Zona Fría: Mendoza pierde subsidios al gas y miles de hogares deberán cumplir nuevos requisitos para acceder al descuento

La entrada en vigencia de la Ley 27.828 marca un retroceso en el alcance de un beneficio que desde 2021 protegía a millones de usuarios frente al costo del gas. En Mendoza, Malargüe conservará la bonificación general, mientras que en los otros 17 departamentos la asistencia quedará sujeta a condiciones socioeconómicas.

SOCIEDAD

10/13/20266 min read

El cambio genera preocupación por su impacto en las economías familiares y por el mayor esfuerzo que deberán afrontar quienes necesitan calefaccionar sus hogares durante el invierno.

El régimen de Zona Fría cambió de manera sustancial con la entrada en vigencia de la Ley 27.828, publicada este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial. La nueva normativa modifica el sistema de subsidios al gas y deja atrás el criterio territorial amplio que había permitido extender los descuentos a millones de usuarios de distintas provincias.

La reforma, impulsada por el Gobierno nacional, establece que el acceso al beneficio dependerá, en buena parte del territorio argentino, de la situación económica y social de cada hogar. De esta manera, vivir en una zona con bajas temperaturas ya no será suficiente para recibir automáticamente la bonificación.

En Mendoza, las consecuencias son significativas: Malargüe será el único departamento que conservará el beneficio general por su condición geográfica, mientras que los residentes de los otros 17 departamentos deberán acreditar que reúnen los requisitos establecidos para acceder a una ayuda focalizada.

La medida abre un interrogante sobre la capacidad de las familias mendocinas para afrontar las facturas de gas, especialmente en una provincia donde las condiciones climáticas y las bajas temperaturas convierten el consumo energético en una necesidad básica y no en un gasto prescindible.

Del reconocimiento climático a la evaluación de los ingresos

Hasta ahora, el régimen de Zona Fría contemplaba una bonificación vinculada con las características geográficas y climáticas de las regiones alcanzadas. La ampliación aprobada en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, incorporó a más de tres millones de hogares de diez provincias, con descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.

Con la nueva legislación, ese criterio se restringe. Los beneficios generales continuarán para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe y la región de la Puna. Para el resto de las áreas incorporadas en la ampliación de 2021, la bonificación dejará de aplicarse automáticamente.

Según las estimaciones difundidas durante el debate de la reforma, alrededor de 3,35 millones de usuarios podrían perder el acceso automático al descuento.

El cambio supone que las condiciones climáticas dejan de ser, por sí solas, un argumento suficiente para justificar la reducción tarifaria. En adelante, numerosos hogares deberán demostrar que atraviesan una situación económica que justifique la asistencia estatal.

Este enfoque plantea una contradicción: el frío no afecta únicamente a quienes tienen bajos ingresos, pero la posibilidad de pagar una factura de gas más accesible dependerá ahora de cumplir determinados parámetros sociales y económicos.

Qué deben hacer los hogares para mantener la bonificación

La ley contempla una bonificación adicional por Zona Fría dentro del Régimen de Subsidios Focalizados. Sin embargo, el acceso no será automático para todos los usuarios afectados por la modificación.

Para solicitarla, los hogares deberán reunir las condiciones previstas en la norma:

  • Estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados.

  • Residir en alguna de las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI, establecidas por el organismo regulador.

  • No pertenecer a las regiones que mantienen el beneficio general.

  • Cumplir al menos uno de los criterios socioeconómicos o de vulnerabilidad contemplados en la ley.

Entre las situaciones que permiten acceder a la bonificación se encuentran las siguientes:

Ingresos familiares: el ingreso neto conjunto del hogar no debe superar el equivalente a tres canastas básicas totales correspondientes a un hogar de dos integrantes, según los parámetros del INDEC. De acuerdo con las estimaciones difundidas, ese límite rondaría los $4,8 millones, aunque el monto varía con las actualizaciones estadísticas.

Certificado de Vivienda Familiar: el hogar debe contar con al menos un integrante que posea este documento, vinculado con el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Veteranos de la Guerra de Malvinas: se contempla la presencia de una persona que perciba la pensión vitalicia correspondiente a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

Certificado Único de Discapacidad: también se considera la existencia de un integrante con CUD. En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar cómo esa condición genera una necesidad de asistencia económica para afrontar los servicios energéticos.

Aunque la normativa mantiene alternativas de ayuda, la modificación incorpora una instancia de evaluación que antes no era necesaria para los usuarios alcanzados por el beneficio general.

Mendoza, entre las provincias afectadas por el recorte

El impacto de la reforma en Mendoza será especialmente relevante para los hogares que dejarán de recibir el descuento por su sola ubicación geográfica.

Con Malargüe exceptuado de la modificación, los habitantes de los restantes departamentos deberán verificar si cumplen las condiciones para ingresar al esquema focalizado. Esto implica que numerosas familias podrían encontrarse ante facturas más elevadas si no reúnen los requisitos o no logran acceder a la bonificación adicional.

La discusión excede el monto de una tarifa. En una provincia con inviernos rigurosos en distintas zonas, el gas cumple una función esencial para mantener condiciones adecuadas de habitabilidad. Por eso, la reducción de los subsidios plantea una preocupación concreta para los sectores medios y de menores ingresos.

Durante el tratamiento parlamentario, los dos senadores nacionales por Mendoza que participaron del debate rechazaron el proyecto. Las objeciones estuvieron vinculadas con las consecuencias que el nuevo esquema podría tener sobre los usuarios de las provincias afectadas.

El interrogante central es si los criterios de focalización podrán contemplar adecuadamente las distintas realidades climáticas y económicas de Mendoza o si, por el contrario, terminarán dejando a familias con necesidades reales de calefacción frente a mayores costos.

Cómo se financiará el sistema de subsidios

La ley mantiene el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se financia mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte.

Ese recargo alcanza, en términos generales, al gas consumido o comercializado para consumo interno a través de redes y ductos, con excepciones para el destinado a exportación y para el proveniente de gas natural licuado importado y regasificado.

El Poder Ejecutivo nacional podrá aumentar o disminuir el porcentaje del recargo hasta en un 50%. Los productores de gas actuarán como agentes de percepción y deberán ingresar los fondos conforme a las disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El dinero recaudado continuará destinado a financiar las compensaciones a las empresas proveedoras, las bonificaciones contempladas en el régimen y la asistencia para la comercialización de garrafas y otros combustibles en las regiones beneficiarias.

La vigencia del sistema quedó establecida hasta el 31 de diciembre de 2031.

Sin embargo, la continuidad del fondo no significa que todos los usuarios mantengan la misma protección tarifaria. El punto central de la reforma es precisamente la reducción del universo que accede automáticamente a los descuentos.

El riesgo de que también aumenten otras facturas

Otro aspecto señalado tras conocerse los cambios es la posibilidad de que la modificación del mecanismo de cálculo de las bonificaciones repercuta en los montos finales de las facturas, incluso para usuarios que conserven el régimen histórico.

Por eso, las consecuencias de la nueva legislación no se limitan a quienes perderán el beneficio general. La aplicación concreta del esquema y la forma en que se determinen los importes a pagar serán factores decisivos para medir su impacto.

A esto se suman otras disposiciones incorporadas en la ley, que abarcan modificaciones en el mercado eléctrico, las tarifas de distribución, los contratos de abastecimiento de energías renovables y las condiciones de traslado de los costos de adquisición del gas a las tarifas.

La norma también deroga disposiciones vinculadas con determinados regímenes de promoción de inversiones hidrocarburíferas, aunque preserva los beneficios de proyectos previamente aprobados hasta que se produzca alguna de las causales legales de cese.

El argumento del ahorro fiscal y el costo para los usuarios

El Gobierno nacional defendió la reforma con el argumento de que la ampliación de Zona Fría realizada en 2021 extendió los descuentos a regiones que, según su evaluación, no presentaban condiciones climáticas equivalentes a las áreas históricamente beneficiadas. También sostuvo que la modificación permitirá reducir el gasto público en aproximadamente 400 millones de dólares anuales.

Pero el objetivo de disminuir el costo fiscal abre otro debate: quiénes terminarán soportando el peso de ese ajuste.

La reducción de subsidios puede representar un alivio para las cuentas públicas, pero también trasladar una parte mayor del costo energético a los hogares. Para las familias que dependen del gas para calefaccionarse, cocinar y cubrir otras necesidades cotidianas, el aumento del gasto en servicios puede obligar a recortar otros consumos esenciales.

En Mendoza, la eliminación del beneficio general para 17 departamentos deja expuesta una discusión de fondo: si el acceso a una tarifa diferencial debe depender exclusivamente de los ingresos familiares o si las condiciones climáticas también deben seguir siendo reconocidas como un factor determinante.

Con la nueva ley ya vigente, los usuarios deberán revisar su situación frente al régimen de subsidios. Mientras tanto, la preocupación se concentra en las consecuencias que la medida puede tener sobre el presupuesto familiar y en la posibilidad de que el costo de calefaccionar una vivienda se convierta en una carga todavía más difícil de afrontar durante los meses fríos.