Apocos días del arranque de la segunda mitad del año, el horizonte económico no se extiende más allá de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, planteadas de manera casi infantil por el oficialismo como una lucha del bien contra el mal y que la oposición retribuye invirtiendo los términos. “Nosotros vacunamos”, es una frase de la Casa Rosada que define ese tono de campaña en medio de las internas, como si los opositores también pudieran hacerlo.

Lo único claro es que ninguno de los grandes problemas de fondo (inflación, pobreza, estancamiento productivo, escasez de inversiones privadas, deterioro educativo, desempleo) será abordado hasta entonces, ya que la estrategia oficial consiste en patearlos para adelante y mientras tanto ocuparse únicamente de sus efectos en vez de sus causas. Por eso el día después es una incógnita y no solo por el incierto resultado de la votación.

En el plano interno, durante la primera mitad del año se concentró en anclar el tipo de cambio oficial y las tarifas e intentar que los salarios se ajustaran por la pauta inflacionaria del 29% anual, que ya quedó tan lejos como olvidada tras el fracaso del congelamiento de precios para productos de consumo masivo. La carne vacuna pasó a ser el chivo expiatorio, con el cierre de exportaciones reducido ahora al 50%, una reapertura condicionada a la baja de precios domésticos y la promesa de un plan ganadero para aumentar la producción, aunque con los productores de hacienda como convidados de piedra.

Aun así, la aceleración de la inflación (que hasta mayo acumuló una suba de 21,6% y casi 49% interanual), le sirvió a la Casa Rosada para concretar un silencioso ajuste fiscal al “estilo argentino”. O sea, licuar el gasto en jubilaciones, planes sociales y salarios estatales con aumentos inferiores a la inflación (lo cual implicó caídas de -14 a -20% real). A esto se agrega que, en los 15 meses de pandemia, la Anses redujo en algo más de 50% el número de altas de jubilados con respecto al promedio mensual de los tres años anteriores, como explicó Silvia Stang en LN. Paralelamente, hubo una fuerte suba de la recaudación de impuestos a las exportaciones (por el alza de los precios internacionales, ahora en descenso) y una mayor presión tributaria sobre ganancias y patrimonios, más el “aporte solidario” compulsivo sobre grandes fortunas. Esto posibilitó además que se redujera la emisión del Banco Central destinada al Tesoro, pese al mayor gasto Covid.

Según un informe de la consultora Equilibra, sólo el mes próximo el pago de aguinaldos y reintegros retroactivos de Ganancias para asalariados en blanco totalizaría $300.000 millones (0,7% del PBI) y en los siguientes se sumará otro 0,3% por bonos a jubilados con haberes mínimos (para atenuar la pérdida provocada por la nueva fórmula de movilidad) y refuerzos de asignaciones sociales. El mismo informe prevé una aceleración del gasto en obras públicas, que aportará un adicional de casi 0,5% del PBI. Paralelamente, los topes de 6% en las tarifas residenciales de gas y de 9% en electricidad seguirán abultando la cuenta de subsidios estatales, que suben por encima de la inflación y equivalen al 0,9% del PBI en los primeros cinco meses del año. A esto se agregará el menor gasto de los usuarios de gas por las rebajas (adicionales a la tarifa social) de 30% y 50% en las facturas por la ley que define nuevas “zonas frías” en casi medio país y ya dio pie a otro proyecto similar para bajar las tarifas eléctricas en las “zonas cálidas” durante el verano.

Presión del ala kirchnerista

En el plano externo, el Gobierno también pateó formalmente para después de las elecciones la reestructuración de la deuda con el Club de París (CP) y el Fondo Monetario Internacional, a fin de preservar las reservas del BCRA y permitir que siga interviniendo en el mercado cambiario. Tras evitar el default con el CP, el ministro Martín Guzmán lo presentó como un alivio de US$2000 millones, a cambio del pago a cuenta de US$430 millones en dos cuotas y el compromiso de acordar un programa económico sustentable con el FMI antes de fin de marzo de 2022. Pero hasta entonces el camino no está despejado. Por un lado, el ala kirchnerista presiona para que la próxima asignación de DEG a los países miembros del Fondo (US$4334 millones en el caso de la Argentina) no sea utilizada para pagarle al organismo los vencimientos de este año. Por otro, el programa a 10 años con el FMI “deberá ser compartido por los dos lados de la grieta”, como afirmó Emmanuel Álvarez Agis (exviceministro de Economía en 2013-15 y actual consultor) en el último congreso del IAEF. “No se puede salir del problema de credibilidad sólo con promesas”, completó. Precisamente este problema fue el que llevó a MSCI a sincerar que el mercado de capitales argentino está aislado del mundo financiero debido a la proliferación de cepos y controles cambiarios que lo convierten en un virtual “cuentapropista”. También es uno de los pocos países que, después de reestructurar su deuda con acreedores privados y despejar el riesgo de default hasta 2024, tiene una tasa de riesgo país cercana a 1600 puntos, casi ocho veces más alta que Brasil.

Aunque en los papeles el Gobierno prevé llegar a noviembre sin desbordes en el dólar ni la inflación, no todo está bajo control. Por lo pronto, la brecha cambiaria volvió a ubicarse ayer en torno de 72%. Y el mismo informe de Equilibra estima que la “presión dolarizadora” preelectoral podría ascender a algo más de US$3400 millones en lo que resta del año, calculando un posible desarme de depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado, vencimientos y ventas de tenencias offshore en pesos (en manos de no residentes) y la emisión de pesos del BCRA. Esa cifra equivale al 83% de los US$4083 millones de reservas netas que lleva acumuladas el BCRA, aunque también puede intervenir con la venta de bonos dolarizados en el CCL.

No obstante, la mayor muestra de desconfianza surge del informe del Indec que actualiza a US$250.000 millones (más de la mitad del PBI) el monto de dólares atesorados y declarados por argentinos y que no se animan a invertir. Máxime cuando el Gobierno se siente más cómodo con regímenes de partido único o autocráticos, apoya a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua y aplica selectivamente el rechazo a violaciones de derechos humanos, para conformar al núcleo duro de la militancia K.

Al menos hay quienes tienen una visión alternativa, como el politólogo Andrés Malamud. En una charla virtual organizada esta semana por el Instituto de Energía General Mosconi, sostuvo que la Argentina no va camino a parecerse a Venezuela, ya que no sufre una catástrofe alimentaria ni depende del petróleo estatal, porque vive del campo que es privado y resiste cualquier intento de expropiación. A su juicio, el mayor riesgo sería el de protestas sociales contra dirigentes, como en Italia o Francia; o un escenario de anarquía como el de fin de 2001 con el reclamo de “que se vayan todos”. También coincidió con el economista Eduardo Levy Yeyati sobre la necesidad de un “consenso disruptivo” de la dirigencia en torno de propuestas a futuro, para no llegar a las típicas reacciones al borde del abismo.

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