En julio comenzaron las reuniones de revisión que estaban previstas para septiembre, pero que por la inflación y los reclamos tuvieron que adelantarse. Desde entonces, se sucedieron paros de actividades de los estatales, marchas y cortes de tránsito. La agitación sindical y las medidas de fuerza estarían lejos de aminorarse, tras el rechazo a la oferta final del Ejecutivo y la salida por decreto de los incrementos.

A esto se suma la detención de Macho, el conductor de la Asociación de Trabajadores del Estado, que convulsionó a los sindicalistas. En una nueva movilización durante la mañana del miércoles por el centro reclamaron la liberación del dirigente y el “cese de la criminalización de la protesta”.

La medida judicial se realizó un día después que ATE rechazara la propuesta salarial. El Gobierno ya indicó que el aumento saldrá por decreto.

El dirigente quedó detenido en el penal de San Felipe por «entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra«, tipificado en el artículo 194 del Código Penal, en cinco hechos, según la imputación del fiscal Fernando Giunta.

También estuvo aprehendida su pareja, Adriana Iranzo, imputada por tres hechos, pero quedó en libertad bajo una fianza de $50.000.

Desde el Gobierno aseguraron que esto se trata de “una cuestión que compete al Poder Judicial» derivada de una acumulación de causas contra Macho por cortar calles. A su vez, desde el bloque de senadores de la UCR señalaron a través de un comunicado que el dirigente gremial «no empatiza conel común de la sociedad que no está representada en un gremio y debe cumplir con sus actividades y responsabilidades».

La senadora Mercedes Rus rechazó el argumento de la criminalización de la protesta y remarcó que «los cortes realizados por el secretario general de ATE, repercuten en el derecho de cualquier persona de transitar libremente por cualquier medio de transporte por la vía pública» y agregó que si no se aplicara la ley «se entendería que esto es un acto de presión del Estado como moneda de cambio pra obtener un acuerdo paritario determinado».

A su vez, el peronismo salió en apoyo a ATE. El Partido Justicialista criticó a la gestión de Rodolfo Suarez por «criminalizar la protesta e ir contra el justo reclamo de los trabajadores».

«Rechazamos el accionar violento y antidemocrático de persecución ideológica del Gobierno de Mendoza», sostuvo el peronismo a través de un comunicado. Las detenciones y las encarcelaciones realizadas por la Policía son «inaceptables» y «violan todos los principios democráticos», añadieron.

Este miércoles, legisladores de este espacio, integrantes de la Bicameral de Seguridad y de las comisiones de Derechos y Garantías de ambas Cámaras, concurrieron a San Felipe y declararon que la medida del Poder Judicial se trata de una “persecución gremial y política».

Paro de docentes

Además del conflicto con ATE, está la pugna con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que rechazó la decisión del Gobierno de otorgarles el aumento por decreto tras no llegar a un acuerdo. Es por eso que planean realizar una huelga la próxima semana, que podría ser de 72 horas, a partir del martes.

Este miércoles se desarrollaron reuniones departamentales y el jueves, en un plenario general, decidirán las medidas de fuerza que aplicarán.

La semana pasada, el gremio convocó a un paro de 48 horas que tuvo gran adhesión pese al ítem aula que perciben los docentes. La huelga tuvo un acatamiento que para el sindicato fue del 90%, mientras que en un primer momento el Ejecutivo dijo que fue de poco más del 30%.

«Evidentemente, el Gobierno de Mendoza y Rodolfo Suarez mienten cuando dicen que hacen el máximo esfuerzo en la paritaria y finalmente imponen por decreto una propuesta con el 3% adicional. Una vez más, en la práctica demuestran que nos abandonan”, afirmó Carina Sedano, secretaria general.

Posible acuerdo

En este panorama de fracaso de las conversaciones, con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) podría darse el primer acuerdo. Tras retomar las negociaciones, este gremio decidió bajar la oferta a las bases, luego de que el Gobierno les presentara “una propuesta superadora”.

La respuesta del sindicato llegará la semana próxima, concretamente el martes 9 de agosto, cuando lo analicen en un plebiscito. Mientras tanto, el Ejecutivo se comprometió a enviarles las simulaciones de cómo quedarían los salarios de los trabajadores.

La oferta ronda el 44% de incremento para agosto y llega a un 71% en noviembre, dijo la secretaria general, Claudia Iturbe. «El ofrecimiento es más completo que los anteriores, que contempla adicionales generales y específicos, además del compromiso de reabrir la discusión salarial en la primera quincena de octubre», detalló.

Sobre la asignación de clase se fijó el siguiente cronograma: 12% este mes y 6% en septiembre, octubre y noviembre. También propusieron una modificación sobre el Adicional 1313 Responsabilidad Profesional, que pasará del 80% al 85%. Otro aspecto es la modificación del Ítem 3216, que irá del 27,5% al 50%.

Más negociaciones

Otro de los gremios importantes es la Unión Personal de Juego Casino de Mendoza (UPCJ), que tendrá una nueva reunión paritaria el jueves. El sindicalista Martín Caín explicó que pidieron un aumento salarial de 25% para poder ganarle a la inflación, y que lo ofertado hasta ahora es insuficiente.

En caso de no llegar a un acuerdo, podría aplicarse la suba por decreto. Ante esto, el gremialista afirmó: “Lo repudio, se apresuran a cerrar la mesa en vez de realizar las reuniones que sean necesarias”.

La ronda de negociaciones seguirá este jueves con Tesorería, Fiscalía de Estado, Vialidad y Empleados Judiciales.

El viernes, en tanto, será el turno de Casinos, EPAS, Fondo para la Transformación, Tribunal de Cuentas, Subsecretaría de Trabajo y Ambiente y ordenamiento.

Por:Florencia Martínez del Ríoflorencia.martinezdelrio@elsol.com.ar@fmartinezdr

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/conflicto-gremial-la-situacion-de-los-sindicatos-y-como-van-las-negociaciones