Las asambleas Populares por el Agua retomaron su campaña para que la Suprema Corte de Mendoza convoque a una audiencia pública para discutir la constitucionalidad de la Ley 7722, que prohíbe la minería a gran escala con el uso de sustancias contaminantes, como el cianuro o el mercurio.
Los asambleístas iniciaron una campaña de junta de firmas para pedir al tribunal supremo que habilite la audiencia “para escuchar e interrogar a la ciudadanía, sobre la Constitucionalidad de la Ley ambiental 7722/07, en virtud de que, según citan, el artículo 43 de la Constitución de la Nación Argentina expresa: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo (…) contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente…”
En este caso, afirman, la audiencia pública, deviene el único modo de aplicar al supuesto del artículo 43, a fin de que pueda darse lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación denominó: “la efectiva participación útil de los interesados.”
Además, hacen mención a la Acordada 30 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y su equivalente, la Acordada 25.325 de la Provincia de Mendoza, reglamentada por Acordada 25.526, que expresa “será utilizada la Audiencia Pública, en temáticas que trasciendan lo institucional y el interés individual de las partes intervinientes en el proceso para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión.”