La Provincia promulgó la Ley 9.718, que incorpora el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, establece beneficios para empresas y dispone una profunda reorganización del Estado, incluyendo el cierre del Fondo para la Transformación y cambios en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley Provincial N.º 9.718, mediante la cual la provincia adhiere al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), impulsado por la Ley Nacional 27.802. La normativa también establece la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJYC) y medidas vinculadas al personal alcanzado por estas reformas.
Con esta adhesión, Mendoza incorpora una herramienta destinada a fomentar inversiones de pequeñas y medianas empresas, promover el crecimiento económico, impulsar las exportaciones y generar nuevos puestos de trabajo.
Beneficios para las empresas
Las firmas que accedan al régimen podrán obtener durante un plazo de diez años una serie de incentivos complementarios a los previstos por la legislación nacional. Entre ellos se destacan la estabilidad impositiva, prioridad para acceder a programas de financiamiento, subsidios de tasas de interés, capacitaciones, asistencia técnica, programas de empleo, espacios en parques industriales y un régimen especial de facilidades para el pago del Impuesto de Sellos.
Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán contar con un certificado de cumplimiento fiscal emitido por la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y cumplir con los requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Cierre del Fondo para la Transformación
La ley también dispone la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, una decisión que el Ejecutivo fundamentó en la reducción de su capacidad patrimonial tras el agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al organismo.
Como parte del proceso, las acciones que el Fondo posee en Mendoza Fiduciaria S.A. serán transferidas al Gobierno provincial, que asumirá el rol de fiduciario en los fideicomisos administrados por el organismo, con excepción de los casos previstos para el fideicomiso del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).
La medida implicará además una reorganización del personal. Los trabajadores podrán ser reubicados en otras dependencias del Estado provincial, adherir a un régimen de retiro voluntario o, en caso de no concretarse ninguna de esas alternativas, pasarán a disponibilidad por un plazo de seis meses antes de la finalización de la relación laboral conforme a la normativa vigente.
Reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos
Otro de los ejes de la norma otorga al Instituto Provincial de Juegos y Casinos un plazo de un año para redefinir su estructura organizativa, funciones y puestos de trabajo con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico y garantizar la sostenibilidad financiera del organismo.
En este marco, los empleados alcanzados por la reestructuración podrán optar por un retiro voluntario con una compensación equivalente al 120% de la indemnización legal, aceptar una reubicación dentro de la administración pública provincial o percibir la indemnización correspondiente en caso de extinguirse el vínculo laboral.
La ley también garantiza que quienes cesen en sus funciones podrán mantener la cobertura de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en las condiciones establecidas por la legislación vigente.
Cierre de procesos de liquidación
La normativa incluye además el cierre definitivo de los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos provinciales (DAABO). Según el Ejecutivo, la medida permitirá depurar una cartera de créditos con más de tres décadas de antigüedad, en su mayoría prescriptos o vinculados a deudores insolventes, con el objetivo de reducir costos administrativos y minimizar eventuales contingencias judiciales para la Provincia.
