Tras el retiro de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la furia en San Rafael, el Ejecutivo trata de que el organismo revea la situación. Además iniciaron gestiones con otros organismos de crédito.

 Ante la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de retirar el financiamiento, argumentando que no se respetó la confidencialidad en las ofertas por parte de las empresas, el Ejecutivo sale a aplacar las llamas.

Los funcionarios del Ministerio de Economía se pusieron a trabajar rápidamente en el tema, apuntando las negociaciones con el propio BID para que revea la decisión. Ya hubo gestiones aunque sin respuesta por parte del organismo que iba poner los fondos necesarios para una obra que se extiende entre los departamentos de San Rafael y La Paz. El presupuesto oficial, hasta agosto de 2019, era de $645.810.000.

Sin embargo, no pondrán todas las fichas en el mismo número, y también iniciaron conversaciones con otros organismos multilaterales para evaluar alternativas, aunque sin precisar nombres. Claro que esta es la carta que menos quiere jugar el Gobierno, primero porque significa iniciar el proceso licitatorio nuevamente y eso demanda mucho tiempo, y además porque se necesita el aval de la Legislatura por un nuevo endeudamiento. Conociendo el paño, el Ejecutivo prefiere evitar la Casa de las Leyes y solucionar el asunto con el organismo que originalmente iba a poner el dinero.

La licitación quedó en el ojo de la tormenta cuando uno de los oferentes, la UTE integrada por Laugero- Corporación del Sur, denunció irregularidades en la selección de las constructoras que harían la obra. Esta denuncia fue la que provocó la decisión del BID de retirar el financiamiento.

La obra tiene previsto abastecer de agua a 89 explotaciones agropecuarias e irrigará una superficie de 434.580 hectáreas ubicadas al norte del río Diamante y de la ruta nacional 146. Para la construcción de acueducto serán necesarios 291 kilómetros de cañería, 31 bornas, y 83 puntos de entregas.

Según pudo confirmar Los Andes, no hubo contactos con el Ministerio del Interior para evaluar alternativas, ni tampoco con el fideicomiso Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE). El mendocino Jorge Tanús, presidente de esta entidad, confirmó a este medio que “nadie del Gobierno se comunicó conmigo. Hay predisposición para colaborar con Mendoza, pero deben aclarar qué pasó con esa licitación, hacer una investigación como corresponde”.