El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal.

La pulseada entre el Ejecutivo y las universidades suma así un nuevo capítulo que promete instalarse en la agenda pública. La dinámica se repitió en la previa de cada una de las marchas: mientras se viralizan imágenes de clases públicas, paros o reclamos de los hospitales universitarios, irrumpen argumentos cruzados. La llamada batalla cultural apareció en diferentes versiones: acusaciones de “curros” en las universidades públicas, de resistencia a las auditorías y de adoctrinamiento son algunos de los dardos que se vuelven a hacer visibles por estos días.

En medio de una discusión que parece no tener fin y del cruce de números que hacen circular de uno y otro lado del conflicto, la sociedad civil, que fue determinante en todas las marchas, puede quedar sin brújula para dimensionar la problemática. ¿Cuál es el sueldo de de un docente con dedicación exclusiva? ¿Cuánto dinero reciben las universidades? ¿Cómo se ejecuta el presupuesto asignado?

Cómo se llegó a cada marcha universitaria

PRIMERA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

Salario básico docente (jefe de TP con dedicación exclusiva): $591.355Principales reclamos: Con la prórroga del presupuesto 2023, las universidades comenzaron el año con el mismo presupuesto nominal con el que habían contado el año anterior. El principal reclamo se centró en los gastos de funcionamiento. Las casas de altos estudios implementaron diferentes recortes como el apagado de iluminación en espacios comunes.
Además de la actualización del presupuesto, pidieron por los salarios del personal docente y no docente, el deterioro del sistema científico y la suspensión de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución.Postura oficial: La disputa se basó en las auditorías a las instituciones. Un día antes del primer paro universitario, el 14 de marzo, el Gobierno anunció un aumento del 70% para gastos de funcionamiento y, en la previa de la marcha, se comprometió a sumar otro 70% a partir de mayo.
El Gobierno consideró que la marcha fue política, pero se tuvo que sentar a negociar ante la masiva convocatoria: en mayo, las universidades consiguieron el 270% de aumento para gastos de funcionamiento.Magnitud de la marcha: 430.000 personas,según cálculos de LA NACIONInstancia legislativa: Diez rectores se habían presentado días antes en el Congreso para presentar el estado de situación de las universidades nacionales y pedir que se tratara la actualización presupuestaria.

SEGUNDA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

2 de octubre de 2024

Salario básico docente (jefe de TP con dedicación exclusiva): $808.583Principales reclamos: Estudiantes, docentes, gremios y partidos políticos opositores marcharon al Congreso, y a otros puntos del país, para reclamar por una recomposición salarial del personal universitario y por la promulgación de la ley de financiamiento que establecía actualizaciones, ante el anuncio del veto del presidente Milei.
También pedían la revisión del presupuesto 2025: el Gobierno había asignado la mitad de los recursos solicitados por los rectores y la diferencia radicaba en que no contemplaba un aumento salarial al nivel de la inflación.Postura oficial: El Gobierno consideró, nuevamente, a la marcha como una manifestación política y en el comunicado oficial de ese día “celebró el sinceramiento” de diferentes figuras que asistieron, según ellos, “con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente”.
“La universidad no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparte”, publicó ese día Milei en sus redes sociales. Horas después, vetó la iniciativa porque atentaba contra el equilibrio fiscal.Magnitud de la marcha: 270.000 asistentes, según cálculos de LA NACIONInstancia legislativa: La ley se había aprobado un mes antes y, ante la amenaza de veto de Milei, se llevó a cabo la convocatoria. Finalmente, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la ley, que quedó sin efecto.

TERCERA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

17 de septiembre de 2025

Salario básico docente (jefe de TP con dedicación exclusiva): $935.685Principales reclamos: La convocatoria se confirmó luego de que el Presidente vetara la segunda ley universitaria, que había sido aprobada en agosto de 2025. La comunidad educativa volvió a marchar para pedir que Diputados sostuviera la iniciativa que recomponía el presupuesto universitario ante una pérdida salarial que rondaba el 40%. A su vez, advertían que el presupuesto anunciado para el año siguiente era insuficiente. Se movilizaron junto con quienes pedían fondos para el Garrahan.Postura oficial: “El presidente Milei planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia”, dijo Manuel Adorni en la conferencia de prensa posterior a esa jornada. “En la marcha se alinearon todos los enemigos del progreso”, agregó.
“Nosotros cumplimos con financiar las universidades en su funcionamiento, después está la política, que es otra cuestión”, resumió Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Milei, por su parte, insistió con que las universidades no se dejaban auditar y que el Gobierno aportaba los fondos correspondientes.Magnitud de la marcha: sin relevamientoInstancia legislativa El día de la marcha, la oposición rechazó el veto presidencial en la Cámara de Diputados: superó ampliamente los dos tercios necesarios con 174 votos a favor y sumó adhesiones de legisladores que habían acompañado originalmente al Gobierno en su pulseada con las universidades.

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  CUARTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

  12 de mayo de 2026

  Salario básico docente (jefe de TP con dedicación exclusiva): $1.060.054Principales reclamos: “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, titularon los organizadores esta nueva marcha cuyo eje es que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario votada y sostenida por el Congreso, con la actualización de las partidas que contempla la norma.Respuesta oficial: El Ejecutivo insiste en que la ley no prevé en forma expresa el financiamiento y señala que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Marca que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
  “El 12 hay marcha opositora, hoy arrancan las operaciones”, dijo el secretario de Políticas Públicas ante la denuncia de la UBA sobre la falta de fondos nacionales para los hospitales universitarios en la que esta vez se centró la disputa previa a la movilización.Magnitud de la marcha: Se espera una amplia convocatoriaInstancia legislativa La Justicia aceptó el recurso federal extraordinario presentado por el Gobierno para no cumplir con la ley que fue promulgada pero nunca se aplicó. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, quedó suspendida hasta que se expida la Corte.

Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. Y el presupuesto vigente para este año profundiza esta tendencia. Los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), implicaban un aumento real de 0,8%, asumiendo las proyecciones macroeconómicas del presupuesto 2026. Ya no se cumplieron, por lo que el ajuste será mayor.

En nombre del equilibrio fiscal, el Gobierno se resiste a aplicar la ley. Argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Diversos funcionarios suelen repetir que “quiebra al Estado”.

En la apelación indicaron que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Citaron un informe del Ministerio de Economía según el cual cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y el cierre de ambas cámaras legislativas”, enumeraron.

Una marcha que cambió todo

El reclamo por fondos universitarios consiguió movilizar a una multitud en la primera gran marcha contra la administración libertaria, en abril de 2024, a poco más de cuatro meses de asumir el poder. En ese momento, la demanda se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias.

Aquella marcha del 23 de abril, luego de las imágenes de universidades a oscuras para el ahorro de energía, reunió cerca de 430.000 personas según el cálculo de LA NACION. El reclamo contundente y transversal en las calles obligó al gobierno nacional a sentarse a dialogar y a conceder el aumento de 270% para los gastos que reclamaba el sistema universitario, luego de que para ese año se prorrogara el mismo presupuesto que para 2023. El de 2024 no se había aprobado.

A partir de ese momento, los salarios docentes se volvieron la variable de ajuste. Son los más bajos de los últimos 23 años, según comunicó el CIN. Acumulan una caída cercana al 33% en términos reales con respecto a noviembre de 2023. Una caída mayor a los sueldos del sector público que en promedio se redujo en el orden del 18%, según precisó Javier Curcio, que dirige el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“En los hechos supone la necesidad de más que duplicar el salario vigente para poder cumplir la ley. De cada dos pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, los no docentes, los directivos, cobran uno y el otro se lo queda el Ejecutivo que no está cumpliendo con la ley”, graficó el Investigador IIEP Baires – UBA Conicet.

Los sueldos de los docentes universitarios varían de acuerdo al cargo –titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliar de primera– y a la dedicación: exclusiva (40 horas semanales), semiexclusiva (20 horas) y simple (10 horas).

A modo de ejemplo, un jefe de trabajo prácticos con dedicación exclusiva que hoy gana $1.060.054 para recuperar el ingreso que tenían antes del ajuste, debería percibir $1.612.159 (ajustado por inflación), según cálculos de Curcio.

Las autoridades universitarias alertan sobre “un éxodo de profesores” formados que encuentran en el sector privado sueldos que hasta cuadruplican lo que perciben hoy. Según datos del CIN ya renunciaron 10.000 docentes.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) hizo sus propios cálculos y enumeró: 103 docentes en Veterinaria, más de 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas. Se suman los de los colegios preuniversitarios, sujetos al mismo régimen paritario: 134 personas en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 93 en el Carlos Pellegrini.

“Es un goteo. Estamos perdiendo los docentes más viejos y los más jóvenes. El principal problema que tenemos ahora es que las generaciones jóvenes están abandonando la universidad. Por lo tanto, el problema no es solo ahora, sino que, si esto sigue, vamos a tener un gran problema hacia el futuro”, describió Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Y graficó: “Recién el sueldo de un docente jefe de trabajos prácticos, con dedicación exclusiva, que implica bloqueo de título, con 10 años de antigüedad y un doctorado, es decir, un posgrado de cinco años, llega al valor de la canasta básica total”.

Del lado del Gobierno, y en la antesala de la cuarta marcha, cuestionaron la naturaleza del reclamo. “Hay una demanda genuina de salarios que nosotros podemos entender, pero las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”, sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. En esta línea, apuntó a la foto de los rectores con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la reunión que mantuvieron con la CGT.

Hospitales universitarios, nuevo eje de tensión

En esta nueva pulseada, adquirió especial relevancia el reclamo por los hospitales universitarios. Al igual que sucedió en 2024 en la previa a la marcha universitaria con un masivo abrazo al Clínicas, los centros que dependen de la UBA volvieron a denunciar la semana pasada que podrían dejar de funcionar en 45 días si no reciben los fondos nacionales necesarios.

“Fuimos apagando el hospital”, afirmó Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas José de San Martín y describió los diferentes recortes en servicios de seguridad, limpieza y compras de medicamentos.

Según manifestaron, en lo que va del año, el Gobierno no envió fondos para el funcionamiento de los hospitales. Se trata de una partida de casi $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril. De esa partida de casi 80.000 millones, la UBA reclama $75.371.896.068.

“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución”, comunicaron desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

El dinero para los hospitales está contemplado en un ítem del presupuesto universitario que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. Son los casi $80.000 millones mencionados. Hay otro ítem denominado “función salud”, que tiene que ver con las carreras vinculadas a Medicina, pero puede usarse para los hospitales. Hoy alcanza $34.505.738.992.

Según explicaron desde la UBA, el dinero de la función salud es el que el Gobierno transfirió. Coinciden con Capital Humano en que se encuentran al día los pagos de este ítem. Pero el dinero que aún no se envió es el de hospitales universitarios. De esa partida de casi 80.000 millones, la UBA reclama $75.371.896.068. “El 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional.”, marcaron en el comunicado difundido por el ministerio.

En las últimas horas, Pettovello y Álvarez prometieron crear una comisión para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.

El texto, titulado “Manifiesto Próximo Paso”, marca un tono más crítico por parte del partido fundado por Mauricio Macri hacia la administración libertaria, pese al respaldo que le brindó en distintos proyectos legislativos.

Aunque no hay nombres propios, el texto fue difundido tras una serie de acusaciones y una investigación judicial que recae sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, en las últimas horas, el diputado nacional Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, también cuestionó a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

En uno de los pasajes más contundentes del manifiesto, PRO sostiene que “el cambio tiene dos enemigos”.

El primero, señala, es “el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo”, en alusión al kirchnerismo. El segundo son “los que frenan el cambio desde adentro”, una referencia dirigida a sectores del actual oficialismo. “A los dos los vamos a enfrentar”, remarca el texto.

A partir de allí, el comunicado endurece sus cuestionamientos hacia La Libertad Avanza. El partido advierte que “cuando no se da el ejemplo” o “no se respeta el sacrificio ajeno, duele”, y marca diferencias con algunas actitudes dentro de la administración Milei. También aclara que respaldar el rumbo económico no implica acompañar cada decisión de la administración libertaria. “Apoyar el cambio es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”, afirma.

Sobre el final, el documento destaca la experiencia de gestión del partido amarillo y busca diferenciarse políticamente de LLA. “El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta”, sostiene el espacio liderado por Mauricio Macri. El manifiesto concluye con una consigna que funciona como síntesis del mensaje: “Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso”.

Un vínculo en tensión

El endurecimiento del tono de Pro frente al Gobierno no es aislado: se da en medio de una relación cada vez más deteriorada entre Macri y Milei. Según reconocieron cerca del expresidente ante LA NACION, ambos llevan meses sin diálogo fluido y el último contacto directo ocurrió durante una cena en la Quinta de Olivos, donde Macri le transmitió sus reparos sobre cambios dentro del gabinete nacional. “No hay mucho de qué hablar. Él sabe perfecto lo que pienso”, resumieron desde el entorno del también Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA.

La distancia quedó nuevamente en evidencia durante la gala anual de la Fundación Libertad, donde ambos coincidieron pero evitaron cruzarse. En el macrismo interpretaron como una señal hacia el Presidente la referencia de Macri al “ego de los gobernantes populistas”, pronunciada durante una charla con Álvaro Vargas Llosa.

Detrás de las diferencias también aparecen reproches políticos. En Pro sostienen que el oficialismo minimiza el respaldo legislativo que el partido le dio a La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión. “Si sacaron leyes en estos años fue por el PRO”, deslizó una fuente partidaria, que además cuestionó la falta de “agradecimiento” por parte de Milei. Del otro lado, en la Casa Rosada, referentes cercanos al mandatario aseguran que Macri “nunca encontró su lugar” dentro de la nueva etapa política y relativizan su peso electoral.

La tensión promete trasladarse al Congreso en las próximas semanas. El bloque macrista buscará diferenciarse de La Libertad Avanza en temas sensibles, como la eliminación de las PASO, y analiza mantener una postura propia frente a iniciativas del oficialismo. Aun así, dentro del PRO conviven distintas miradas: mientras Mauricio Macri profundiza la diferenciación, en el entorno del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, todavía creen posible un entendimiento electoral con los libertarios en la ciudad de Buenos Aires.

El comunicado de Pro completo

Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.

Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos.

Y el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio.

Sin especular. Sin mirar desde afuera.

Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore.

Y eso duele, desgasta.

Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más.

Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer.

A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera.

El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta.

Eso es lo que sabemos hacer.

Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos.

Fuente;https://www.lanacion.com.ar/politica/duro-comunicado-de-pro-con-criticas-al-gobierno-piden-sacrificios-que-no-estan-dispuestos-a-cumplir-nid10052026/

“No lo voy a ejecutar [a Adorni] para ganar la elección”, dijo el Presidente durante el encuentro, según reconstruyeron algunos de sus participantes ante una consulta de LA NACION.

No son pocos los funcionarios que en reserva consideran que el propio jefe de Gabinete debería ya haber dado un paso al costado para “dejar de dañar” al Gobierno y, sobre todo, al Presidente. “Hay malestar interno porque ni siquiera hay líneas discursivas. ¿Qué vas a decir si él no tiene respuestas?“, se preguntaba en las últimas horas un personaje del esquema oficialista.

Según dejaron trascender fuentes oficiales ante LA NACION, el encuentro en Balcarce 50 duró dos horas y media, y en los primeros 30 minutos Milei abrió la reunión, ahondó en un “panorama general” sobre el rumbo del Gobierno y después pasó a concederle un “fuerte respaldo” al jefe de Gabinete.

Cuando terminó, el Presidente lo dejó al mando de la reunión y en sus redes sociales avaló diferentes mensajes en los que retomó la línea de que son los medios de comunicación los que presionan para que le suelte la mano al ministro coordinador, uno de los laderos más importantes también de su hermana Karina Milei. La secretaria general tiene a los suyos abroquelados detrás del jefe de Gabinete, a la vez que en las distintas tribus se acrecientan las sospechas sobre los orígenes de la información que se conoce de la vida del funcionario desde que asumió en la Casa Rosada.

El Gobierno también retomó la idea de mostrar a un Adorni hiperactivo. El jueves por la noche dio una entrevista en la que contó su vida familiar y de pareja, a la mañana fue a Zárate para la inauguración de una planta de Mercedes Benz, después volvió y se presentó en una tensa conferencia en la Casa Rosada junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) -en la que aclararon que no iban a ahondar sobre sus problemas judiciales- y luego pasó al encuentro con el elenco ministerial completo.

“Adorni participó en la inauguración de la nueva planta de Mercedes Benz en Zárate. Pero según el periodismo hoy presentaba la renuncia… Se van a quedar con las ganas”, fue uno de los mensajes que reposteó el Presidente en su cuenta de X tras el cara a cara con los ministros. Otro de los tuits de sus aduladores planteaba: “Los periodistas ensobrados están desesperados porque por primera vez tienen un presidente que no negocia con ellos, no les reparte pauta y no les tiene miedo. Por eso operan 24/7 contra Milei”.

Dicen quienes formaron parte de la reunión de Gabinete que Adorni primero les agradeció a los equipos por los aportes que hicieron al informe de gestión que dio en la Cámara de Diputados -otra jornada en la que el Presidente involucró al Gabinete en su respaldo al funcionario, con asistencia completa para hacerle el aguante-. Acto seguido, aseguran fuentes oficiales, “expuso sobre el plan de gestión para 2026-2027″.

Con esas palabras, fuentes oficiales ratificaron la conducción del jefe de Gabinete hasta el año próximo y repararon en que firmará una reestructuración presupuestaria. El Presupuesto 2026, el primero que logró aprobar la gestión de Milei, en diciembre pasado, ya quedó desactualizado. De entrada, pronosticaba una inflación anual de 10,1%, cuando durante el primer trimestre ya acumuló 9,4%.

Desde el Gobierno también dejaron trascender que en la reunión se habló de avanzar con retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos, “con objetivo a fines de mayo”, mientras que continuará también la revisión de la participación de la Argentina en organismos internacionales.

En el último tramo de la reunión, hablaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich. Dicen que ahondaron respecto de los proyectos legislativos que van a tramitarse en el Congreso. El Gobierno pretende avanzar con la reforma política, mientras que la oposición pidió una sesión el próximo jueves 14 de mayo para tratar cuatro expedientes con pedidos de informes al jefe de Gabinete en la Cámara baja.

Bullrich ratificó su postura para que Adorni presente cuanto antes su declaración jurada de bienes. La presión de la senadora abrió un nuevo foco de tensión y llevó a que el Presidente también diera un reportaje ese miércoles para aclarar que el jefe de Gabinete tenía previsto acelerar la documentación.

“Necesitamos seguir jugando ordenados, en equipo”, lamentaba, mesurado en medio del tembladeral, un ladero de Adorni esta semana tras los dichos de Bullrich en A24. El jefe de Gabinete la tildó de “fenómena”, aunque deslizó: «Si lo tendría que haber dicho o no, se puede charlar”.

Ella, ese día dijo: “Soy de hablar en el Gabinete, no de callarme la boca”.

Pero las dificultades legislativas del oficialismo en el plano doméstico fueron contrarrestadas por la paciencia internacional. Estados Unidos retiró la semana pasada a la Argentina de su “Priority Watch List” -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- tras más de una década, y el Gobierno obtuvo una prórroga hasta el 31 de mayo para cerrar la negociación con los acreedores.

La adhesión al PCT forma parte de los compromisos asumidos por Javier Milei en febrero, en el marco del acuerdo comercial con su par de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo es alinear a la Argentina con estándares internacionales: hoy es el único país del G20 -y uno de los pocos de la región- que no integra este sistema.

El Gobierno asegura que, en términos prácticos, la ratificación del tratado simplificaría y abarataría el registro de patentes en el país.

Además, permitiría iniciar todo el trámite desde la Argentina, a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), sin necesidad de recurrir a oficinas en el exterior, como ocurre actualmente. A eso se sumaría una reducción significativa en los costos internacionales, que en algunos casos puede llegar hasta el 90%.

El sistema también prevé que el INPI pueda apoyarse en informes técnicos elaborados por oficinas de otros países sobre la novedad de una invención para avalarla en el país. Esos informes no son obligatorios: la decisión final sigue siendo local. Sin embargo, este punto es el que genera mayor resistencia.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) observa sobre todo la adhesión plena a su Capítulo II, que habilita a que otras oficinas puedan opinar sobre patentes que quieran operar en el país. Su preocupación es que esos informes puedan influir en la práctica sobre las decisiones del INPI y empujar a la Argentina a convalidar patentes que hoy rechaza.

El temor está ligado a un fenómeno conocido como “evergreening”, mediante el cual las grandes compañías extienden sus monopolios con modificaciones menores, sin mejoras o nuevos desarrollos, sobre medicamentos existentes. Según los laboratorios locales, una mayor influencia de criterios internacionales podría facilitar ese tipo de prácticas, limitar la competencia de los genéricos y, en consecuencia, encarecer los precios.

Por eso proponen una adhesión con reservas, como hizo Uruguay, para preservar la capacidad de aplicar criterios propios en materia de patentabilidad.

Según fuentes del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, es algo que se podría convalidar para destrabar la negociación y avanzar con la adhesión. “La reserva es más simbólica que sustantiva a esta altura”, reconocen en el Gobierno.

Si la Cancillería acepta la reserva del Capítulo II, el proyecto debería volver al Senado -que le dio media sanción en 1998- y su aprobación sufriría otra postergación.

En Diputados, donde está hoy el proyecto, su tratamiento sigue sin fecha. Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General convocado a principios de abril fue suspendido y desde entonces no hubo avances. “No esta semana pero va a haber novedades pronto seguramente”, aseguró un funcionario referente en la materia a LA NACION.

Holdouts

El segundo frente es la ratificación del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, que litigaron contra la Argentina.

El entendimiento -que ya tiene dictamen en el Senado- contempla un pago total de US$171 millones, con una quita superior al 30% sobre la deuda reclamada.

A cambio, el país evitaría medidas de embargo sobre activos públicos -como acciones de YPF- y pondría fin a los procesos de búsqueda de bienes (“Discovery”) para cobrar esas deudas.

Durante el debate en comisión, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, confirmó que el Gobierno obtuvo una prórroga hasta el 31 de mayo para completar la aprobación legislativa.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para su tratamiento en el recinto, en el oficialismo proyectan una sesión para la segunda semana de mayo -posiblemente el jueves 14- en la que podría incluirse este acuerdo.

Luego, el proyecto deberá girarse a Diputados y atravesar el mismo proceso en un plazo acotado: el Gobierno tendrá apenas 15 días para lograr su ratificación y cumplir con la nueva fecha límite.

El programa, de un año de duración —desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027—, reduce la carga de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la nueva relación laboral. Además, los empleadores que inscriban trabajadores en este marco podrán incluir hasta el 80% de su nómina en este régimen.

Los trabajadores comprendidos por el RIFL no deben haber contado con una relación laboral registrada en el sector privado al 10 de diciembre de 2025 y tampoco pueden haber ejercido actividades bajo relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses anteriores al de alta de la relación laboral.

Fuente;https://www.lanacion.com.ar/economia/el-gobierno-reglamento-el-regimen-de-incentivo-a-la-formalizacion-laboral-nid04052026/