Las 32 fuerzas de orden nacional incumplen la ley de financiamiento. Informar los aportes recibidos, una de las normas más ignoradas

Las penas varían de acuerdo con la gravedad de la falta y, por lo general, van desde un porcentaje que se descuenta del Fondo Partidario Permanente (FPP), que el Estado le otorga a cada partido, hasta la pérdida total de aportes, ya sea los destinados a su funcionamiento cotidiano o a la campaña proselitista.

Las multas son tan variables que, por ejemplo, en Buenos Aires, la UCR tuvo que pagar entre $ 323 y $ 327.000 pesos por las distintas sanciones impuestas.

A su vez, el Partido Socialista debió pagar entre 1800 y 78.000 pesos, y Pro , entre 13.000 y 634.000 pesos.

Ante esta situación, legisladores de distintos colores políticos avanzarían este año en el Congreso en la modificación de la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, sancionada en 2007, por considerarla demasiado estricta. Algunos, incluso, no descartan la idea de declarar una suerte de amnistía para los partidos políticos en falta, pero ésta es una posibilidad que genera diferencias y rechazos en algunos dirigentes por el impacto negativo que, intuyen, generará en la sociedad.

En un relevamiento elaborado sobre la base de información pública de la justicia electoral -que reúne datos de todo el país-, LA NACION pudo comprobar que buena parte de las sanciones se aplican porque los partidos políticos no presentan a tiempo sus balances o sus informes previos y finales de campaña, en donde los respectivos apoderados deben detallar los aportantes y los fondos que se reciben. De hecho, la enorme mayoría de las agrupaciones todavía no presentó los balances de 2013, pese a que ya se venció el plazo de 90 días que fija la ley para hacerlo.

Pero hay partidos que incurren en estas demoras sistemáticamente. Los ejemplos sobran en todo el país: el Frente Grande -aliado del kirchnerismo- en Santa Fe no presenta balances desde 2008; igual retraso le cabe a Propuesta Federal (Pro) en la misma provincia. En tanto, el partido GEN de Corrientes adeuda sus informes desde 2007. En Santa Cruz, el Partido Justicialista no presentó los balances de 2006, 2011 ni 2012, al igual que el Partido Socialista de esa provincia, y en Tierra del Fuego la UCR está en deuda desde 2011, mientras que Pro lo está desde 2009.

Pero existen situaciones aún peores. Por ejemplo, en Santiago del Estero el PJ no presentó sus balances desde 2010 y todos los anteriores desde 2006 fueron desaprobados. En Santa Fe, en tanto, nada menos que el Partido Socialista tiene su informe final de financiamiento de campaña de 2007 desaprobado; de los posteriores no hay ni noticias.

Las causas de las sanciones judiciales a los partidos políticos se fundamentan en varios artículos de la ley 26.215, pero principalmente en dos: el artículo 23, que exige que los balances anuales partidarios se presenten dentro de los 90 días posteriores a la finalización de cada ejercicio. El mismo plazo les cabe a los responsables económicos financieros para presentar los informes finales de aportes públicos y privados recibidos durante las campañas de sus respectivas agrupaciones, según indica el artículo 58.

Otra de las faltas frecuentes es la violación del artículo 12, que exige a los partidos destinar al menos el 20% de sus aportes anuales al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación.

«La norma es demasiado rígida y, por esa razón, sería razonable reexaminar el sistema de financiamiento y avanzar hacia un esquema más realista», dijo a LA NACION el diputado y apoderado del PJ, Jorge Landau, quien anticipó que este año impulsará las correcciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El año pasado se avanzó en algunas tratativas con otros partidos, pero las elecciones dejaron truncas las conversaciones. «Es cierto que la ley es rígida en determinados casos, como destinar el 20% de los ingresos partidarios a la capacitación. Ya de por sí los aportes públicos no son tan cuantiosos. Lo que no hay que modificar es el tema de la presentación en tiempo y forma de los balances e informes partidarios. Y, por supuesto, nosotros estamos en contra de una amnistía», enfatizó el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica).

En cambio, en el radicalismo hay voces que pregonan una condonación, aunque sea parcial. «Lo que sucede es que no hay un criterio homólogo en todos los juzgados electorales del país y se aplican las sanciones con bastante subjetividad», dijo un dirigente radical bonaerense. En esto coincidió el titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio. «Ante cada sanción que impone la Justicia, la aplicación de la multa es automática. Por eso hay muchos partidos en rojo. Creo que una buena propuesta sería establecer la inembargabilidad de un porcentaje de los fondos de los partidos, pero eso será una decisión del Congreso», dijo.

EL ROJO EN LOS PRINCIPALES DISTRITOS

Los balances deficitarios de los partidos nacionales en cinco provincias