Además de la creación por ley de la Policía Judicial, se generará un registro de huellas digitalizadas y se ampliarán los derechos de las víctimas en el proceso judicial, entre otras cosas.

Oficialismo y oposición acordaron en la Legislatura provincial debatir y sancionar antes de fin de año un nuevo paquete de leyes contra la inseguridad.

Las propuestas van más allá de la Policía Judicial. De hecho, esta iniciativa, calificada de “histórica” por el gobernador Francisco Pérez la semana pasada, no es la primera de la lista.

El proyecto que está más cerca de convertirse en ley es el de creación del registro de huellas genéticas digitalizadas, que tiene sanción de Diputados y será llevado al recinto de sesiones la semana que viene. Esta ley es importante, según el Gobierno, para darle utilidad al laboratorio de análisis de material orgánico e inorgánico que incorporó el Cuerpo Médico Forense.

Otro de los proyectos en camino hacia la sanción es uno que genera nuevos derechos para las víctimas del delito en el proceso judicial. La propuesta es del radical Luis Petri, quien aseguró que para su elaboración se estudiaron los 23 códigos procesales penales de todo el país.

La iniciativa permitiría que las víctimas sean querellantes particulares en los procesos judiciales e incluso que participen en los interrogatorios de testigos, entre otras novedades para darle celeridad a los juicios y facilitar el esclarecimiento de hechos.

También está en la lista la creación de una Defensoría Policial, a lo que se agrega una propuesta del demócrata Aldo Vinci para la actualización anual de los registros fotográficos de los presos procesados y condenados.

Por último aparece también entre las inquietudes un proyecto sobre seguridad vial, del diputado Daniel Cassia, el cual está referido a la necesidad de verificación técnica de los vehículos.

Fuera de la campaña. El PJ y la mayoría de los partidos opositores acordaron el tratamiento y sanción de estos proyectos a fines de la semana pasada, en una reunión de la comisión bicameral de Seguridad que contó con la presencia de varios legisladores opositores y a la que asistió el vicegobernador Carlos Ciurca.

El radicalismo había emitido un documento crítico, en el cual reclama al Gobierno medidas urgentes contra la inseguridad. No obstante, a la vez, desde el partido opositor destacaron este lunes el acuerdo legislativo por las leyes. Así lo indicó el senador Juan Carlos Jaliff, quien prometió a la vez que la UCR “no hará campaña con la seguridad”.

Jaliff consideró productivos los acuerdos logrados la semana pasada en el ámbito de la Bicameral de Seguridad con Ciurca e informó que en los futuros encuentros participarán los presidentes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas cámaras, para acelerar las sanciones.

 Si bien sigue actuando bajo el efecto de la crisis provocada por el asesinato del médico Sebastián Prado, el Gobierno optó por no convocar a los partidos opositores para revivir la política de Estado en seguridad. En su lugar, la idea es dialogar con la oposición una serie de iniciativas puntuales para la lucha contra el delito.

El PJ abrió así la puerta a que se discutan al menos cinco propuestas legislativas opositoras: tres pertenecen al radical Petri, una al PD y otra al peronista disidente Cassia.

Policía Judicial. En la Legislatura reconocen que la creación de la Policía Judicial demorará un poco más que los otros proyectos.

Pérez considera que el cuerpo especial de policías ya está en marcha, gracias a la transferencia por convenio de parte de la Policía Científica (170 efectivos) al ámbito de los jueces, hecho que se produjo el viernes. Sin embargo, resta definir la normativa que permitirá sumar personal nuevo directamente a la Justicia para crear un cuerpo de investigadores de elite que actuará bajo el mando del procurador Rodolfo González.

El radicalismo tiene sus dudas al respecto, ya que considera compleja la “transición” hacia la creación de la Policía Judicial y resalta que el Poder Ejecutivo todavía no da a conocer la estructura y los fondos con los que se manejará esta división.

A esto se suma la competencia legislativa de proyectos: el radical Petri y el justicialista del sur Germán Gómez tienen dos iniciativas preexistentes al proyecto del Gobierno, con lo cual serán tres propuestas y no una las que estarán en discusión.