En la mencionada Declaración, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia la creación de las secretarias vespertinas de los juzgados de Instrucción de San Rafael, la creación del Juzgado de Flagrancia en San Rafael y del juzgado de Flagrancia, Correccional e Instrucción en el Departamento de Malargüe.  Dentro de este texto legal se solicita también la plena aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el sur, considerando que se está aplicando actualmente en el gran Mendoza y la Zona Este.

 En la reunión se planteó  la preocupación existente en la población para que se dote al Sur Mendocino de iguales capacidades e infraestructura que el norte de la provincia a nivel seguridad, para de esta forma ayudar a la Justicia (que es la otra pata de la seguridad) a desempeñar su tarea de forma correcta.

 En base a lo planteado, las autoridades judiciales informaron que dotarán a las fuerzas de seguridad del sur de autos decomisados que anteriormente eran destruidos, para cubrir la carencia de móviles en ciudad y distritos.

 Así mismo, hicieron notar que la falta de aprobación del presupuesto provincial por parte de la oposición, ha dejado a la Suprema Corte “con las manos atadas”, para la aplicación del Código Procesal Penal, y la creación de los cargos judiciales que se necesitan tan urgentemente en el sur mendocino.

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Fue dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Es porque allí funcionó durante la última dictadura militar, un centro clandestino de detención.

Estuvieron presentes en el acto familiares de desaparecidos, funcionarios de los tres poderes del Estado y ex detenidos allí.

 Mariano Tripiana, hijo del detenido-desaparecido Francisco Tripiana, remarcó la importancia de que se llevara a cabo esta conmemoración. Agradeció especialmente la colaboración del juez de la Corte, Omar Palermo, quien fue uno de los impulsores para que ese lugar fuera señalizado con la placa recordatoria. Más tarde, Mariano se emocionó hasta las lágrimas mientras daba un breve discurso parado junto a su madre, Haydée Tripiana.

 Roberto Flores, ex preso político que pasara por la Departamental en los 70’, señaló que este señalamiento debería haberse hecho hace varios años. Agradeció a la Justicia Federal y Ordinaria de Mendoza por haber hecho “este pequeño esfuerzo” por los ex detenidos que continúan con vida y por los desaparecidos. “Este es un momento histórico. Ha llegado el momento en que nos pongamos los pantalones largos y miremos al futuro junto a un montón de jóvenes que están acá presentes. A todos ellos les digo que no bajen nunca los brazos. Yo con 59 años nunca bajé los brazos”, dijo.

El Dr. Omar Palermo, miembro de la Suprema Corte, expresó que si en el edificio en el que funcionaban los Tribunales Provinciales había un centro clandestino de detención, “es la negación de Justicia en su máxima expresión”. “Esta placa no es más que un pequeño aporte, o un gesto que es parte de una reparación simbólica y que supone la atribución de nuestra responsabilidad como poder del Estado”, dijo y recalcó que en aquellos años “falló el Poder Judicial como garantía de derechos”.

 El centro clandestino se ubicó en la parte del edificio conocida como Colegio de Martilleros y abarcó los calabozos ubicados en el sótano que se conectaban con el Cuerpo de Bomberos ubicado en la calle Independencia. En este lugar fueron detenidos ilegalmente y torturados la mayoría de los y las presas políticas de San Rafael; algunos de ellos vistos con vida por última vez.

 De los 340 centros clandestinos de detención registrados en la Argentina, sólo en Mendoza se utilizó un palacio de justicia con tal finalidad, lo que constituye todo un símbolo de la participación civil en la última dictadura. La política de señalización de los centros clandestinos tiene por objeto mostrar la organización del terrorismo de Estado, como así también expresar un compromiso público por la justicia y la memoria.

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