caputo ya demostró que está dispuesto, como sea, a facilitar las condiciones para que se vuelquen a la economía. Se espera que en los próximos días se publiquen modificaciones a la reglamentación de la ley de inocencia fiscal para poder mejorar los incentivos y que más gente use sus dólares no declarados.

En el sistema financiero miran ahora con algo de inquietud otro negocio: el de las sociedades de garantía recíproca (SGR). La mora que hizo estragos en las entidades bancarias y las no bancarias, ahora se trasladó a las compañías que dan avales, sobre todo a las pymes. Hubo reuniones y pedidos al Ministerio de Economía para que el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), que depende de Economía, pueda colaborar garantizando las operaciones de las SGR privadas. “Las SGR pueden dar avales por hasta cuatro veces su capital; la idea es que puedan ampliarlo a seis, con una garantía del Fogar”, explican. La propuesta, sin embargo, todavía no prendió en la Secretaría de Coordinación de Producción, según confirmaron. Son muchos los salvavidas que al mismo tiempo se le piden al Gobierno. Señal de que, si bien la cosa mejora, los mares que se navegan siguen teniendo sus turbulencias.