La propuesta del Gobierno busca actualizar la norma, en consonancia con el establecimiento de una sólida política hídrica, que incluya las actuales pautas, a los protagonistas en la materia y sostener los principios de la normativa, garantizando la transparencia de gestión y la eficiencia en la distribución del agua en el presente, proyectando el futuro sostenible.

Algunos puntos de la actualización:

Adecuación de la infraestructura hídrica: Respondiendo a fenómenos aparecidos con el desarrollo y crecimiento urbano, como por ejemplo, la contaminación.

Implementación de mejoras en el riego tecnificado.

Incorporación legal de la planificación de los recursos hídricos, como promotores en el desarrollo productivo sustentable de Mendoza.

Gestión formalmente integrada de los recursos hídricos, que compatibilice los distintos usos del agua, priorizando la calidad.

Atención de los desafíos del cambio ambiental global, incorporando instrumentos que tengan en cuenta los efectos sobre el clima y régimen de los ríos.

Establecimiento del principio inderogable de la participación de los usuarios, quedando legalmente establecidos en cada río, los Consejos de Cuenca.

Educación: incorporando requisitos de profesionalización  y garantía de un acceso igualitario a la información y compromiso ciudadano con el cuidado del agua.

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