Más de 150.000 mendocinos ven peligrar sus trabajos por la crisis que vive la vitivinicultura, la más importante de las actividades agrícolas de la provincia.
Además, 20% de las fincas del territorio mendocino están abandonadas, por la simple razón de que es más caro ponerlas a producir que el eventual rédito económico que se podría obtener.
Estos dos son los datos que destacaron Caros Ianizzotto, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y representante local de Coninagro, y Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, dos referentes de la actividad vitivinícola mendocina.
Ianizzotto afirmó que “el Gobierno nacional olvidó el campo, desplazó la ruralidad”. En ese sentido, apuntó también a la gestión provincial de Paco Pérez por no haber tomado las medidas suficientes para evitar el sobre stock de vino que hoy tienen en jaque a buena parte de los medianos y pequeños productores.

Se trata de nada menos que 300 millones de litros de vino que las bodegas elaboraron (las más grandes a propósito, según el productor, para hacer caer el precio de la uva, lo que sucedió) y que se han convertido en la pesadilla de los viñateros. Más allá de algunas medidas puntuales del Gobierno nacional a instancia de Pérez (como el facilitar la exportación de 30 millones de litros), el excedente sigue pasando factura a los pequeños trabajadores de la tierra en Mendoza. La realidad es que ni la Provincia ni el Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV, previeron que las cosechas récord de hace dos años derivarían en este tipo de problemas, porque en ese momento el mercado internacional se mostraba dinámico y demandante de vino.
Esa coyuntura cambió, y con la ayuda de las grandes bodegas, que estoquearon vino para responder a esa demanda que luego se cayó, generaron la crisis actual. A todo el coctel hay que agregarle el aumento de los costos internos.

A su vez, Ianizzotto, exigió al Gobierno provincial que “sancione a los ‘trasladistas’ que no enviaron 150 millones de litros de vino para hacer mosto como lo indica el acuerdo entre Mendoza y San Juan”. El convenio al que se refiere Ianizzotto, fue suscripto hace dos meses entre ambas provincias, y estipulaba que ese vino debería ser enviado para ser destilado. Pero eso nunca sucedió, y los bodegueros deberían pagar multas que equivalen a un peso por cada kilo de uva que recibieron para elaborar. “Hoy le deben al Estado varias decenas de millones de pesos”, indicó Ianizzotto.