El oficialismo en Diputados le dio media sanción este miércoles por la noche a la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que busca ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros que mantienen fuera del sistema sin penalidades, luego de conseguir la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa será girada al Senado para continuar su trámite legislativo. En la votación en particular, todos los títulos del proyecto obtuvieron el mismo resultado.

La medida fue acompañada por Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), los misioneros y catamarqueños de Argentina Federal, así como otros bloques provinciales aliados a la Casa Rosada, como los sanjuaninos, los tucumanos y los catamarqueños.

El bloque Provincias Unidas, en tanto, se dividió: los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora rechazaron el proyecto junto con el socialista Esteban Paulón y los radicales críticos Mariela Coletta, Martín Lousteau y Pablo Juliano. Los santafecinos referenciados con Maximiliano Pullaro, en cambio, votaron a favor: Gisela Scaglia y José Núñez, así como los jujeños alineados con Carlos Sadir, Jorge Rizzotti e Inés Zigarán, y Jorge Ávila, cercano al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

En contra votó el peronismo, la Izquierda, Nicolás Massot (Encuentro Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Marcela Pagano (Coherencia), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

La sesión continuó con el debate del acuerdo Mercosur-Singapur. Tras ello, se seguirá con el resto del temario: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la harina y la fécula de mandioca y distintos proyectos para declarar capitales simbólicas en Corrientes, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Chivilcoy y San Juan.

Se aboordará además la creación de segundas salas en las Cámaras Nacionales de Apelaciones de Tucumán y Mar del Plata, ambas iniciativas con media sanción del Senado.

El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025. Entre otros cambios, elimina los topes para ingresar al sistema: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, sostuvo que la reforma apunta a “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos” y dejar de tratarlo como sospechoso por haber recurrido al ahorro informal para protegerse durante períodos de alta inflación.

También aseguró que permitirá a ARCA concentrar sus controles en quienes presenten inconsistencias relevantes: “Aquellos que tienen discrepancias de determinados montos que generen sospechas de que esa persona está generando un ingreso que no corresponde”.

La oposición, en cambio, denunció un nuevo blanqueo y cuestionó que se reduzca la capacidad del Estado para fiscalizar fondos cuyo origen no pueda ser justificado.

“Es mucho más que una simplificación tributaria”, sostuvo Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria (UP), quien advirtió sobre “un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias” y una presión sobre la Unidad de Información Financiera (UIF) para flexibilizar la normativa contra el lavado de activos.

“Los que tienen más patrimonio e ingresos tienen más posibilidades técnicas de ocultar o diferir ingresos”, agregó.

A pedido de los bloques aliados, el oficialismo incorporó una restricción para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no accederán a sus beneficios.

La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.

En esos casos, no regirá la presunción de que lo declarado es correcto ni la protección de la llamada “discrepancia significativa”. ARCA podrá fiscalizarlos ante cualquier diferencia detectada y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.

“No nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad”, afirmó Rodríguez Machado. Aclaró además que, ante una denuncia por un posible delito, “se lo va a investigar” y caerá la presunción prevista por el régimen.

La diputada recordó que los funcionarios deberán seguir presentando sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y que se mantiene el régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP). “Tienen que informar cuando tienen una transacción comercial, cuando abren una cuenta, cuando exteriorizan su moneda. Eso no se elimina”, señaló.

El cambio buscó blindar el proyecto frente a las críticas por casos de funcionarios que se habían acogido al régimen, entre ellos el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el diputado José Luis Espert. “Algunos pretendieron ponerle a esta ley un nombre propio destinado a algunos funcionarios”, reconoció Rodríguez Machado.

Pero la diputada Gisela Scaglia (Provincias Unidas) puso el foco en un punto sensible: subrayó que los familiares de funcionarios públicos sí podrán acceder al régimen simplificado de Ganancias y a sus beneficios. “Nos falta ahora incorporar también a los familiares, que deben seguir sujetos a las obligaciones que corresponden a las personas políticamente expuestas”, reclamó. El planteo remite directamente al caso de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, quien adhirió al régimen vigente en medio de la investigación judicial sobre el patrimonio del matrimonio.

El oficialismo modificó el proyecto para excluir de los beneficios a funcionarios y exfuncionarios de los últimos cinco años, pero no extendió esa restricción a sus cónyuges y familiares.

El dictamen también reduce en un 25% las multas por determinadas infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. A eso se suma una quita del 50% para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que se regularice el incumplimiento.

Además, limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” y aclara que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.

Rauschenberger cuestionó esos cambios y advirtió que implican una “reducción deliberada de la capacidad fiscalizadora de ARCA para controlar fondos no justificados”. “Defender esa capacidad significa defender un sistema impositivo equitativo y que tenga herramientas para hacerlo”, afirmó.

Juan Grabois, también de UP, fue más allá. Buscó marcar un contraste entre el trato del Gobierno a las familias endeudadas y a los evasores. Cuestionó que se responsabilice a quienes toman créditos a tasas exorbitantes y puso como ejemplo a una mujer a la que Mercado Pago “le ofrece 100 mil pesos a una tasa de interés anual del 720%”. “Esa doña que tiene que pagar una cuenta es culpable. Pero el evasor es inocente. Pobre inocente”, ironizó. Y contrapuso ese beneficio con la carga que soportan los sectores de menores ingresos: “El laburante paga el impuesto a la pobreza, que se llama impuesto al valor agregado”.

El oficialismo buscará esta semana darle media sanción en Diputados a dos de los principales proyectos económicos de Javier Milei. La sesión fue convocada para el miércoles a las 12 y tendrá como ejes la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a las elecciones de 2027.

En el oficialismo vaticinan una sesión “muy larga”. Los libertarios buscan dar vuelta la página tras una serie de contratiempos en el Congreso. El último fue la derrota en el Senado, donde su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada sufrió un desguace significativo. Pero el oficialismo ya venía sintiendo el rigor opositor: nunca logró hacer avanzar su reforma electoral y otras iniciativas de peso quedaron frenadas por el rechazo de los gobernadores aliados. Entre ellas, la propuesta para recortar los subsidios al gas en las zonas frías.

El Gobierno tomó nota. Además de los dos proyectos económicos, el temario incluye acuerdos internacionales, iniciativas judiciales y una serie de concesiones a los bloques aliados con las que la Casa Rosada busca garantizarse los votos.

Por eso la convocatoria de la sesión fue firmada por un amplio abanico de aliados. Desde la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), hasta referentes de Pro, la UCR, y provinciales como los tucumanos, misioneros, sanjuaninos, santacruceños y neuquinos.

Los cambios en la entidad monetaria buscan concentrar su función en preservar el valor de la moneda, prohibir la emisión sin respaldo y el financiamiento al Tesoro y endurecer las condiciones para remover a sus autoridades.

La ley de Inocencia Fiscal II, en tanto, modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025 y busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherir y formalizar ahorros que permanecen fuera del sistema. Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes de patrimonio e ingresos para acceder al beneficio: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos.

A pedido de los bloques aliados, y con el antecedente de Manuel Adorni todavía fresco, el oficialismo incorporó además un límite para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no accederán a las protecciones especiales del régimen. Es decir, no gozarán de la presunción de que lo declarado es correcto y ARCA podrá fiscalizarlos y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.

La sesión incluirá además el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). Ambos cuentan con media sanción del Senado. El primero quedaría convertido en ley, mientras que el segundo volvería a la Cámara alta para su ratificación final por una modificación introducida en Diputados.

A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja incorporó una reserva al capítulo II del PCT. Ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), principal opositora al proyecto, advirtió que esos criterios podrían influir en las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país.

El temario tendrá también una serie de concesiones destinadas a los bloques aliados. A pedido de los misioneros, se discutirá la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la harina y la fécula de mandioca. Se sumarán distintos proyectos para declarar capitales simbólicas en Corrientes, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Chivilcoy y San Juan.

También podrían convertirse en ley la creación de segundas salas en las Cámaras Nacionales de Apelaciones de Tucumán y Mar del Plata. Ambas iniciativas cuentan con media sanción del Senado y funcionan, además, como un guiño al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y al senador radical marplatense Maximiliano Abad.

El oficialismo busca recomponer así la sintonía con los bloques afines y asegurarse los votos para una agenda legislativa que excede la sesión del miércoles. En el horizonte aparece, sobre todo, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las prioridades de la Casa Rosada de cara a 2027.

También quedan en carpeta otros proyectos que el Gobierno pretende convertir en ley durante los próximos meses: el Súper RIGI, la reforma de la Ley General de Sociedades, los pliegos judiciales pendientes de acuerdo en el Senado y el Presupuesto 2027, que el Presidente deberá enviar al Congreso el próximo 15 de septiembre.

Para el Gobierno, no hay crisis económica. Para la oposición dura, hay crisis. La cuestión central es cómo la gente vive e interpreta su coyuntura económica y material. Sobre todo, cuál será su balance cuando las elecciones de 2027 estén a la vuelta de la esquina.

El reloj de la economía entró en tiempo de descuento. ¿Crisis o no crisis? Esa es la cuestión. Ésa es la principal batalla cultural que se libra en esta larga coyuntura que desembocará en la elección presidencial del año que viene: oficialismo y la oposición kirchneristas se enfrentan en la disputa por el sentido del presente económico. Para el oficialismo no es una contienda sencilla: por más que haya logros macroeconómicos reconocibles, el voto popular puede alinearse detrás de lo que falta, y no tanto detrás de las metas alcanzadas.

Ayer, ese riesgo aterrizó en las palabras que pronunció Javier Milei en el homenaje a San Martín. “Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor”, planteó Milei. Un reconocimiento elíptico al desafío de convencer a la ciudadanía del beneficio de una Argentina de libre mercado cuando todavía los resultados positivos no se sienten con contundencia en el bolsillo.

El número dos de Economía, José Luis Daza, viene acusando recibo de esos dilemas. Ayer, en X, reaccionó fuerte contra una interpretación que planteó problemas en la gobernabilidad mileísta hacia el 2027 electoral. Fue en respuesta a una columna de Eduardo Van der Kooy en Clarín. Lo que más molestó al equipo económico fue el cuestionamiento a una serie de pronósticos económicos de Luis Caputo, que también reaccionó con críticas. Caputo optó por la ironía mientras que Daza recalcó un aspecto que considera único del plan de estabilización mileísta: “Nadie en el planeta anticipó que un recorte del gasto público de 30 por ciento real en un mes no generaría una gran depresión”, sostuvo. “Este es uno de los hechos más importantes de la economía mundial en 50 años”, afirmó.

La política no kirchnerista, economistas no mileístas y buena parte de la ciudadanía reconocen ese logro: el fin del gasto público irracional y el control de la inflación. Sin embargo, hay críticas sobre los efectos “heterogéneos” del plan tanto en aliados macristas como en el votante que le dio el triunfo a Milei en 2023.

Daza mismo también aportó en la misma línea de la autocrítica a la demora del impacto positivo en los hogares en una entrevista radial hace veinte días. “Ese proceso (de mejora) ya está en marcha, ya están los brotes verdes y somos conscientes de que tenemos que mejorar las condiciones de la gente. Para eso es todo el esfuerzo”, sostuvo.

En ese punto, en el mileísmo hay una toma de conciencia sobre la percepción social que puede jugar a favor del kirchnerismo y en contra del cambio de régimen económico que se proponen los libertarios. Los tiempos electorales obligan al realismo.

El kirchnerismo, por supuesto, extrema esa conclusión y se convence de su sentido: hay crisis. La narrativa de la oposición dura ya empezó a hacer un uso político estratégico de esa posibilidad: los morosos están instalados como sujeto político clave de estas elecciones. El kirchnerismo sintetiza en ese colectivo, según su lenguaje político, algunos de todos los males que la atribuyen al modelo mileísta de “crueldad” económica.

En el discurso sanmartiniano de Milei hubo más rastros en ese sentido: expuso el peligro de un proceso de liberalización de la economía que acarree costos coyunturales aprovechables por la oposición anti liberal, es decir, el kirchnerismo, aunque nunca lo mencionó directamente en su discurso: Milei se cuidó de mostrar una apropiación brutal de la gesta sanmartiniana con menciones obvias a su enemigo de carne y hueso político. Optó por un lenguaje alusivo aunque de sentido claro: sobre las huellas de San Martín en el camino de la libertad, los pasos de Milei.

Milei se refirió a los enemigos internos, una referencia indirecta al kirchnerismo: “Internamente, la libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar la llama de la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden”. En los ojos de Milei, la Argentina de 2026-2027, vuelve a una encrucijada sanmartiniana que acorrala el camino de la libertad.

Ayer, con su discurso, Milei hizo dos cosas clave en lo político. Por un lado, puso a las familias y sus preocupaciones materiales como sujetos de su política económica: “Nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”.

Por otro lado, hizo explícita una estrategia de comunicación política de corte cardosiano, por el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y su idea de “gobernar es explicar, explicar, explicar”. “Debemos dar la batalla cultural para explicar, una y otra vez, cómo esta prosperidad está basada y depende de los valores que nos hicieron grandes”, afirmó Milei.

Consumo y pedagogía estructuraron su respuesta política al desafío kirchnerista que busca aprovecharse de las demandas sociales insatisfechas y revertir el cambio de matriz económica.

En los dos casos, Milei tomó por las astas al toro de las imputaciones políticas que le hace el kirchnerismo: le habló directo a los problemas económicos de las familias y cambió el tono de su comunicación. Las respuestas de Milei y Caputo al tema del endeudamiento de las familias venían cayendo en un desapego innecesario políticamente, y es más: perjudicial en un contexto que ya empezó a ser electoral.

Hay una lección política, y económica, que va de las experiencias de Menem a Macri y de ahí a Milei: la súper micro, es decir, el bolsillo y la economía hogareña, como la gran garante del camino de la libertad económica, la macro racional y su sostenibilidad. Otra vez el “voto heladera”. El convencimiento ciudadano, expresado en las urnas, en torno a una economía abierta y libre resulta más central que cualquier consenso político logrado en la rosca entre bambalinas o a través de acuerdos formales y públicos como el Pacto de Mayo de 2024. Sólo lo sólido que viene del apoyo en las urnas no se desvanece en el aire de la alternancia política. El mileísmo está obligado a llevar a la elección de 2027 pruebas contundentes del inicio de un camino de la libertad que lleva a plata en el bolsillo de manera económicamente genuina. “Libertad, crecimiento, orden y prosperidad”, el lema completo que ahora agita Milei, como se vio en el discurso sanmartiniano del lunes.

El San Martín de Milei calza en el escenario electoral: Milei se ve a sí mismo en ese espejo del Libertador. Milei se coloca en un proceso sostenido de conquista de la libertad argentina iniciado por San Martín en el campo de la independencia y continuado por Milei en el campo de la política y la economía: San Martín vs los españoles; Milei vs el kirchnerismo. Milei prometió la conquista de una libertad política respecto del yugo populista del kirchnerismo y una libertad de mercado respecto del capitalismo de amigos, con mercados regulados y cooptados.

Como le dio la espalda a San Martín, según la relectura de Milei en clave política, el pueblo puede darle la espalda a Milei: el voto puede serle adverso en 2027. “¿Cuántas veces como nación tratamos con indiferencia a quienes más nos dieron para recién honrarlos cuando ya no pueden escucharnos?”, planteó este lunes.

La decodificación kirchnerista del presente en clave de crisis económica puede hacer peligrar la reelección y la continuidad del legado de Milei: con la lectura sanmartiniana, Milei alerta sobre el error de la sociedad si no lo vota. En su perspectiva, puede darse un proceso de incomprensión histórica del aporte mileísta similar a la incomprensión que pesó sobre el legado sanmartiniano. Por más méritos que tenga el Gobierno en la gestión de la economía inflacionada que recibió, el voto castigo puede desandar el camino.

Daza no es el único que reconoce lo pendiente. La semana pasada Santiago Bausili fue por el mismo lado: “La economía crece despacio, en torno al 2 por ciento anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, dijo. El resultado de las urnas todavía está lejos, pero hay indicadores no politizados que representan una alarma para el Gobierno. Si hay crisis económica o no está en debate, pero está claro que la voz del consumidor le está retirando confianza al Gobierno desde hace doce meses.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Di Tella es valorado porque correlaciona históricamente con el resultado electoral. En julio mostró una caída interanual de 12 puntos, y una caída mensual de 4,78 por ciento. Es una alarma electoral para el Gobierno, sobre todo porque cayó más en el Gran Buenos Aires, la zona de mayor cantidad de votantes, y en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito liberal-libertario. En el interior también cayó, aunque menos.

Hay puntos ciegos en la narrativa oficialista de la economía. Los logros macro que señala Daza son valorados, pero todavía están a la espera de una generalización de logros micro. El kirchnerismo, por su lado, apuesta a la lectura del vaso medio vacío: morosos, desempleo formal y caída del poder de compra le dan chances para el armado de su posicionamiento.

El Gobierno tiene una a favor. Quizás el debate sobre si hay crisis o no es el mayor logro de la gobernabilidad política y económica mileísta. El proceso económico mileísta presenta aristas preocupantes, pero también aristas productivas. Por el momento, la economía libertaria sale mejor parada comparada con la memoria histórica de las crisis económicas argentinas icónicas estilo hiperinflación alfonsinista, corralito aliancista, macrismo inflacionario o kirchnerismo deficitario e inflacionario.

Quedan dos opciones: o no hay crisis o hay, pero cualitativamente tan distinta que quizás no lo sea del todo y le ofrezca al Gobierno puertas de salida para activar, finalmente, el bolsillo. Sería la oportunidad de un consenso ciudadano en torno a una macro racional anti déficit y un crecimiento de libre mercado. En esa posibilidad se juega, en parte, la ventaja competitiva del mileísmo para 2027. Ahí y en una oposición dominada por el modelo agotado del kirchnerismo.

Sus palabras fueron escuetas pero en el subtítulo envió un comentario a los que todavía no perciben los supuestos beneficios de este plan económico. En el Gobierno saben que hay sectores, incluso de clase media que votaron a Javier Milei en 2023 y 2025, que aún no están retribuidos por la política oficialista por fuera de la baja de inflación.

En la Casa Rosada saben que cuanto más se acelere ese crecimiento, con mejores chances irán hacia la reelección. El oficialismo de a poco toma temperatura electoral y, mientras piensa en ganar, aclara que no habrá ni plan platita ni aumento de subsidios. Las terminales más importantes del Gobierno aseguran que no hay chances de que el Presidente resigne los ejes troncales de su programa.

Por lo tanto, las medidas buscarán adelantar las posibles inversiones y que eso le meta turbo al plan. Una señal fue el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, para permitir a los bancos prestar parte de los depósitos en dólares a todas las empresas, con la premisa de que esto ayudará a “reactivar la economía”.

El más interesado en lograr un entendimiento temprano es Caputo, que siempre que puede les remarca a sus colegas que hay que ahuyentar el “riesgo kuka” porque para él -y según cuentan quienes lo escuchan- es el principal factor de incertidumbre. Caputo promueve acuerdos para mostrar un gobierno con aceptación mayoritaria y disipar las ideas de que una vuelta del kirchnerismo es posible. “Creo que el kirchnerismo no vuelve a gobernar nunca más”, insistió esta semana, hacia los mercados.

Los integrantes del Gobierno más proclives a sumar gente valoran que Caputo promueva esta posición. Sin embargo, una voz importante de ese universo avisa: “Tampoco el acuerdo político te sube la productividad. Tenemos que llegar más holgados a la elección, con salidas que no sean plan platita ni subsidios, pero que lleguen a la gente. Debemos encontrar la manera de acelerar la situación económica para que impacte en un sector más grande de la población”.

El diagnóstico sobre cuán al tanto están dentro del mismo gobierno respecto de los ruidos de la economía es variado. “Se habla pero todavía no cae demasiado la ficha”, dice una fuente interna. Otra, también de las potentes de Balcarce 50, disiente y afirma: “Somos conscientes”.

En estos días se conoció que 30.633 empresas dejaron de funcionar desde que asumió Milei hasta mayo. También, que la mora total de los argentinos se quintuplicó en 18 meses y supera el 30% fuera de los bancos. En el oficialismo perciben que estos temas pueden limar capacidad de voto, sobre todo en la clase media, si la oposición los toma como bandera y no hay una reacción propia. Coinciden puertas adentro en que, a pesar de que Milei suele ser crudo, hay que mostrar empatía con los sectores más afectados, a los que no les inyectarán recursos porque va contra el plan.

En Pro -que volvió a sentarse con el Gobierno tras una avanzada premundialista entre Fernando de Andreis y Eduardo “Lule” Menem, que derivó en el llamado entre Karina Milei y Mauricio Macri- entendían que este primer approach se relacionó no solo a un posible pacto electoral sino también a la vocación de la Rosada de sostener el rumbo económico.

Fuentes al tanto refieren que Macri está dispuesto a “agotar todas las instancias” para “blindar el cambio” y no volver al péndulo de 2019. “El peronismo está vivo, sabemos la flexibilidad que tiene para juntarse y medir mínimo 30 puntos. Eso puede ser letal en la previa de una elección porque los mercados empiezan a moverse y te hacen entrar en un espiral de crisis”, advierten los amarillos, que en carne propia vivieron los efectos del viraje ciudadano.

La senadora Patricia Bullrich, que también fue parte de aquel gobierno, es otra de las principales propulsoras de un acuerdo bien amplio entre los anti K. Los que la critican le achacan que quiere “hablar con todos”, y que hay que delinear quiénes sí y quiénes no.

En el karinismo -donde abreva el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien lleva buena parte de las conversaciones- son más escépticos. Quieren acordar pero todavía no se desviven; lo piensan más para octubre. Ven adentro a parte de los gobernadores, Pro, y los radicales más alineados, pero no a cualquier costo. Sino en un esquema en que LLA también pueda competir por territorios donde se siente con chances y que conlleve beneficios en términos legislativos, para salir fortalecidos en la repartija de bancas.

Los sectores más duros que rodean a Karina Milei anticipan que pactos se van a cerrar, pero ninguno de urgencia a esta altura del año, convencidos de dos cosas: que los fundamentos del programa económico están sólidos; y que cuentan con 95 diputados que podrían sostener cualquier veto, lo que evitaría un escenario como el de 2025, en que la oposición arremetió en el Congreso.

“El karinismo va a cuidar el territorio”, afirma alguien que conoce los movimientos de la hermana presidencial y su gente. “Alianzas tipo la Trinidad ahora no va a haber. Hacia adelante se harán las que beneficien a LLA”, acota un karinista acérrimo.