Mendoza sale al ruedo a revertir la imagen que la vecina provincia de La Pampa ha logrado instalar en el resto del país, esa por la que nuestra provincia es la que confisca el agua del río Atuel. Ayer el fiscal de Estado Fernando Simón, acompañado por técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo y del Departamento General de Irrigación salieron a explicar la respuesta de Mendoza a la demanda que presentó La Pampa ante la Corte Suprema.

Allí admitieron que los demandantes vecinos han sido más eficientes a la hora de hacer lobby e instalar un relato a nivel nacional, apoyado incluso por publicaciones en medios de comunicación oficiales, dependientes de la Presidencia de la Nación.

La presentación ante la Corte contiene informes técnicos de organismos involucrados en el estudio de caudales y además algunos párrafos en los que se acusa a La Pampa de tomar una posición «cuando menos caprichosa y arbitraria, caracterizada por un posicionamiento cerrado al reclamo de agua del río Atuel más que por una búsqueda de soluciones posibles» .

Sin embargo, ayer los convocados a explicar mantuvieron la prudencia y se cuidaron de dejar siempre la puerta abierta a un hipotético diálogo, teniendo en cuenta las facultades que tiene la propia Corte de establecer instancias de negociación entre las partes.

Simón fue acompañado por Alejandro Gennari (por la UNCuyo, aunque también es consejero del río Mendoza en el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación) y Santiago Ruiz Freites por Irrigación. También estaba el director de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado Amílcar Moyano. Sólo faltaba la representación de la Asesoría de Gobierno para que estuvieran todos los que trabajaron en la respuesta de más de 600 páginas presentada ante la Corte federal a inicios de la semana.

Los argumentos explicados ayer fueron una ampliación de que se hicieron públicos cuando la provincia presentó la respuesta a los planteos pampeanos ante la Corte. Por un lado la cuestión de que el reclamo es el mismo de 1979 y ya es cosa juzgada en la sentencia de 1987, por la que Mendoza puede regar 75.671 hectáreas antes de permitir el paso de escorrentía hacia la vecina provincia. «No puede haber impacto ambiental, ni responsabilidad de Mendoza cuando esta provincia no ha hecho más que usar el recurso cumpliendo con lo establecido en la sentencia», explican.

Todos los presentes recuerdan que Mendoza nunca llegó a regar 50 mil hectáreas y que no alcanza el caudal para cumplir con la sentencia de la Corte. Además en aquel fallo, la Corte exhortó a que ambas provincias negocien los usos futuros e hicieron hincapié en que exhortar no es obligación, aún cuando Mendoza se ha mantenido abierta al diálogo.

Ayer agregaron más datos sobre este tema. Si por usos futuros de aguas se entiende lo que pueda recuperarse por inversión para mejorar la eficiencia en el riego, Mendoza ha hecho una millonaria apuesta para ello, de más de 150 millones de dólares desde el momento en que la Corte sentenció en favor de la provincia. Quizá la inversión más grande es la del Canal Marginal del Atuel.

Además ayer todo el grupo que se sometió al escrutinio de la prensa, admitieron algo que siempre caldea los ánimos en Alvear: hoy pasa hacia La Pampa una escorrentía natural de entre 8 y 10 metros cúbicos por segundo. Cabe recordar que los regantes alvearenses se han manifestado duramente porque los caudales de riego no alcanzan a cubrir sus necesidades y los períodos de corte del suministro los obliga a regar cada dos semanas o más.

Pero además, en la presentación de Mendoza se incluyen estudios científicos sobre el efecto del calentamiento global, que provoca el retroceso de glaciares y la merma de las nevadas que afectan directamente el caudal histórico del río Atuel, unos 33 metros cúbicos por segundo de media anual. Por estos elementos climáticos los técnicos mendocinos entienden que la situación no sólo no mejorará, sino que tenderá a empeorarse, por lo que el reclamo de La Pampa es casi ingenuo y no parece otra cosa que una posición política, porque la vecina provincia podría haber mejorado las condiciones de riego y desarrollo si hubieran deseado hacerlo, a través de inversiones de obra pública.

Además agregan que tampoco hay violación al derecho humano de acceso al agua potable, porque Mendoza, en acto de buena voluntad, suministra agua a la localidad pampeana de Santa Isabel desde la localidad sanrafaelina de Punta del Agua.

Simón recordaba ayer que «Mendoza tiene menos del 4% de su superficie irrigada, La Pampa cerca del 70%, además el crecimiento económico relativo de Santa Isabel es mayor que el de General Alvear y San Rafael. Sin contar que Santa Isabel cuenta con el doble de precipitaciones que Mendoza».

Fuente: Los Andes –