Para que esté plenamente en funcionamiento, esta ley tiene que ser reglamentada (explicar sus mecanismos administrativos y alcances efectivos) y esto puede llevar un tiempo mayor al esperado. Por eso, acá te contamos cuáles son las provincias o ciudades del país que ya tienen o están trabajando a nivel local con una normativa de «No Llame» y cómo darte de alta para evitar recibir llamadas indeseadas.

En la Argentina hay algunas jurisdicciones que ya tienen una ley de «No Llame» funcionando: la provincia de San Juan, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario.

Los porteños cuentan con una ley de «No Llame» desde mayo de 2009. El mecanismo para darse de alta en el registro es relativamente simple. Uno debe ir a la web nollame.buenosaires.gob.ar. Allí solo deben ingresar su número de teléfono (fijo o móvil) y listo. El usuario recibirá un llamado telefónico para constatar el pedido y a partir de allí comienza el periodo de alta que puede tomar hasta 30 días.

La plataforma implementada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires es similar. El usuario debe ingresar a la web aplicaciones.mp.gba.gov.ar/nollamar, llenar con sus datos el formulario (que incluye el DNI) y, en este caso y a diferencia del de la Ciudad, elegir cuáles son los servicios que no quiere que lo llamen (telefónicas, empresas de seguro o tarjetas de crédito, por ejemplo).

El sistema más engorroso para darte del alta en el registro de teléfonos que no deben recibir llamados es el de la provincia de San Juan. Para acceder a este listado, la persona tiene que descargar este formulario [pdf] de la página web del gobierno, llenarlo, y llevarlo a la Dirección de Defensa del Consumidor provincial junto con una fotocopia que demuestre la titularidad del servicio y una fotocopia del DNI.

En Santa Fe y en Rosario, el sistema se implementó hace poco y funciona de forma similar al de San Juan. Los ciudadanos deben descargar un formulario (del sitio de la provincia de Santa Fe ) y demostrar la titularidad del servicio y un documento de identidad. En Rosario, el trámite debe hacerse de forma personal en las delegaciones de Comercio Interior de la ciudad.

Por otro lado, las provincias de Santa Cruz, Córdoba y Chaco ya tienen una ley que busca limitar las llamadas no solicitadas de marketing, pero en los tres casos la norma carece de reglamentación para su implementación efectiva.

Más allá de la forma en que te des de alta, en general estos mecanismos suelen tomar un tiempo para implementarse. A no desesperarse, ya que la mayoría indica un período de 30 días hasta que está funcional.

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 Gabriel Garnica, director del Registro Provincial de Armas (REPAR) y del Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada (PEPRIV), explicó que lo quemado, fue la pirotecnia decomisada durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Resaltó que de los 1611 kilos confiscados por Bomberos y Policía de Mendoza en la provincia, más de mil se encontraron en locales clandestinos de San Rafael, General Alvear y Malargüe. “Todos los años decomisábamos entre 100 y 200 kilos de pirotecnia y este año fueron 1611”, dijo.

 Se trata de elementos que no tenían la autorización correspondiente, porque quienes la vendían lo hacían de manera irregular, lo cual era un peligro para quienes iban a comprar.

 El proceso comienza con sacar los elementos pirotécnicos de los bultos secuestrados, se desarman las cajas y plásticos que lo envuelven, se colocan en una pileta con agua durante tres días, se orea y se incinera rociándolo con combustible. Si bien están mojados, hay algunos tipos de elementos a los que el agua no les entra o les entra en muy baja cantidad, por lo que durante el proceso se produjeron algunas explosiones menores de todas maneras.

 El equivalente en dinero de lo quemado este miércoles, tenía un valor aproximado al millón de pesos.

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La Concejal Cristina Da Dalt (PJ – FPV) presentó un proyecto para que sea creado el Registro del Patrimonio Cultural del H.C.D., a fin de incluir en él todas las obras de arte que se encuentran en las distintas dependencia que integran el Concejo Deliberante, con archivos fotográficos de cada una de las obras y ficha documentada con reseña histórica y procedencia, y soporte digitalizado del mismo.

 Es necesario destacar que al margen de su valor económico(que por cierto, es en varios casos de una gran cuantía) dichas obras son de alto valor cultural-histórico regional. Es que sus autores son hacedores culturales de nuestro departamento, quienes en un sin número de oportunidades han hecho estos aportes con el fin de ser expuestos a nuestra comunidad en dependencias públicas, como una manera de devolverle a la sociedad lo que ella les entrega en su cotidiano reconocimiento.

 La Cdra. Da Dalt señaló que hay intenciones de realizar una exposición en el recinto con todas estas obras.

El proyecto tomó estado parlamentario la semana pasada, y será tratado en el recinto este lunes.

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Esto permitirá planificar acciones que orienten las políticas públicas y avanzar en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.

El Ministerio de Salud, a través de la dirección de Salud Mental, desde ayer, comenzó a cargar los datos de pacientes crónicos de Salud Mental en los hospitales monovalentes como son Pereyra, Sauce y Unidad de Internación en Crisis. Estos datos formaran parte del RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Metal).

La Provincia, en conjunto con San Juan, San Luis, La Rioja, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos, puede acceder al registro nacional para contar con información relevante y actualizada de las personas internadas por padecimientos mentales y adicciones, según establece la Ley Nacional 26.657.

Alberto Navarro, director de Salud Mental de la Provincia, expresó al respecto: “a partir de ayer, Mendoza en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, empezó implementar el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental, que permitirá planificar acciones que orienten las políticas públicas y avanzar en los principios expuestos por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657”.

Luego el funcionario aseguró que “el RESAM es un registro único de pacientes de salud mental, permitirá conocer, cuantos pacientes existen, que es lo que padecen, donde están, como es su evolución y así poder orientar políticas en esta materia».

Finalmente explicó que «se debe tener presente que se respeta absolutamente la privacidad de los pacientes, no cualquier persona tiene acceso a esta información, sólo personas especialmente autorizadas e identificadas en los diferentes efectores, además la información tiene diferentes escalas de acceso”.

La puesta en marcha del registro se convierte así en un paso central para el desarrollo de una salud mental inclusiva y promotora de los derechos humanos tal como establece la norma.

Mendoza fue capacitada durante el 2013 en la carga de datos del RESAM. Dichas capacitaciones estuvieron orientadas a autoridades provinciales y referentes de epidemiología en Salud Mental y adicciones, y a directores y encargados de estadística de establecimientos monovalentes públicos.

El RESAM servirá para conocer el número de personas internadas; sus condiciones de internación; su caracterización socio demográfica; y su situación judicial, social y familiar, tal como lo establece la Ley de Salud Mental y el Plan Nacional de Salud Mental, aprobado mediante la Resolución ministerial 2177/2013.Y esto hará que el Estado pueda actuar con eficacia como agente promotor de derechos, además de salud.

En una primera etapa, los establecimientos monovalentes del sector público serán los dispositivos que recabarán esa información. No obstante, a mediano plazo, el RESAM tendrá carácter obligatorio en el resto de las instituciones del ámbito público, privado y de la seguridad social de todo el país.

En lo que refiere al mantenimiento y acceso a los datos personales y contenidos sensibles en el SISA, el RESAM fue concebido en base a las prescripciones jurídicas que establece la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326, fijando que sólo el efector de salud y el propio ciudadano podrán acceder a los datos personales recabados.

Fuente:  Subsecretaría de Comunicación Pública

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 Marcela Cerda, delegada del Registro Cilvil en San Rafael señaló que muchos son los ciudadanos que quieren saber qué se hará y qué se recomienda. Sobre esto último, señaló que es importante que los interesados sigan solicitando los turnos a través del 0-800-800-3646 y por la página web www.turnodni.mendoza.gov.ar

 “A medida que se van solicitando los turnos, se otorgan y se van haciendo los trámites”, aseguró. Por otra parte, explicó que se da un cupo de turnos diarios, por lo que si la persona intentó y le dio ocupado o no aparece la opción “San Rafael”, debe volver a intentar ya que a veces “se satura”.

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Las empresas prestadoras de servicios y comercios en general deberán habilitar un “Libro de Registro de Quejas” donde los consumidores y usuarios asentarán sus reclamos.

La Dirección de Defensa al Consumidor aprobó la Resolución 158 por la que se exige a las empresas prestadoras de servicios y comercios en general, comprendidos en la Ley 5547 que deberán habilitar un “Libro de Registro de Quejas” en donde consumidores y usuarios podrán asentar sus reclamos.

Si bien existía esta exigencia, mediante una Resolución se modificó para facilitar su control e impedir su adulteración y se le agregó el pago de un canon, a partir del ejercicio fiscal 2014.

Esta Resolución establece que este Libro deberá ser habilitado anualmente por la Dirección mediante la foliatura de sus hojas, que deberán ser 100. Llevará la rúbrica del director en la primera y última hoja con indicación de fecha, previo pago de un canon que será fijado en la Ley de Impositiva de 2014.

La nueva homologación corresponderá una vez agotadas todas las hojas del Libro de Registro de Quejas o de su vencimiento anual y los libros no vigentes deben ser archivados por 3 años. Además debe encontrarse en un lugar visible para el consumidor y debidamente señalizado dentro del local comercial. Deberán mantener la integridad material del mismo, sin tachaduras ni enmiendas ni agregados entre líneas, siempre y cuando no hayan sido salvados con la firma del reclamante.

El consumidor o usuario debe asentar su queja con tinta, colocar la fecha y hora y firmarlo e indicar su número de documento y domicilio.

Cuando los inspectores provinciales y municipales lo exijan, los proveedores de bienes y servicios deberán otorgárselos.

Los hechos que el consumidor asiente en el libro de quejas se tendrán por ciertos, hasta tanto el proveedor  o comercio no de respuesta a los mismos mediante notificación fehaciente al domicilio del reclamante, en el plazo de 10 días corridos.

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El proyecto se encontraba frenado en Diputados. Presentado por el radicalismo y pedido por el Gobierno provincial, permitirá individualizar a responsables de delitos, personas extraviadas o fallecidas a través de una base de datos.

Era una de las propuestas surgidas del radicalismo pero apuradas por el Gobierno provincial para mejorar la Seguridad. El proyecto de banco genético para identificar delincuentes fue aprobado esta tarde en la Cámara de Diputados, por lo que consiguió el status de ley provincial.

El proyecto presentado inicialmente por el radical Luis Petri -que figura tercero en la lista de candidatos para el Congreso de la Nación- se denomina en rigor “Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas» y dependerá del Poder Judicial.

La ley establece que este registro tendrá por objeto contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación criminal.

Principalmente, para individualizar a personas responsables y sobre la base de la identificación de un perfil genético; identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, y discriminar las huellas de todo personal que interviene de alguna forma en el lugar del hecho y en todo estado de la investigación para determinar posibles casos de contaminación biológica de evidencia.

La información contenida en el Registro “tendrá carácter reservado y será de acceso restringido a las autoridades públicas competentes. En ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en aquél para otros fines o instancias distintos a los expresamente establecidos”.

Además, se dejó en claro que el Registro no podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna.

La huella genética digitalizada se obtendrá sólo con fines de información identificatoria con resultado apto para ser sistematizado y codificado en una base de datos informatizada. Por último, la ley indica que la información contenida en la base de datos del registro se considerará dato personal.

Control de ingresos y egresos a la provincia

A su vez, la Cámara Baja aprobó otra ley referida a la seguridad. Los diputados sancionaron con modificaciones el proyecto para crear el Programa de Control Integral de la Provincia de Mendoza, que dependerá del Ministerio de Gobierno.

La norma busca mejorar los controles de personas y de bienes en los pasos fronterizos, por lo que hará confluir a varios organismos provinciales, entre ellos, los ministerios de Seguridad, Desarrollo y Agroindustria; el Iscamen; Vialidad provincial y la Subsecretaría de Trabajo.

Debido a los cambios realizados, el proyecto volvió a la cámara de Senadores.

El radicalismo apoyó el proyecto y pidió que se garanticen los recursos para su funcionamiento. Los demócratas introdujeron modificaciones que fueron aceptadas, en el sentido de controlar el ingreso de trabajadores agrarios no permanentes para combatir el trabajo en negro, a través de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad.

En tanto que Daniel Cassia (Peronismo Federal) pidió al Cuerpo que se le aceptara su abstención dado que necesitaría comprobar que la operatividad del mismo sea viable.

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