Un día después de que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hiciera un dramático llamado a luchar contra el narcotráfico por entender que «afecta el estado de derecho», el Gobierno salió a minimizar el problema. 

En su conferencia matinal, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que «no debe ser el tema del narcotráfico o el consumo de estupefacientes como un relleno cuando no hay otra noticia». Y agregó que «cuando no hay variación del tipo de cambio, no hay incidencia del dólar blue, nos ocupamos del narcotráfico. No, ocupémonos de una manera responsable».

Según el funcionario, la Argentina «no es un país productor de drogas» (pese a que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, lo afirmó semanas atrás, y un informe estadounidense lo ratificó en los últimos días) y puso el foco en los planes de «prevención» que se realizan a través de la Sedronar.

«La prevención de adicciones es mucho más compleja que el tema de estupefacientes, involucra también consumo de cigarrillo, alcohol y otro tipo de adicciones, y en ese sentido la responsabilidad no es unilateral del Estado, también es muy importante y trascendente el rol de la familia, el rol de una sociedad», sostuvo Capitanich.

El jueves, en la apertura del año judicial, Lorenzetti pidió alcanzar acuerdos «básicos» en materia de lucha contra el narcotráfico y, al tiempo que pidió a los jueces que cooperen con los otros poderes para una acción «más efectiva», reclamó al Congreso y al Gobierno considerar al narcotráfico como «agenda prioritaria». La Iglesia ya había formulado una fuerte advertencia sobre la cuestión.

Capitanich sostuvo que el Gobierno tiene una «política muy clara» que separa producción y consumo. Opinó que se trata «no solamente de la penalización de los narcotraficantes», sino de «establecer mecanismos de prevención de adicciones». También habló del «caso típico» de Estados Unidos, «el principal consumidor de drogas y también el principal país receptor de activos financieros de carácter ilegal». Y pidió «diferenciar los roles» de los países «desde el punto de vista de la producción o del consumo, también de los mecanismos de tráfico». Ya el canciller Héctor Timerman había rechazado en duros términos el informe estadounidense sobre la droga en el país.

La difusión a través de la prensa permitió poner en la agenda pública la cuestión del narcotráfico o el daño social por las adicciones y que el Gobierno demoró diez meses en nombrar al titular del Sedronar. Sin embargo, Capitanich se quejó por la cobertura del ciudadano colombiano asesinado el lunes pasado de once tiros en los bosques de Palermo.

Capitanich pidió que no haya «estigmatizaciones» por nacionalidad o procedencia, «porque si no se generan grandes conflictos en nuestros países y nosotros lloramos nuestros muertos mientras otros gozan con las riquezas financieras obtenidas por medios ilícitos», sostuvo.

También pidió un debate «profundo, racional» en relación al anteproyecto de Código Penal, que contempla bajas en las penas por narcotráfico. Y criticó a quienes lo cuestionan antes de que el proyecto llegue al Congreso».

En tanto, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, coincidió en defender la política del Gobierno y aseguró -basándose en estadísticas del Sedronar- que «desde 2006 el consumo de droga bajó considerablemente en Argentina» y como país posee «los niveles más bajos» de la región.