Uno de los objetivos primordiales del Gobierno con la reforma política que presentó en el Senado es llegar a la compulsa presidencial de octubre de 2027 con la menor cantidad de elecciones intermedias posibles que puedan generar un clima político y económico adverso capaz de poner en riesgo la reelección del presidente Javier Milei.

Es por ello que, a nivel nacional, la reforma propone la eliminación de las elecciones primarias (PASO) −que deberían celebrarse en agosto− y, en paralelo, introduce un rediseño de la boleta única de papel (BUP) para incentivar a los gobernadores a que celebren las elecciones provinciales de manera simultánea con las generales de octubre. Una racha de resultados eventualmente negativos en las provincias es lo que justamente el oficialismo pretende evitar antes de la elección presidencial.

A manera de “incentivo”, el Gobierno invita a los gobernadores adherirse a la BUP, a la cual propone modificar en dos aspectos claves: por un lado, incorpora en una misma papeleta las categorías nacionales (que ocuparían las filas de la parte superior) y las categorías provinciales y municipales (que se ubicarían en la parte inferior). Hoy esta posibilidad está estrictamente prohibida por el artículo 3 de la ley 15.262, que esta reforma ahora quiere modificar.

El incentivo se completaría con la inclusión de un casillero de lista completa al lado de cada agrupación política; este mecanismo permitiría a los votantes seleccionar todas las categorías de una misma fuerza con una sola marca. De esta manera, se facilitaría el “efecto arrastre” de los candidatos a cargos ejecutivos (sean a presidente o a gobernador) sobre las restantes categorías.

En el oficialismo sostienen que, lejos de tratarse de un intento por manipular la voluntad del elector, esta modificación de la BUP tiene como objetivo incentivar a que las elecciones nacionales y provinciales coincidan en una misma fecha para no cargar el cronograma con una ristra de comicios que, además, encarezcan los costos electorales.

“El elector siempre puede elegir como quiere y marcar en la boleta su opción, el efecto arrastre es relativo”, sostienen.

Los gobernadores, claves

Habrá que ver si los gobernadores pican el anzuelo. El politólogo Pablo Salinas recuerda que tanto en 2019 como en 2023 solo cuatro distritos celebraron sus elecciones locales en simultáneo con las nacionales.

“El comportamiento de los gobernadores ha sido el de desdoblar las fechas electorales en sus provincias porque, en general, les ha garantizado continuidad. ¿Por qué razón atarían ahora su suerte a la del oficialismo? ¿Qué les asegura que el año próximo la imagen del Gobierno no esté peor?”, se pregunta.

En la Casa Rosada deslizan que, como incentivo adicional, no pondrán candidatos propios que les compitan a los gobernadores que decidan atar sus elecciones a las generales de octubre. Algo de eso se conversó en una reciente reunión entre los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) −que no puede reelegir− y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) con el ministro del Interior, Diego Santilli, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, los gobernadores desconfían mientras que la oposición anticipa sus críticas. “Qué contradicción: hace un año el oficialismo rechazaba el botón de lista completa en la BUP con el argumento de que beneficia a la casta. Ahora quiere alentar el arrastre para provecho propio”, cuestiona el diputado y politólogo Sebastián Galmarini (Unión por la Patria), quien sostiene que los gobiernos que manipulan las reglas electorales con el propósito de sacar ventajas de corto plazo por lo general no logran su cometido.

Lo cierto es que la reforma que propicia el Gobierno necesita del apoyo de un sector de los gobernadores para ser aprobada por ambas cámaras antes de que inicie el calendario electoral. Se requiere una mayoría agravada de 129 en Diputados y de 37 en el Senado; para alcanzar esos números el oficialismo debería, además, garantizarse el apoyo de sus aliados de Pro y de la UCR, que por ahora ven con reparos el proyecto, sobre todo la eliminación de las PASO.

El partido de Mauricio Macri no parece dispuesto a derogar la instancia de las primarias sin asegurarse una alternativa para definir candidaturas en un eventual frente electoral con LLA. Mantener las primarias en pie le significa una herramienta de presión para el armado de las listas de cara a los comicios de 2027.

En la UCR tampoco están de acuerdo en eliminar las PASO. El jefe del bloque en el Senado, Eduardo Vischi, tiene en carpeta un proyecto para que sean optativas, alternativa que Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de LLA, podría llevar a la Casa Rosada si tantea que el texto original no logra reunir los apoyos suficientes.

Así lo dispusieron los camaristas de la Sala VIII María Dora González y Víctor Pesino, quienes dejaron en suspenso el fallo en primera instancia del juez Horacio Ojeda que había hecho lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la reforma.

La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar aguinaldos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones y el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires, entre otros puntos.

Pero la Sala VIII señaló que cuando una cautelar contra el Estado suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo.

“La medida cautelar [presentada por la CGT] suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”, expresaron los jueces.

Remuneraciones

Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).

¿Cómo se calculan las indemnizaciones?

Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.

Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.

¿Quién paga las indemnizaciones por despido?

Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.

Vacaciones

El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.

Extensión de la jornada laboral

Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo.

Horas extras

El empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.

Antigüedad del trabajador

Se la computará desde el inicio de la relación laboral, incluyendo los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Asimismo, se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador, salvo si hubiese transcurrido un plazo de tres años entre la desvinculación y su reingreso.

Cajas sindicales

Se mantendrá en el 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Permanece vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope baja al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias.

Convenios colectivos

El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales. En el caso de los convenios que estuviesen vencidos, el Ministerio de Capital Humano convocará a las partes para renegociar dichos convenios. En los convenios vigentes por ultraactividad, por petición de cualquiera de las partes legitimadas, el PEN podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare que su aplicación genera distorsiones económicas graves.

Trabajadores de plataformas digitales

El proyecto creó la figura de repartidor independiente y habilitó la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

Derecho a huelga

La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad. Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales”, al menos el 50%.

El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas: se incluyen, entre otros, los servicios educativos en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deberán prestar cobertura en un 100%. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.

Derogación de estatutos

Derogados cuatro estatutos profesionales (viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía) transcurridos seis meses de la sanción de la ley. El estatuto del periodista profesional se derogará a partir del 1° de enero de 2027.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/punto-por-punto-como-quedo-la-reforma-laboral-tras-el-aval-de-la-camara-del-trabajo-nid23042026/

Fernández está procesado en esta causa por el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal (con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah), que también falló en su contra, en febrero pasado.

Justamente la defensa técnica del expresidente se basó en esa contradicción, a pesar de que el fiscal ante la Casación dejó de lado la postura de Agüero Iturbe y pidió dejar firme el procesamiento.

La audiencia ocurrió en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, en la Sala IV.

Alberto Fernández y Martínez Sosa, el broker de seguros que habría sido beneficiado

En la audiencia estuvieron Fernández y su abogada Mariana Barbita, pero el expresidente llevó la voz cantante.

“Hagan justicia y revoquen el procesamiento”, les dijo Fernández a los jueces, y entendió que el juez Casanello firmó el procesamiento sin advertir lo que ocurría. “Firmó el fallo que le llevó el antiguo equipo del juez [Claudio] Bonadio y no advirtió lo que estaba pasando”, dijo el expresidente.

Fernández cargó contra el juez que llevó adelante la investigación, Julián Ercolini, a quien recusó y logró apartar de la causa que le inició su exmujer Fabiola Yañez por violencia de género. Pero el expresidente se quejó de que no hubiera ocurrido lo mismo con este caso.

“Es el enemigo público mío”, dijo Fernández ante la Casación, que decidió abrir el recurso para analizar su caso. Otros procesados en la causa adhirieron a sus planteos y sus abogados ayer los defendieron.

“Acá sigo maravillosamente violado por la Cámara Federal,nunca me dejaron defender por el hecho que me imputaron…María Cantero era mi secretaria desde hacía 30 años, ella no manejaba mi agenda, es una falacia absoluta», se quejó Fernández.

Por eso, dirigiéndose a los jueces les dijo: “No sé cuánto simpatizan conmigo, pero parece que acá los únicos que tenemos que rendir cuentas somos los que pensamos como Perón”. Y les reclamó: “Señores jueces, les pido que hagan justicia, revoquen el fallo”.

El fiscal Raúl Plee argumentó para mantener el procesamiento firme, más allá de que su colega de la instancia anterior hubiera postulado que se declare la falta de mérito.

Dijo Pleé que Agüero Iturbe basó sus conclusiones en un estándar más exigente que el usado en esta etapa del proceso y transcribió que su colega también habló de indicios sobre la supuesta maniobra.

“La posición asumida por mi antecesor durante el trámite de apelación no posee el alcance que le otorga la defensa, quedando así vacío de contenido el agravio que motivó la apertura de la queja”, escribió Pleé en unas “breves notas” presentadas al comienzo de la audiencia.

Dijo que “la confirmación del procesamiento de Fernández no conlleva ninguna afectación constitucional”.

Mencionó que “existen una multiplicidad de indicios, concordantes, unívocos y de singular fuerza convictiva, que no solo permiten descartar la teoría del caso ensayada por la defensa, sino también otorgar sólido sustento a la conclusión de que el imputado, valiéndose del cargo que ostentaba, se involucró en el esquema de recaudación y distribución de fondos estatales que es materia de investigación, priorizando intereses particulares en el entramado de negociaciones en desmedro de los públicos por los que debía velar”.

Por eso concluyó que “el pedido del fiscal de la instancia previa de que se adopte un temperamento expectante respecto de Fernández se muestra inmotivado y contradictorio”.

En esta causa, Fernández está procesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario. Para procesarlo, se consideró probado que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica del expresidente, María Cantero.

El procesamiento del expresidente incluye un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283 y una prohibición de salir del país.

Cuando la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Fernández, su abogada, Mariana Barbitta, sostuvo que esa decisión no correspondía porque “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.

La aprobación de dicho tratado es clave porque coronará una serie de medidas que viene adoptando el gobierno libertario para eliminar las restricciones sobre propiedad intelectual que se impusieron durante la gestión kirchnerista -en particular sobre los medicamentos- en defensa de los laboratorios nacionales.

En efecto, en la práctica este tratado blinda la innovación -como reclama la industria farmacéutica extranjera que dedica millones a la investigación- y bloquea la copia de fórmulas por parte de terceros, en su mayoría laboratorios nacionales que, a su favor, argumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

Se espera un debate acalorado este martes cuando se reúnan las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. El kirchnerismo y la izquierda, en pie de guerra, acusarán al Gobierno de favorecer los intereses de los laboratorios y corporaciones internacionales a costa del bolsillo de los argentinos. Por contrapartida, los libertarios y sus aliados insistirán en que el régimen actual de patentamiento desfavorece a los innovadores locales y que es necesario que el país se adecúe, por fin, a los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

El oficialismo es optimista: confía en que antes de fin de mes –fecha límite que establece el acuerdo firmado con Trump- el PCT será ley. El Senado le dio media sanción el 22 de julio de 1998 (durante el gobierno de Carlos Menem) pero no perdió estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional, por lo que solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados. La sesión se celebraría el próximo miércoles 22.

Tres puntos

A la hora de firmar el acuerdo recíproco con los Estados Unidos en febrero pasado, la Argentina se comprometió a cumplir con tres puntos en materia de propiedad intelectual:

• Derogar la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento que dictó la expresidenta Cristina Kirchner en 2012. Esta resolución anuló en los hechos la ley de patentes sancionada en 1995 por el gobierno de Menem y que había sido reclamada por los Estados Unidos.
• Ratificar expresamente antes del 30 de abril de 2026 el Patent Cooperation Treaty (PCT, Tratado de Protección de Patentes), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). El PCT establece un procedimiento unificado que permite tramitar protección en los 158 países miembro mediante una única “solicitud internacional”.
• Adherir, antes de diciembre de 2027, a varios tratados internacionales adicionales de especial relevancia para el ecosistema de patentes e innovación.

A instancias del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, nuestro país ya cumplió con el primer punto y derogó, el mes pasado, la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 firmadas, en su momento, por los exministros Juan Manzur (Salud), Débora Giorgi (Industria) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Allí se fijaban criterios fuertemente restrictivos para patentar invenciones químico‑farmacéuticas.

A partir de esta derogación de esas normas, que restringían la posibilidad de patentar una invención farmacéutica, ahora los laboratorios podrán traer sus productos y los demás no podrán copiar su fórmula por 20 años y ofrecer uno similar. Pero en la resolución derogatoria el Gobierno estableció un mecanismo de protección para los productos que ya circulan, al disponer que podrán ser comercializados como hasta ahora sin pagar las respectivas patentes.

De esta manera, el gobierno libertario instrumentó un esquema salomónico para evitar que la grieta entre los laboratorios nacionales y los extranjeros termine en un enfrentamiento abierto de intereses millonarios.

Esta medida se coronará con la adhesión al tratado PCT que, como se dijo, no solo contempla la protección sobre productos farmacéuticos sino sobre todas las patentes que sean radicadas. Entre ellas, las de los agroquímicos, otra industria de alto impacto en nuestro país.

Tras las fallidas negociaciones, el vicepresidente de Estados Unidos dio una conferencia de prensa y señaló que se trata de una “mala noticia” para Irán. “Fueron 21 horas de charlas y lamentablemente no hubo acuerdo. Nosotros somos flexibles, pero ellos no aceptan nuestras condiciones. Seguiremos negociando para lograr la paz”, afirmó y declaró que habla “constantemente” con Trump sobre el conflicto en Medio Oriente.

Además afirmó que las condiciones que presentó Estados Unidos fueron “bastante flexibles” y que la delegación se mantuvo “complaciente”: “El presidente nos dijo: ‘Tienen que venir a acá de buena fe y hacer su mejor esfuerzo para lograr un acuerdo’. Hicimos eso y, lamentablemente, no pudimos lograr ningún avance”.

La delegación norteamericana estuvo también conformada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

El gobierno iraní, por su parte, dijo que las negociaciones fracasaron porque Estados Unidos planteó “exigencias irrazonables”. Horas antes, en una publicación en X, afirmó que una tercera ronda de conversaciones había terminado y que expertos técnicos de ambas partes intercambiarían documentos.

En tanto, el lado iraní estuvo representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

Las conversaciones, a un nivel sin precedentes entre los dos países enfrentados desde la revolución islámica de 1979, se desarrollaron en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán, cuyo gobierno medió para sentar a las partes a la mesa de diálogo.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, junto al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, antes del comienzo del diálogo con IránJACQUELYN MARTIN – POOL

El control del estrecho de Ormuz, la vía marítima de vital importancia económica que Irán cerró al inicio de la guerra, sigue siendo un punto conflictivo, según dos altos funcionarios iraníes familiarizados con las negociaciones.

Los enviados analizaban cómo impulsar una tregua amenazada por las profundas discrepancias y los ataques de Israel contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo mientras se desarrollaba la reunión que le “daba igual” cómo salían las conversaciones, al insistir que de todos modos Estados Unidos había ganado la guerra. “Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, dijo en declaraciones a periodistas. “Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que dos buques de guerra cruzaron esta vía para una operación previa a su desminado, después de que Trump asegurara que su país había iniciado “el proceso de desbloqueo” del estrecho.

“Hoy comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y compartiremos pronto esta vía segura con la industria marítima», dijo el comandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper. Y aseguró que “fuerzas adicionales de Estados Unidos, incluidos drones submarinos, se unirán al esfuerzo de despeje en los próximos días».

Irán desmintió el desbloqueo armado del estrecho, mientras que la televisión estatal informó que la Guardia Revolucionaria amenazó con tratar “severamente” a barcos militares que transiten por el estrecho.

“Cualquier intento de buques militares de pasar por el Estrecho de Ormuz será afrontado severamente. La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica tiene plena autoridad para gestionar el Estrecho de Ormuz de manera inteligente”, declaró el mando naval de la Guardia.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif sostuvo que las partes estaban en una fase de todo o nada, lo que complicaba “establecer una tregua duradera”. La brecha era abismal en temas cruciales como las sanciones a Irán, la ofensiva en el Líbano y la reapertura del estrecho. Medios iraníes dijeron que Estados Unidos planteaba “exigencias excesivas” sobre Ormuz.

Desde la Revolución Islámica en 1979, el contacto más directo de Estados Unidos ocurrió en 2013, cuando Barack Obama llamó al recién elegido presidente Hassan Rohani para hablar sobre el programa nuclear iraní. Las reuniones más recientes fueron entre el secretario de Estado de esa presidencia, John Kerry, y su homólogo Mohammad Javad Zarif.

La guerra se ha cobrado la vida de al menos 3000 personas en Irán, 2020 en el Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los países del Golfo Pérsico, además de daños duraderos a la infraestructura. El control asfixiante de Irán sobre el Estrecho de Ormuz ha aislado en gran medida al Golfo Pérsico y sus exportaciones de petróleo y gas de la economía mundial, disparando el precio de la energía.

Manifestaciones en respaldo del gobierno iraní, ese sábado en TeheránVahid Salemi – AP

Reflejando lo mucho que estaba en juego, funcionarios de la región dijeron que funcionarios chinos, egipcios, sauditas y qataríes estaban en Islamabad para facilitar indirectamente las conversaciones.

En Teherán, los residentes revelaban escepticismo, aunque tenían algo de esperanza en las conversaciones tras semanas de ataques y destrucción en todo el país. “La paz por sí sola no es suficiente para nuestro país, porque hemos sido golpeados muy duro, ha habido enormes costos», señaló Amir Razzai Far, de 62 años.

“No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada», dijo por su parte un hombre de 30 años que pidió el anonimato.

Antes de las conversaciones, Trump había acusado a Irán de usar el Estrecho de Ormuz para extorsionar, y dijo a los reporteros el viernes que se abriría “con o sin ellos”.

«Basta de alimentar la máquina de guerra», piden los manifestantes en una protesta pacifista en Tel AvivMaya Levin – AP

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cantó victoria sobre su tradicional enemigo, como más tarde lo haría su aliado Donald Trump. “Hemos logrado destruir el programa nuclear y destruir el programa de misiles” de Irán, afirmó en televisión.

Señaló además que la guerra había debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados. “Querían estrangularnos, y somos nosotros quienes los estrangulamos. Nos amenazaban con la aniquilación, y ahora luchan por su supervivencia», aseguró.

Desde la entrada en vigor del alto al fuego el miércoles, Israel sostuvo que el Líbano no estaba incluido en la tregua. En consonancia con esa declaración de principios, los ataques en el sur del Líbano mataron este sábado a un total de 18 personas, según el Ministerio de Salud.

El Ejército israelí anunció haber atacado en 24 horas más de 200 objetivos de Hezbollah. El miércoles llevó a cabo en el Líbano los ataques más mortíferos de esta guerra, con al menos 357 muertos en un solo día.

Según la presidencia libanesa, el martes próximo están previstas conversaciones entre el Líbano e Israel en Washington, que Hezbollah no ve con buenos ojos.

“El Líbano ha acudido a nosotros para iniciar negociaciones directas (…) He puesto dos condiciones: queremos el desarme de Hezbollah y queremos un verdadero acuerdo de paz que perdure durante generaciones», dijo Netanyahu.

Agencias AFP, AP y Reuters

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/maratonica-negociacion-en-pakistan-iran-anuncia-que-el-dialogo-con-eeuu-se-extendera-a-un-segundo-nid11042026/