San Rafael, Mendoza 23 de noviembre de 2024

Malargüe: cesión irregular de tierras fiscales a privados reaviva el problema de la precariedad de los puesteros. Parte 5

En la parte 2 de esta serie (https://piramideinformativa.com/2022/01/cesion-irregular-de-tierras-fiscales-a-privados-reaviva-el-problema-de-la-precariedad-de-los-puesteros-parte-2/) nos referíamos a las acciones legales iniciadas por la FAdE, que había pedido su incorporación al Consejo de Arraigo del Puestero (Ley 6086) en la Secretaría de Ambiente y que, harta de esperar respuesta, recurrió a la Justicia.

La semana pasada, finalmente, la Justicia dictó sentencia sobre este tema, el cual puede verse en https://ecososa.files.wordpress.com/2022/02/sentencia-fade-por-consejo-arraigo-puesteros.pdf o al final de esta nota en forma de adjunto

Este fallo obliga al Gobierno de Mendoza a poner en funcionamiento el Consejo de Arraigo de Tierras no Irrigadas previsto en la ley 6086, y que no es convocado desde 2014.

Fue este pasado 23 de febrero cuando el Juez Juan Darío Penisse (Tribunal de Gestión Asociado Primero) consideró que debe atenderse el pedido de FADE en el sentido de reunir a los integrantes del Consejo de Arraigo para decidir el pedido de incorporación de esta entidad al mencionado Consejo. Según el conocido ambientalista Eduardo Sosa, “esta estrategia jurídica tiene como intención la de obligar a constituir nuevamente el Consejo para tomar estas y otras decisiones que atañen a la vida de los puesteros y de las tierras en disputa”.

La noticia literalmente se desparramó por todo el país y hasta hubo muchas exageraciones al respecto, como la de decir que de esta manera la FAdE impedía la donación de las tierras cedidas ilegalmente a El Azufre S.A. (https://www.radionacional.com.ar/fade-la-ong-que-le-impide-a-suarez-la-donacion-de-12-mil-hectareas/).

Más allá del título, escrito con buena fe, lo cierto es que la nota radial linkeada en el paréntesis fue escuchada en la Secretaria de Ambiente de la Provincia y algunos funcionarios se pusieron muy nerviosos. Ninguno quiso emitir opinión. . . La cuestión en realidad es que las tierras en cuestión son nacionales, y la Provincia (ni nadie) puede cederlas ni usarlas para otra cosa que no sea la veranada. Para quienes no sepan qué es la veranada, recomendamos ver este documental:  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DlI9xZchGZU&fbclid=IwAR362wOuI6U31ALMDgo0f7nYLfsFX8e9d_kaMFYEJSUgHTmmhyG27Q5NVwQ. Allí puede verse cómo viven estos campesinos sin tierra y sin derechos humanos. Desconocen que hay leyes que los protegen y que si hubiera buenos gobiernos, tendrían el derecho a incorporarse al Consejo de Arraigo, para participar de la toma de decisiones y no ser meros espectadores de su propia historia.

Tenemos en nuestro poder el Acta de la última reunión del Consejo de arraigo, en fecha 26-2-2014 (10 páginas), hace exactamente 8 años. Vemos la lista de quienes integraban ese Consejo y nos da escalofríos, porque hay allí más “sabelotodos y todólogos” que hombres y mujeres de campo.

Ahora, entonces, la Sec. de Ambiente deberá volver a convocar….. a esas mismas personas? Algunos funcionarios que sí sabían del tema y firman esa acta cesaron en sus funciones o fueron trasladados con la llegada del macrismo al gobierno provincial en 2015. . .

Qué consejo se formará para tratar si se incorpora o no a la FAdE al mismo?. La mayoría de las organizaciones mencionadas en el acta de hace 8 años ya no existen, o cambiaron la denominación social, o no tienen personería jurídica.

Queremos suponer que, así como a la FAdE debió presentar hasta el certificado de vacuna antivariólica de sus miembros fundadores (ver https://drive.google.com/file/d/1iU3Fl3Ji26q1vK5-cJGPM9o7hwe2HP24/view en la parte 2 de esta serie), se aplicará el mismo criterio con las otras asociaciones. Es sólo una expresión de deseos, los espeleólogos han perdido la ingenuidad hace ya mucho tiempo.

Exceptuados de esta duda están los puesteros de a de veras, que  viven y trabajan en el campo, y que quizás no están organizados legalmente. Pero hay otros que viven en la ciudad, trabajan en la Municipalidad y no criando cabras y hasta tienen abogados que los (mal) aconsejan.

Esto remite a que la desmantelada DOADU debería estar censando a los puesteros, y no lo hace por razones ideológicas y económicas: “necesitan” esas tierras para sus negocios personales. Por ejemplo El Azufre S.A.

Por eso el empeño de la demandada en deslegitimar a la FAdE. Y por eso la andanada de palos que van a seguir poniendo en la rueda.

El Juez ya dictaminó que los espeleólogos tienen ese derecho, pero todavía el Estado Provincial puede apelar, y seguro que lo hará. Si no puede, el futuro Consejo de Arraigo estará integrado por amigos del poder, incluyendo ”Puesteros Unidos” en quienes alguna vez creímos y resultaron ser meros usurpadores de campos privados

La Secretaría de Ambiente tiene dos días para tomar todas esas decisiones, pero además cuidándose de no cometer “errores ni excesos”, como ya ha ocurrido en el pasado con los llamados “espeleotruchos” (https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/20/espeleo-trolls/), quienes con  inusitada rapidez obtuvieron la inscripción en el Registro de Espeleólogos creado por Ley 5978 y con el tiempo se vio que estaban flojos de papeles (https://piramideinformativa.com/2020/11/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-29-por-carlos-benedetto/) .

No sería de extrañar que la Secretaría de Ambiente vuelva a convocar a reuniones en època de veranada, o en lugares inaccesibles para los interesados, como ya ocurrió en tiempos de cuarentena COVID.

El juez dice que la FAdE tiene derecho a que se le diga si puede o no formar parte del Consejo Provincial de Arraigo. Ahora el Gobierno tiene dos días para apelar y otros 20 días hábiles màs para decidir la cuestión de la nota presentada por la FAdE en mayo de 2019.

Para decidir esta cuestión tiene que sesionar el Consejo. Nuevamente la pregunta, ¿qué Consejo? ¿el real o el ficticio según el acta 127 de 2014 cuya primera de sus diez páginas anexamos a esta comunicación?

Lo que resolvió el juez es inexcusable para el Gobierno y éste debe cumplirlo.

De momento, el Gobierno debe hacerse cargo de los honorarios de los abogados, incluyendo de la FAdE, lo cual ya es un dolor de cabeza habida cuenta de lo apegados que son estos muchachos al vil metal.

Si ese peso recayera sobre la FAdE, sencillamente ésta es insolvente.

Eso, más que debilidad es fortaleza cuando uno es convertido en enemigo-kamikaze que no tiene nada que perder y ahi hay que atenerse a las consecuencias.

 

 

Carlos Benedetto

carlos_benedetto@fade.org.ar

+54 9 2604094916

 

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