La concejal Galamba participó en la Audiencia del Gas realizada el 28 de febrero y advirtió sobre los deberes de los funcionarios públicos en la defensa de los derechos de los usuarios

El jueves 28 se realizó en Salta la Audiencia Pública nacional del gas, en nuestra provincia los expositores pudieron participar a través de una video conferencia en la sede del Enargas. Los sanrafaelinos estuvieron representados por la concejal Natalia Galamba quien asumió ese compromiso desde el inicio de su gestión y ha participado en forma presencial o virtual de las distintas audiencias del gas y la electricidad.

La jornada, desarrollada en la ciudad de Mendoza, comenzó con fuertes críticas por parte de los expositores y público presente hacia el Enargas, el organizador de la Audiencia, ya que no se les permitió presenciar y seguir la transmisión alegando problemas de conectividad de Internet. Al respecto la Concejal manifestó que: “Uno de los oradores utilizó un parlante con bluetooth para que lo pudieran escuchar las personas que lo estaban acompañando. Por lo tanto, estamos a ojos cerrados, no sabemos que han propuestos las empresas y tuvimos que seguirlo con el teléfono por YouTube porque no se nos ha permitido ingresar a escuchar lo que se decía”.

CRÍTICAS A LAS EMPRESAS Y AL ENARGAS

A este malestar se sumó el trascendido de que la empresa que provee el gas en la provincia, Distribuidora de Gas Cuyana (Ecogas), este año solicita que el aumento sea del 41% pese a que durante 2018 obtuvo amplias ganancias por maniobras financieras en las que se benefició con la devaluación de mediados de año.

Al respecto, Galamba viene denunciando hace tiempo que la política energética del gobierno nacional siempre se caracterizó por el traslado de los precios dolarizados de los servicios públicos de gas a los consumidores finales y que con estas medidas han conducido a los usuarios hacia la pobreza energética: “Es una vergüenza estar discutiendo una vez más otro aumento de la tarifa de gas ¿Entienden que los argentinos están sumidos en la pobreza energética? La pobreza energética implica que cada hogar tiene que destinar más del 10% de sus ingresos al pago de los servicios públicos”. Recordemos que la factura de gas promedio superó el 1.848% entre 2016 y 2018. Esto llevó, solo en el Gran Mendoza, a que el 42,89% de las personas (más de 500.000) sean «pobres energéticos».

El Enargas también fue objeto de críticas: “Detrás de los escritorios es muy fácil tomar decisiones y sobre todo cuando esto responde a un programa y plan de gobierno que lo único que hace es favorecer a las empresas. Cuando tenemos un Ente regulador del gas que en lugar de defender con firmeza los derechos de los usuarios, de los consumidores lo único que hace es garantizar que las empresas tengan ganancias” sostuvo la edil durante su intervención.

Además cargó contra las empresas de servicios públicos afirmando que no se puede priorizar la rentabilidad de empresarios “que además son los amigos de quienes hoy están en el poder” por sobre la necesidad de muchos argentinos que hoy no puede acceder a los servicios básicos esenciales: “Nosotros necesitamos que la gente entienda que estas son decisiones exclusivamente políticas, que esto se decide en las urnas. Porque cada una de las decisiones que ha tomado este gobierno ha sido para beneficiar a sus amigos empresarios y cada una de esa decisiones las han tenido que soportar los usuarios con su bolsillo”.

LA DENUNCIA

Finalmente, adelantó que en el caso de que se autorice un nuevo aumento de la tarifa del gas, realizará una denuncia penal a los funcionarios que habiliten el aumento. Esta decisión se basa en el hecho de que las Audiencias no son vinculantes, que año tras año han realizado reclamos que no han sido escuchados y, que por el contrario, el gobierno nacional las ha convertido en una farsa porque de todas maneras siempre autoriza los aumentos que ya tiene pactados con las empresas. Al final de su exposición Galamba manifestó: “Por otro lado quiero decir, que ni bien salga la resolución, ni bien suscriban los funcionarios las firmas para poder garantizar un nuevo aumento de las tarifas, yo voy a presentar una denuncia penal ante el ministerio público fiscal contra todas esa autoridades que avalen el aumento según el artículo 248 y 249 del Código Penal que establece el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por último convocó a todos los damnificados por el tarifazo a que adhieran a esa denuncia.

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El tire y afloje judicial por las tarifas del gas natural en Mendoza no da respiro. Mientras se espera un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza en torno a cuál debe ser el cuadro tarifario vigente luego de una resolución del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) que autoriza uno alternativo pese al amparo, el tribunal de San Rafael avaló ayer un planteo de Ecogas que le permite desde ahora facturar un ajuste de hasta $ 37 mensuales en concepto de transporte y distribución, dos de los componentes de la tarifa junto al valor del metro cúbico.

Eduardo Puigdéndolas, juez subrogante, le dio la derecha a la empresa que había logrado el visto bueno para el Gran Mendoza con un tope máximo de $ 22 en facturas, pero aún no podía hacerlo en San Rafael y Alvear porque el amparo seguía sin cambios. Ahora, el dictamen en el expediente 17.625/ 2014 «Protectora c/PEN y ots p/amparo colectivo” la favorece: desde el próximo bimestre los usuarios del Sur deberán pagar de $ 10 a $ 74 más, techo mayor al de Gran Mendoza.

“Autorizar a la Empresa Distribuidora de Gas Cuyana S.A. para que facture y cobre los componentes de transporte y distribución (art. 37 incs. b. y c. de la Ley Nº 24.076 y cuadros tarifarios que obran como anexo I, II y III de la Resolución Enargas nº 12847/14) a partir del día de la fecha, en tanto y en cuanto no haya una incidencia sobre facturas superior a los valores promedios mensuales que se detallan para cada categoría de usuarios”, resolvió Puigdéndolas con fecha de 1 de setiembre.

A través de un petitorio presentado por su apoderado, Gustavo Boullaude. al que el tribunal finalmente dio lugar, la distribuidora había solicitado que se modificara para la zona Sur la cautelar, para lograr lo que consiguió: facturar y cobrar “exclusivamente incrementos de los componentes de transporte y distribución a partir de la presente resolución de modo que la cautelar quede circunscripta al rubro “Precio del Gas”, conforme ocurrió en el resto de la Provincia”.

Previamente, tanto Ecogas como Enargas habían apelado el amparo y llegaron a la Cámara Federal sin éxito. La distribuidora finalmente logró su cometido en el fuero de San Rafael a partir de distintos argumentos: entre otros, la afectación del servicio, porque “ingresos como tarifa de distribución y transporte no resultan suficientes para cubrir erogaciones necesarias para su prestación, siendo inminente la imposibilidad de pago a proveedores”.

Por otra parte, esgrimió que las tarifas están congeladas desde 1999. Y que “son inferiores al precio del gas, por lo que el impacto en el bolsillo del consumidor es mínimo y con ello se evita un daño innecesario al servicio”.

Según José Ramón, patrocinante de Protectora en la causa “Protectora c/Enargas y ots p/amparo”, se requiere una definición política, porque todo obedece “al claro lobby de Ecogas en perjuicio del usuario, que abre la puerta a la resolución 3352 de Enargas. Hacerlo implica consentir ajustes sin debida audiencia pública: es una cuestión de Estado”.

Cabe recordar que con la 3352, motivo de otro planteo que la titular del Juzgado Federal N°2, Olga Arrabal, debe resolver (ver aparte), el Enargas autorizó a Ecogas a aplicar “cuadros alternativos” mientras dure el amparo.

“Menos que una gaseosa”

De acuerdo a la contabilidad presentada por Distribuidora de Gas Cuyana, la flexibilización de la cautelar sobre los referidos componentes de la tarifa sólo implicaría un incremento promedio mensual de $ 17,45. Aunque el impacto real en cada categoría de consumo muestra otros números.

“Para graficarlo, es menos de lo que cuesta una gaseosa que, no obstante lo ínfimo de la cantidad, potenciada por la cantidad de usuarios permitiría (a la Distribuidora) reencauzar su actividad, sin arriesgar calidad y eficacia del servicio”, completa Boullaude.

Si bien el magistrado sanrafaelino aclaró que la modificación de la cautelar es “bajo apercibimiento de ser dejada sin efecto en caso de constatarse algún incremento promedio mensual superior a los valores detallados”, el fallo ya motivó una apelación de Protectora.

Para Protectora el dictamen es una señal preocupante. Temen que pueda influir en la eventual decisión pendiente de Arrabal.

Fuente: Los Andes – http://www.losandes.com.ar/article/la-justicia-autoriza-en-el-sur-suba-parcial-de-tarifas-del-gas

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