“¡No nos doblegarán, nos hacen más fuertes, nos dan más razones para luchar!”, dijo Machado a efectivos de la Guardia y la policía antimotines que impidieron su paso una cuadra antes de llegar a la Asamblea Nacional, constató una periodista.

La diputada, que llevaba una bandera de Venezuela en el cuello y una rosa blanca en la mano, exhibió su credencial de parlamentaria mientras abandonaba los alrededores del Parlamento a bordo de una motocicleta.

Machado intentó ingresar al hemiciclo junto a 22 diputados opositores, al tiempo que una veintena de simpatizantes chavistas le gritaban “vende patria”, “asesina”, y le lanzaban objetos.

La destitución “es una evidencia de que en Venezuela existe una dictadura, es un golpe brutal a la Constitución”, aseveró Machado, uno de los rostros más conocidos del sector de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que cuenta con un tercio de los 165 diputados en la Asamblea Nacional.

Machado, una ingeniera de 46 años que obtuvo una de las mayores votaciones en las legislativas de 2010, participó poco antes en una concentración de varias centenas de simpatizantes en una plaza del este de Caracas, que fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos luego de que una dirigente estudiantil instara a acompañar a Machado hasta el Parlamento.

“¡Valiente, valiente!” le gritaba la multitud que la arropaba, mientras ondeaba banderas de Venezuela, constató.

Machado acudió a la Asamblea a pesar de que la noche del lunes Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y considerado el número dos del chavismo, advirtió que “ella no va a entrar” porque ya “no es diputada”.

En paralelo, simpatizantes del oficialismo se movilizaron a la sede de la Fiscalía General para denunciar a Machado “por traición a la patria”, tras lo cual marchaban hacia la Asamblea Nacional en “defensa de la Constitución”.

Cabello y la mayoría chavista en el parlamento acusan a la opositora de promover la violencia en la ola de manifestaciones contra la gestión del presidente Nicolás Maduro, que en casi dos meses han dejado un saldo de 39 muertos.

Amnistía Internacional (AI) advirtió el martes contra “una espiral de violencia” en Venezuela y urgió al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a respetar los derechos humanos.

La destitución Machado fue anunciada hace una semana por el propio Cabello y ratificada la noche del lunes por el Tribunal Supremo de Justicia.

“Otra decisión fascista se dictó ayer! En tiempo récord! Lo que no pueden lograr con votos ahora lo arrebatan con tribunales!”, fustigó en Twitter el líder de la oposición y gobernador Henrique Capriles.

Tanto Cabello como el máximo tribunal alegaron que la diputada “perdió su investidura” por haber acudido el 21 de marzo a una reunión de la OEA como “representante alterna” del gobierno de Panamá, un acto que la “autodestituyó”.

Panamá, país con el que Venezuela rompió relaciones diplomáticas el 5 de marzo, invitó a Machado a una sesión de la OEA para hablar de las protestas iniciadas el 4 de febrero en su país, pero el ente finalmente excluyó su intervención.

Machado y el líder del partido Voluntad Popular Leopoldo López, preso en una cárcel militar hace más de un mes acusado de instigar a la violencia, promueven ‘La Salida’, una estrategia para forzar la renuncia de Maduro con las protestas callejeras, que dejan más de 550 heridos.

Sin su inmunidad parlamentaria, Machado también enfrenta la amenaza de ser detenida luego de que la Fiscalía inició una investigación en su contra.

En las últimas semanas, la justicia venezolana ha destituido también a los alcaldes opositores de San Cristóbal (oeste, donde comenzaron las protestas) y San Diego (norte), Daniel Ceballos y Enzo Scarano, condenados a un año y a diez meses de prisión -respectivamente- por haber permitido el bloqueo de calles en sus municipios.

Las protestas han bajado de intensidad en las últimas semanas, pero mantienen focos de violencia principalmente en Caracas y San Cristóbal, a pesar de que el gobierno ordenó un despliegue militar en estas ciudades para acabar con las manifestaciones que causan disturbios.

Estudiantes arrancaron las protestas en San Cristóbal en contra de la inseguridad y se ampliaron a otras ciudades con apoyo de la oposición e incorporando reclamos por la inflación -la más alta de Latinoamérica con 56.3% en 2013- y la escasez de productos básicos en este país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo.

El gobierno venezolano aceptó la semana pasada designar un “testigo” internacional que facilite un diálogo con la oposición, aunque continúa acusándola de esconder detrás de las protestas un “intento de golpe de Estado” en alianza con sectores de la derecha de Estados Unidos y Colombia.

MIGUEL GUTIERREZ / EFE