Lo hicieron el senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez este miércoles en la Legislatura. Según argumentaron los legisladores, el magistrado habría incurrido en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez presentaron este miércoles un documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, en el cual solicitan que se le inicie un juicio político al juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm. Los legisladores argumentan que el magistrado habría incurrido en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Valls y Gutiérrez denuncian que el magistrado Böhm favoreció a una amiga personal con el pago de una indemnización, cuando en realidad debería haberse excusado de participar en la sentencia.

El caso data del año 2001, cuando la jueza Estela Maris Ontiveros sufrió un accidente laboral y tomó una extensa licencia. En el año 2007, se solicitó un Jury de Enjuiciamiento por incumplimiento de sus deberes, pero Böhm se negó a participar del proceso por ser amigo de Ontiveros.

Sin embargo, a la hora de determinar si correspondía otorgarle una indemnización a la jueza, Böhm no se excusó y la favoreció para que le realizaran el pago.

Así, en noviembre de 2013 Mendoza fue condenada solidariamente con la ART a pagar 718.000 pesos a Ontiveros.

Por este motivo, los legisladores denunciantes solicitaron que cuando termine el receso estival en la Casa de las Leyes, se trate en labor parlamentaria el pedido de juicio político contra el magistrado del máximo tribunal de la provincia. Según manifestó la diputada por Unidad Popular, Patricia Gutiérrez, en este caso se da una clara contradicción en el proceder de Böhm, ya que “cuando podría haberla perjudicado se abstiene de juzgarla, pero cuando la beneficia si la juzga”.

“Entendemos que Böhm ha favorecido expresamente a unas persona que el indica como amiga íntima en un proceso anterior”, sostuvo por su parte el senador Gustavo Valls.

Sin embargo esa no es la única causa que los legisladores esgrimen para pedir la destitución de Böhm. «A ello se debe sumar su avanzada edad (78 años) con lo que entendemos y afirmamos que, salvo prueba en contrario, no se encuentra capacitado plenamente para prestar la función de juzgador, lo que evidentemente, no solo en el caso fáctico antes mencionado base del presente pedido de juicio político, sino también en todos los demás casos en que intervenga está en peligro evidente el servicio de justicia con el consiguiente perjuicio para terceros litigantes que acuden al Tribunal en busca de justicia», se puede leer en el documento que entregaron en la Casa de las Leyes.

Para que el proceso prospere será necesaria su aprobación por dos tercios de los legisladores de la Cámara Baja. Luego, el pedido de juicio político deberá ser tratado en Senadores. De aprobarse, Carlos Böhm podría llegar a ser removido de sus funciones.

Los detalles del caso

Durante años, la jueza Ontiveros fue conocida en los Tribunales mendocinos como “la jueza que no trabaja”. Sucede que en el año 2001 la magistrada se tropezó con unos cables en su despacho y sufrió una lesión en la rodilla.

Debido a este episodio, Ontiveros estuvo de licencia durante más de cinco años, por lo que en el 2007 se inició un jury en su contra. Sin embargo, el mismo se cayó luego de que el juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm, se excusara de participar en el mismo por ser “amigo personal” de la magistrada.

Por otro lado, Ontiveros demandó al Estado y a la ART Prevención por su accidente y solicitó una indemnización de casi 5 millones de pesos. Finalmente, en noviembre del 2013, la Suprema Corte condenó a Mendoza, solidariamente con la ART, a pagar 718.000 pesos a la ex magistrada.

Lo llamativo es que en esta oportunidad Carlos Böhm, juez del máximo tribunal de la provincia, no se excusó por su reconocida amistad con Ontiveros.

Fuente: El Sol

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La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Mendoza para 2014 por 24 votos a favor, 22 en contra, una abstención (Jesús Riesco –PS) y una ausencia (Daniel Cassia-PF). Pero el proyecto debe volver al Senado porque no se aprobó el endeudamiento de 1.700 millones que solicitó el Ejecutivo y por lo tanto debe ser revisado nuevamente en la Cámara Alta.

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