A más de ochos meses de su sanción, legisladores de distintos bloques de la oposición y representantes de organizaciones sociales exigieron al Poder Ejecutivo que reglamente la nueva Ley de Trata de Personas, que eliminó el consentimiento como causa de eximición de la pena y fijó que el Estado debe brindar asistencia a las víctimas.

En este sentido, advirtieron que ya venció el plazo para reglamentar la ley que el Congreso sancionó el 19 de diciembre del año pasado “de forma urgentísima”.

Fue en el marco de una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara baja, de la que participaron los diputados radicales María Luisa Storani, Elsa Álvarez, Manuel Garrido y Patricia De Ferrari, además de Virginia Linares (GEN), Gustavo Ferrari (Frente Peronista) y la senadora Sonia Escudero.

“No tenemos la ley funcionando porque no está reglamentada”, se quejó Storani, una de las impulsoras de la reforma a la ley sancionada en 2008, quien además destacó “la labor de las ONGs que están trabajando desinteresadamente” en el proceso.

Linares recordó la convocatoria de la presidenta a sesiones extraordinarias para sancionar la ley –cajoneada desde agosto de 2011- tras el fallo que absolvió a todos los acusados del secuestro y desaparición de la tucumana Marita Verón. “Estamos cansados de hacer sesiones para titular”, sentenció.

Ferrari coincidió en que “el Gobierno calmó la conciencia” con la aprobación de la norma. “Esperemos que no suceda otro caso para que salga la reglamentación”, expresó, al tiempo que De Ferrari tildó al Ejecutivo de “cómplice” con el delito de la trata.

En tanto, Escudero repudió la situación del intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien fue encontrado “in fraganti” en un prostíbulo y buscará la reelección en el cargo “avalado por (el gobernador Juan Manuel) Urtubey”.

Representantes de las organizaciones que luchan contra este flagelo pidieron, entre otras cosas, “sanciones administrativas inmediatas para funcionarios públicos, más allá de la causa penal”. Por otra parte, exigieron “penalizar al cliente” si es conciente de que la mujer fue víctima de una red de trata de personas.

Las propuestas forman parte de un documento que la Fundación Directorio Legislativo elaboró junto con la Casa del Encuentro, Esclavitud Cero, RATT (Red de Alto al Tráfico y la Trata) y Razonar, que consta de más de diez puntos que el Ejecutivo debería tener en cuenta a la hora de reglamentar la ley.

Participaron del encuentro, entre otras, Pamela Folla (Directorio Legislativo), Ana María Chávez (Mujeres Migrantes), Gladys Villalba (RATT), Sonia Sánchez (autora del libro “Ninguna mujer nace puta”) y la exdiputada de la CC-ARI Fernanda Gil Lozano.