El diputado nacional Enrique Vaquié (UCR – Mendoza) opinó sobre la obligación de la provincia de Mendoza de pagar por las acciones que le corresponden de la empresa YPF y aclaró que “durante dos años se ocultó que las provincias debían pagar las acciones, jamás quedó claro”.

El ex ministro de Hacienda de Mendoza afirmó que sobre ese punto el texto de la Ley 26.741, de soberanía hidrocarburífera, “utiliza un vocabulario muy ambiguo y cada vez que le consultamos a las autoridades sobre la cuestión, tanto en privado como en público, se negaron a contestar al respecto”.

“Las provincias se verán obligadas a pagar por acciones por las que no tienen derecho a voto ni lo tendrán por cincuenta años dado que están sindicadas. En Mendoza, a pesar de los anuncios de Galuccio sobre el aumento de la producción, la producción cayó más de 5 %, si pudiéramos decidir sobre nuestra participación en la empresa definitivamente estaríamos insistiendo para tener más inversiones en nuestra provincia”, explicó Vaquié.

Mendoza debería pagar alrededor de U$S 500 millones, el economista explicó que la manera de hacerlo es emitiendo deuda, entregando concesiones nuevas o prorrogando concesiones viejas. “Las finanzas provinciales no están en condiciones de tomar más deuda y nuestro gobernador prorrogó las concesiones provinciales cuando era ministro de Infraestructura, junto con el entonces gobernador Celso Jaque, en 2011. Lo hizo siete años antes de su vencimiento y hasta 2027, sin ninguna necesidad y contra el consejo de todos. ¿Qué le queda a Mendoza para pagar su deuda, prorrogar las concesiones más allá de 2027? Sería una locura”, afirmó.

Para Vaquié “lo único bueno de esta situación para los mendocinos es que existe la posibilidad de que Francisco Pérez envíe finalmente el Acta Acuerdo para la implementación de la Ley 26.741 que firmó con el Poder Ejecutivo Nacional a la Legislatura de la provincia”.

Dicho acuerdo determina el porcentaje que le corresponde a cada provincia de las acciones expropiadas a Repsol S.A. Según Vaquié, Mendoza resultó perjudicada ya que recibió el 20, 6% de las acciones cuando por su producción y sus reservas comprobadas, debería recibir entre el 25,01% y el 25,50%. El decreto ratificatorio y su correspondiente aprobación por la Legislatura local nunca se dictaron.