Tensión frente al Congreso durante la Marcha Federal Universitaria: hubo gases, heridos y detenidos

La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo momentos de fuerte tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras algunos manifestantes arrojaron piedras contra los efectivos. La protesta se realizó para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una disputa que continúa abierta en los ámbitos judicial y presupuestario.

La defensa de la universidad pública volvió a movilizar a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones gremiales en distintos puntos del país. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por incidentes en la Ciudad de Buenos Aires, donde los enfrentamientos se produjeron poco antes del acto central encabezado por representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los episodios más tensos se registraron en la zona de avenida Rivadavia y Callao, en las inmediaciones de la Plaza del Congreso. Allí, efectivos policiales recurrieron a gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras algunos participantes respondieron con piedras.

Hacia el final de la tarde se reportaron manifestantes y uniformados heridos, además de detenciones. La intervención de las fuerzas de seguridad se convirtió en uno de los principales focos de atención de una movilización cuyo reclamo central estuvo relacionado con los recursos destinados a las universidades nacionales.

Una protesta por los salarios y el financiamiento universitario

La quinta edición de la Marcha Federal Universitaria tuvo como principal objetivo reclamar que el Gobierno nacional garantice la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma contempla medidas relacionadas con la actualización de los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones de educación superior.

Desde el ámbito universitario sostienen que el deterioro de los ingresos del personal y las dificultades presupuestarias comprometen las condiciones en las que se desarrollan las actividades académicas y científicas.

Por ese motivo, la convocatoria no se limitó a una demanda salarial, sino que también incluyó la defensa de los recursos destinados a garantizar el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio y la continuidad de sus programas educativos.

La movilización se desarrolló en distintas ciudades argentinas, con la participación de sectores de la comunidad académica y organizaciones que acompañan el reclamo.

Enfrentamientos y un operativo de seguridad en el centro porteño

La situación se tornó conflictiva en las calles cercanas al Congreso, donde se desplegó un operativo de seguridad para intervenir ante los incidentes.

Durante los enfrentamientos se utilizaron gases lacrimógenos y vehículos hidrantes para dispersar a parte de los manifestantes. Al mismo tiempo, algunos participantes arrojaron piedras contra los efectivos policiales.

Los incidentes ocurrieron mientras se preparaba el acto central de la movilización, en un contexto de creciente tensión por el conflicto entre las universidades y el Poder Ejecutivo.

Hasta el cierre de la información disponible, no se había precisado un balance completo de las personas afectadas ni las circunstancias particulares de todas las detenciones.

Los hechos volvieron a poner en discusión el desarrollo de los operativos de seguridad durante las manifestaciones públicas y las condiciones en las que se garantiza el derecho a la protesta.

Mendoza también se sumó a la movilización

La protesta tuvo expresiones en diferentes provincias, entre ellas Mendoza, donde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) convocó a participar de la jornada.

La actividad provincial contempló una concentración en el campus universitario y una movilización con destino a la Plaza Independencia, en la ciudad de Mendoza.

La convocatoria se enmarcó en el reclamo nacional por mayores recursos para la educación superior y por la recomposición de los ingresos de quienes trabajan en las universidades públicas.

El conflicto presupuestario también se proyecta sobre la discusión del Presupuesto nacional para 2027, un debate que será determinante para establecer los fondos disponibles para el sistema universitario y científico.

La disputa por la ley llegó a los tribunales

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las universidades no se limita al terreno presupuestario. La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario también es objeto de una controversia judicial.

El 6 de octubre de 2026, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la ley a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas presupuestarias correspondientes.

La sentencia de primera instancia ordenó la aplicación inmediata de la norma. Posteriormente, el Estado nacional apeló la decisión y el expediente pasó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en la información judicial, la apelación concedida el 9 de octubre suspendió los efectos de aquella sentencia, pero no dejó sin efecto la medida cautelar que establecía determinadas obligaciones relacionadas con la recomposición salarial y las becas universitarias.

De esta manera, la controversia continúa abierta y mantiene en tensión las posiciones del Ejecutivo y de las instituciones educativas.

Mientras el Gobierno argumenta que la implementación de la ley debe contemplar la disponibilidad de recursos para afrontar el gasto, las universidades reclaman que se cumpla la legislación aprobada por el Congreso y se atiendan las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo y de las restricciones presupuestarias.

Un reclamo que sigue sin una solución definitiva

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a exhibir las diferencias entre el Gobierno nacional y la comunidad académica respecto del financiamiento de la educación superior.

Los reclamos por salarios, becas y gastos de funcionamiento se combinaron con una disputa institucional que todavía debe atravesar nuevas instancias judiciales y presupuestarias.

Los incidentes frente al Congreso agregaron tensión a una jornada que buscaba instalar nuevamente la situación de las universidades públicas en el centro de la agenda nacional.

Con el debate presupuestario de 2027 en el horizonte y la controversia judicial todavía en curso, las instituciones universitarias mantienen la exigencia de contar con recursos suficientes y previsibles para sostener sus actividades.

El desenlace dependerá, en buena medida, de las decisiones que adopten el Gobierno y la Justicia, así como de las partidas que finalmente se asignen al sistema educativo superior. Mientras tanto, la comunidad universitaria continúa reclamando respuestas concretas para garantizar el funcionamiento de las instituciones y las condiciones laborales de sus trabajadores.

Aclaración editorial: antes de publicar, conviene verificar la cantidad de detenidos y heridos, así como el estado procesal más reciente de la causa judicial, ya que son datos que pueden actualizarse durante la jornada.