El kirchnerismo realizó nuevas modificaciones a su proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para satisfacer los reclamos de los organismos de Derechos Humanos. Ayer, por tercera vez en ocho días, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, acudió al Senado para reunirse con los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), a quienes les anunció las directivas dadas por la presidenta Cristina Fernández ni bien regresó de su viaje a China.

Los cambios son más medulares que los que había hecho el miércoles de la semana pasada el bloque K tras escuchar críticas y recomendaciones de especialistas en el marco de la reunión de las comisiones de Justicia, Asuntos Penales, y de Asuntos Constitucionales. Por ello, en el oficialismo están convencidos de que hoy no tendrán inconvenientes en dar media sanción a la ley que envió la Casa Rosada una semana después de que la muerte del fiscal Alberto Nisman conmocionara a todo el país.

Para garantizar el quórum, el Gobierno obligó al chubutense Marcelo Guinle a interrumpir su licencia médica -fue operado a fin de año- y de este modo no dependerá de que el ex presidente Carlos Menem, comprometido en una causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, deba hacerse presente. La senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, también ayudaría a cumplir este objetivo.

Parrilli llegó ayer al Senado acompañado por el subsecretario Juan Martín Mena y por el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.

Durante una hora, los tres funcionarios estuvieron reunidos a puertas cerradas con las principales espadas del Gobierno en la Cámara alta: Miguel Pichetto, jefe del bloque; Marcelo Fuentes, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, y Pedro Guastavino, presidente de Asuntos Penales.

Por la fuerte presión del Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS), el Gobierno decidió acceder a cambiar el dictamen que hoy llegará al recinto. Aunque recién durante la sesión se conocerá la letra fina de las modificaciones, Parrilli explicó que la Presidenta entendió que es momento de “transparentar los recursos” de toda inteligencia estatal, para lo cual las partidas de fondos reservados (a partir del Presupuesto 2016) serán muy limitadas. “Respecto a los fondos -detalló- hemos previsto el principio de que todas las partidas asignadas a los organismos de inteligencia en principio son públicas y solamente serán reservadas aquellas que necesiten ser reservadas porque tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas. En esto revertimos el criterio vigente hasta hoy”, aclaró. Sin embargo, el Gobierno no aceptó la sugerencia opositora de que estos recursos los controle la Auditoría General de la Nación (AGN).

Otro reclamo del CELS era que se redujera el mínimo de años que los archivos de la ex SIDE deben permanecer bajo secreto. El proyecto que envió el Ejecutivo fijaba que debían pasar 25 años para ser desclasificados, pero también en esto la Casa Rosada accedió y el mínimo será ahora de 15 años.

El tercer punto que se modificará es la redacción del artículo que define qué es la inteligencia criminal. Sucede que en la iniciativa de Cristina, la AFI absorbía la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, algo que para el CELS significaba agravar la dependencia de la Justicia respecto de los servicios de inteligencia. Según Parrilli, “sólo se aplicará la inteligencia criminal cuando sea pedido expreso de un juez en una causa determinada y los funcionarios deberán someterse a los códigos procesales tanto a nivel nacional como provincial”.

Al precisar que los agentes de inteligencia ya no podrán ser auxiliares de la Justicia, añadió que quedará “muy claro que inteligencia militar responde al Ministerio de Defensa; Inteligencia Criminal al Ministerio de Seguridad y la inteligencia del Estado, en manos de la AFI”

Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/el-gobierno-acepto-cambios-para-aprobar-hoy-la-ley-de-inteligencia

Mario Fiore – Corresponsalía Buenos Aires