Después de muchos años, el Gobierno provincial empezó a ponerle fin a una vieja deuda que mantenía con los empleados públicos. Por eficiencia presupuestaria, se está dando cumplimiento a antiguas instancias judiciales y administrativas que habían iniciado más de 4 mil empleados de la administración central y entes descentralizados, por distintos ítems mal liquidados como vacaciones no gozadas, indemnizaciones por invalidez, gastos de sepelio, subrogancias o haberes mal liquidados.

Con el pago de mañana jueves, en total 4.197 estatales estarán en condiciones de decir que sus viejos reclamos han quedado saldados. El pago total acumulado es de $426.108.936,70 y se realizó con ahorros que se pudieron generar gracias a una eficiencia presupuestaria por parte del Gobierno.

Un mes atrás, el Gobernador Alfredo Cornejo manifestó que el objetivo del pago de estas deudas es “limpiar la relación del Estado provincial con el empleado público”, resaltando que “salvo dos juicios, que han iniciado Ampros y los funcionarios judiciales, sobre el tope salarial que impone la ley de sueldos, ya no quedan conflictos judiciales entre empleados públicos y el Estado”.

La operatoria se hizo a través de la Ley 9012, que fue reglamentada por el decreto 2087, donde se autorizó al Ejecutivo a pagar esta deuda originada en obligaciones con el personal de la Administración Central -carácter 1- y descentralizados -carácter 2- reconocida en sede administrativa o judicial.