Para declarar el “Estado de Emergencia Hídrica Nacional” en la provincia, el diputado nacional por Mendoza, Federico Zamarbide, presentó esta semana un proyecto de ley. La iniciativa está enmarcada en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil y propone tal declaración por 180 días corridos en las cuencas de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y Grande.

Las consecuencias del cambio climático son ya conocidas, cada día más drásticas a nivel global y Argentina no está exceptuada de su impacto. La grave perspectiva que atraviesan varios ríos del territorio son una clara muestra. La bajante del Paraná se suma a la situación que desde hace tiempo presentan las cuencas de la región de Cuyo y la cordillera; en lo que va del 2021 varias provincias han declarado la emergencia hídrica.

Para tener un panorama de lo que está sucediendo, hay que recordar que en Los Andes centrales los ríos son de régimen hidro nival. Vale decir, que están condicionados a la cantidad de precipitación sólida acumulada en la cuenca superior y al proceso de escorrentía. Las poblaciones y las actividades socio económicas de los oasis cuyanos subsisten gracias a las nevadas, cuya variabilidad es muy alta.

Desde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) alertan incluso que, si bien hubo años “secos” anteriormente, nunca existió un período tan largo de crisis hídrica: la región lleva 11 años seguidos con acumulación nívea por debajo de la media.

En Mendoza, la drástica reducción de caudales en las principales cuencas, sumado al retroceso de glaciares, ponen en jaque la producción primaria. La escasez de agua viene acompañada de olas de calor que agravan la situación. La mayoría del territorio mendocino es secano, con períodos de lluvias intensas concentradas seguidos de una extensa sequía, ocasionando un crecimiento repentino de vegetación. Que, al secarse, representa una gran carga de fuego en incendios forestales, complicando así el manejo ganadero en los campos.

“Debido a estos factores, hemos presentado un proyecto de ley en Diputados y con el acompañamiento de mis pares mendocinos de Juntos por el Cambio, para que la disminución de las precipitaciones níveas en las zonas cordilleranas sea considerada causal de emergencia agropecuaria nacional. También, solicitando el aumento del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, convirtiéndolo a Unidades de Valor Actualizable para que el monto no se licúe por inflación”, explicó el legislador.

De todas maneras, por el trabajo que viene realizando Zamarbide en la temática también señaló que los desafíos que plantea el cambio climático demandan políticas integrales que van más allá de la necesaria asistencia inmediata al sector agropecuario.

“Se trata de medidas de fondo que sumadas a los esfuerzos que vienen realizando a nivel local las distintas jurisdicciones, permitirían a los sectores productivos atravesar la transición hacia un nuevo régimen hídrico. Poner un conjunto de herramientas disponibles en esa dirección, en lo que refiere a obras públicas, infraestructura, acceso al crédito, beneficios fiscales, entre otras”, detalló el diputado del sur de Mendoza.

Por último, entre las acciones que podrían desarrollarse está el uso eficiente del agua en los sistemas de riego, facilitar el acceso a tecnologías que se adapten a la realidad hídrica de la región, avanzar con el mantenimiento y conservación de canales, ampliar el uso de energías alternativas adonde no llega la red actual, prevenir y remediar la contaminación urbana e industrial de los cauces, por mencionar sólo algunos ejemplos.