El mandatario sostuvo que la iniciativa forma parte de un programa más amplio de reformas. En ese sentido, anunció la creación del denominado “grillete fiscal”, un mecanismo que prevé la puesta en marcha de un shutdown en caso de que el Congreso no restablezca el equilibrio de las cuentas públicas.

Milei estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado) y Martín Menem (titular de la Cámara Baja).

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma a la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, que permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, planteó el jefe de Estado al comienzo de su alocución.

“La tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a 12.819.532.788.614.400.000 por ciento. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935. Desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que iba a ser diferente porque la política monetaria estaría ligada a criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%”, sumó.

Más adelante, el líder de La Libertad Avanza definió una vez más al BCRA como “una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”. “Comenzó con una estafa, al modificarse la paridad cambiaria del oro que integraba las reservas. Eso derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la inflación y les arrebató a los argentinos el 50% de su salario”; sostuvo.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí. En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, les robó US$10.000 millones a los argentinos”, resaltó a continuación, con un dardo hacia la exmandataria.

“A partir de esa estafa, y con el objetivo de eludir las consecuencias legales, en 2012 se modificó la carta orgánica del Banco Central, lo que impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos», puntualizó.

Acto seguido, el Presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales” en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”, dijo como primer punto.

En segundo lugar, “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”. “El señoreaje, que toma la forma de la compra de títulos del Estado, constituye una falsificación de dinero que está tipificada en el Código Penal”, subrayó.

“Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política. Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores”, enumeró Milei instantes después.

En anteúltimo lugar, el Presidente anticipó: “Se restringe el pago de dividendos derivados de la prestación de servicios de liquidez. Estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a las variaciones en el precio de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible».

Y cerró: “También se eliminarán otros mecanismos y la denominada estafa de las letras intransferibles”.

Concluida la delimitación inicial del proyecto, el jefe de Estado reforzó: “Esta reforma no funcionará por sí sola, sino que formará parte de un programa más amplio, integrado por la reforma del denominado ‘grillete fiscal’, la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros“.

“El ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario. El mecanismo funcionará de la siguiente manera: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso tendrá algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. En caso contrario, entrará en vigencia el denominado shutdown y se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”, explicó al respecto.

Y profundizó: “Se congelarán los nuevos gastos, no se adjudicarán contratos, no se incorporará personal y se suspenderán las transferencias discrecionales a las provincias. El presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados y los ministros no cobrarán un solo peso de sueldo. Si la política no hace los deberes, pagará el costo. La ley protege expresamente las prestaciones y funciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, la salud y la seguridad, quedarán exceptuadas”.

En los últimos tramos de la cadena nacional, Milei invitó a las provincias a adherir al régimen “para que cada gobernador predique con el ejemplo” y adelantó el envío de «dos proyectos» al Congreso para “recuperar la profundidad del sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central”.

“Mantener nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas aplicadas durante décadas empujaron a los argentinos a retirar sus ahorros como mecanismo de defensa y frenaron la inversión”, remarcó el Presidente. Y ahondó: “Por eso impulsamos un proyecto de profunda liberalización del mercado de capitales para retirar al Estado del medio y permitir que el ahorro fluya hacia quienes quieran producir”.

“En el mercado de bonos corporativos permitiremos la emisión de instrumentos en moneda extranjera, unidades de valor y otras unidades de medida. Lo mismo haremos con los mecanismos de financiamiento colectivo”, acotó. Y vaticinó: “Esta reforma garantizará que, a medida que la economía se recupere y la gente vuelva a ahorrar, esos recursos se transformen en fábricas, maquinaria y puestos de trabajo”.

Respecto de la segunda iniciativa que el Gobierno impulsará en su agenda legislativa, el mandatario dijo: «Enviaremos un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador, que concentrará su tarea en garantizar la solvencia de las empresas y proteger a los usuarios frente a posibles fraudes».

“Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están estrechamente interconectadas. El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido, que es la emisión monetaria. La reforma del BCRA impedirá que la política vuelva a falsificar esos frutos y un mercado financiero más profundo permitirá acceder al crédito en mejores condiciones y obtener cobertura para que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos“, destacó.

Y concluyó con la misma frase con la que comenzó la cadena nacional: “Entre todas ellas pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia y nos permitirán hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/javier-milei-presenta-la-reforma-de-la-carta-organica-del-blanco-central-por-cadena-nacional-nid30072026/

El cambio fue dispuesto mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y permitirá, además, cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en conductas contra la Argentina, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. En la normativa, el Ejecutivo aclaró que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. También argumentó que esas manifestaciones representan “un riesgo para los ciudadanos y quebrantan el respeto básico” que deben mantener los extranjeros que pretendan ingresar o permanecer en el territorio nacional.

En la normativa señaló que ese tipo de conductas desnaturalizan el sentido de la política migratoria argentina y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. De esta manera, sostiene que las acciones de odio o la propagación de la violencia pueden producir un impacto concreto sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.

Con ese fundamento, el DNU incorporó una nueva causal de impedimento de ingreso y permanencia en el artículo 29 de la Ley de Migraciones. El nuevo motivo consta de los mensajes de odio formulados de manera oral o escrita, la incitación a la violencia motivada por la nacionalidad argentina y la participación o instigación de actos de ultraje contra símbolos patrios.

Una disposición similar fue añadida al artículo 62 de la ley, que regula las causas por las cuales la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia otorgada. En esos casos, la decisión podrá conllevar la intimación a abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente la expulsión, para lo cual deberán considerarse las circunstancias personales y los hechos atribuidos al extranjero.

Para justificar la medida, el Ejecutivo citó un fallo de la Corte Suprema en el que se establece que toda nación soberana posee la facultad de prohibir el ingreso de extranjeros o admitirlos “bajo las condiciones que ella juzgue libremente prescribir”.

El decreto entrará en vigencia a partir de este viernes 31 de julio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar su dictamen al pleno de ambas cámaras para su tratamiento expreso dentro de un plazo de diez días hábiles.

La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de gabinete, Diego Santilli; y los ministros Pablo Quirno, Carlos Alberto Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

Minutos después de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente difundió en su cuenta de X un comunicado, únicamente firmado por el Presidente, en el que ratificó la decisión. Allí, el Gobierno presentó la medida como una respuesta a las “recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos”.

“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó.

La decisión se conoció pocos días después de que distintas celebridades extranjeras publicaran críticas contra la selección argentina y el país, tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. Tal como informó LA NACION, el Gobierno calificó esa sucesión de mensajes como una campaña “anti-Argentina” y Milei acusó a los gobiernos de Brasil y México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de participar en ella. El mandatario aseguró que “el 25% de los recursos utilizados” salió del gobierno brasileño.

Una de las declaraciones que más repercusión generó fue la del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien definió a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista” y pidió a la comunidad negra que no apoyara al equipo albiceleste. También se pronunciaron la actriz Mia Khalifa, el cantante irlandés Niall Horan y el escritor español Arturo Pérez-Reverte, mientras que Rosalía pidió disculpas después de compartir una publicación contra los hinchas argentinos.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, avaló posteriormente la existencia de la campaña, pero la describió como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. “Todas aquellas personas que desde Hollywood, España y cualquier parte del mundo hablen de la Argentina como un país racista claramente desconocen nuestra historia”, sostuvo.

Las acusaciones se produjeron, además, en medio de una crisis diplomática entre la Argentina y Brasil. El conflicto se abrió después de que Milei calificara a Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario” durante el acto que erigió a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de la derecha en las próximas elecciones brasileñas.

Como respuesta, el gobierno de Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle su repudio.

Bitelli se reunió este miércoles con el canciller Mauro Vieira y con Lula, tras lo cual Brasil decidió mantenerlo temporalmente en territorio brasileño mientras continúa evaluando la relación bilateral.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-prohibira-el-ingreso-al-pais-a-extranjeros-que-expresen-mensajes-de-odio-contra-nid30072026/

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, fue el encargado de realizar el anuncio, que se produjo cuando faltaban horas para que expiraran el viernes los aranceles temporales del 10% impuestos por el gobierno bajo la Sección 122, tras un límite legal de 150 días.

Las nuevas medidas -que entrarán en vigor desde el primer minuto del viernes, hora local- afectan a 60 países que, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), representan el 99,4% del comercio de Estados Unidos. De todas formas, habrá excepciones a ciertos productos en esta nueva estrategia de la Casa Blanca para sostener su política arancelaria.

A los países que cuentan con leyes para combatir el trabajo forzoso se les aplicó un arancel del 10%, entre ellos la Argentina, que en febrero pasado rubricó con Estados Unidos un tratado recíproco de comercio e inversión que había quedado afectado por un fallo de la Corte Suprema al anular la mayoría de los aranceles globales de la Casa Blanca.

Según fuentes consultadas por LA NACION al tanto de las negociaciones entre las administraciones de Trump y de Javier Milei, en el Gobierno esperaban el anuncio formal del USTR -se preveía para el viernes- para finalmente tener mayor claridad sobre sus alcances y cómo se implementará, dado que hay productos que quedarán exceptuados del nuevo arancel.

Las fuentes destacaron que la Argentina haya quedado con la línea de base menor (10% de arancel), y que el país haya quedado en la misma posición que cuando se selló el acuerdo recíproco de comercio e inversiones, firmado en febrero por Greer y el canciller Pablo Quirno.

“Lo que hay de nuevo es que se suman excepciones adicionales a las generales” que ya tenían las 60 economías alcanzadas por los aranceles (alrededor de 2100), señaló a LA NACION una de las fuentes. En el caso de la Argentina son 93 posiciones, como por ejemplo de aceites, animales vivos, flores, corcho, maderas, entre otras.

Respecto a los 1675 productos argentinos a los que Estados Unidos les había eliminado los aranceles en virtud del acuerdo firmado en febrero, se mantendrán en ese nivel mediante este mecanismo lanzado el jueves por el USTR. Cabe recordar que el acuerdo recíproco con la Argentina incluyó compromisos para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Respecto a la carne, también queda exceptuada y se mantendrá la cuota de 100.00 toneladas para exportar carne vacuna argentina a Estados Unidos (este año se sumaron 80.000 toneladas a las 20.000 que ya estaban vigentes). “Eso no se toca y no tiene el 10% del arancel anunciado este jueves”, señaló una fuente.

Según el comunicado difundido este jueves por el USTR, de conformidad con las instrucciones específicas de Trump habrá exenciones de aranceles para materias primas que podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional; para productos que podrían causar perturbaciones en toda la economía y otros que no pueden cultivarse ni producirse en cantidades suficientes o a precios razonables en Estados Unidos, ni obtenerse de otras fuentes.

“Determinados productos de la Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea (UE), Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o el Reino Unido, cuya exención incentivaría a estas economías a cumplir los compromisos relativos a la prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso, o a promulgar y aplicar eficazmente dicha prohibición”, también estarán exceptuados, señaló el comunicado.

En tanto, a aquellos países que carecen de las normativas para combatir importaciones producidas con trabajo forzoso, Estados Unidos les impuso un arancel del 12,5%, entre ellos a Brasil. La UE Taiwán, Japón, Corea y Suiza tendrán entre el 10% y el 12,5%.

Greer tomó la medida en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo aranceles a los socios comerciales “por no establecer ni aplicar eficazmente la prohibición de importar mercancías producidas con trabajo forzoso”.

“La medida se produce tras las investigaciones del USTR, que incluyeron dos rondas de audiencias públicas, más de 2100 comentarios públicos y consultas con nuestros socios comerciales para solucionar estas preocupaciones de larga data”, señaló el USTR en un comunicado.

“Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos mantuvo una prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró Greer, que añadió que la medida empezará a corregir lo que constituye tanto “una violación de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora, con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores en todas partes».

Los nuevos aranceles tienen como objetivo sustituir el el arancel global temporal -por 150 días- del 10 % impuesto por Trump, cuya vigencia expira a primera hora del viernes. El presidente, quien desde su regreso a la Casa Blanca emprendió una guerra comercial de alto impacto global, había establecido ese gravamen en febrero, después de que la Corte anulara la mayor parte de sus gravámenes globales.

Algunos productos sujetos a aranceles específicos por motivos de seguridad nacional —como el acero, el aluminio, los automóviles y sus componentes— no estarán afectados por los nuevos aranceles, y quedarán exentas determinadas importaciones de alimentos y productos agrícolas, fertilizantes y productos energéticos.

El 2 de junio pasado, Greer había determinado que las prácticas de las 60 economías investigadas —relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso— eran “irrazonables” y gravaban o restringían el comercio estadounidense.

Por ese motivo el representante comercial, bajo la directiva de Trump, propuso una medida de respuesta. El USTR recibió comentarios por escrito sobre la medida, y entre el 7 y el 9 de julio celebró audiencias públicas para debatirla.

Los países que quedaron con el arancel del 10% por esta nueva medida, además de la Argentina, son Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, la India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, y el Reino Unido.

El 20 de febrero pasado, en una decisión que le propinó a Trump su mayor derrota legal desde el regreso a la Casa Blanca al socavar un emblema de su política económica, la Corte había anulado la mayoría de los amplios aranceles globales impulsados por el presidente el año pasado.

En ese momento, Trump desafió el fallo -al que calificó de “profundamente decepcionante”– al anunciar que los reemplazaría con otros instrumentos legales.

Los aranceles relacionados con el trabajo forzoso representan la medida de mayor alcance de Trump para restablecer su régimen arancelario. Aunque un alto funcionario de la administración republicana -en diálogo con la agencia Bloomberg– rechazó la idea de que Trump haya impuesto los nuevos aranceles meramente como sustitutos de los anteriores, afirmó que el presidente utilizaría todas las herramientas a su alcance y no permitiría que su política comercial se viera socavada por una decisión judicial.

El miércoles, en una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado norteamericano, Greer había declarado que persistía una “emergencia nacional” en materia comercial y que la administración mantenía su intención de utilizar aranceles para transformar la economía.

Greer afirmó que consideraba un éxito la política arancelaria del presidente y que emplearía todas las herramientas a su alcance para darle continuidad.

“Las facultades específicas que utiliza esta administración han cambiado, pero la estrategia comercial no. Estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial”, señaló.