En la sexta semana de audiencias del megajuicio por crímenes de lesa humanidad, se terminó con la lectura de los requerimientos fiscales a los imputados. Por su parte la Fiscalía y las querellas pidieron ajustes en las calificaciones y prisiones preventivas y las defensas la nulidad de los elevamientos a juicio.

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Mendoza. En la sexta semana de audiencias el Megajuicio por crímenes de lesa Humanidad se terminó con la lectura de requerimientos a los imputados. Por su parte la Fiscalía y las querellas pidieron ajustes en las calificaciones y prisiones preventivas y las defensas la nulidad de los elevamientos a juicio.

El Tribunal aceptó las acusaciones y rechazó los otros dos pedidos.

El lunes 7 se resolvería si se permite la autodefensa al excamarista Otilio Roque Romano.

Además, algunos imputados, entre ellos el ex juez Francisco Miret, expresaron que van a declarar.

De manera sintética, las desapariciones forzadas deben considerarse homicidio agravado, las torturas y vejaciones como tormentos agravados, los robos realizados por las patotas en el momento y lugar de secuestro de las víctimas se juzgan como robo agravado, los secuestros se califican como privación abusiva de la libertad agravada, la duración de la detención ilegal (que es una agravante) se considera como la sumatoria de los días en todos los lugares en los que se estuvo en cautiverio.

Además Romina Ronda, subsecretaria de Justicia y representante del Gobierno de Mendoza como querellante, consideró y pidió que las violaciones y abusos sexuales se consideren, tal como ya fue reconocido, como torturas particulares dentro del plan sistemático.

Sobre las acusaciones de complicidad, tanto el Ministerio Público como las querellas, coincidieron que en el caso de quienes cumplían funciones en la Justicia Federal y no hicieron en cuanto a la investigación de detenciones ilegales y torturas, aportaron a ese crimen, según palabras del titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.

En este sentido es que el Tribunal dio a lugar la calificación como partícipe primario de los ex magistrados.

Los agentes de la fuerzas de seguridad señalados como encubridores, por ejemplo quienes manejaron los móviles utilizados en los secuestros, fueron considerados coautores de los delitos juzgados.

Finalmente, la comisión de asociación ilícita, contemplada en las acusaciones de la mayoría de los imputados, fue considerada para todos ellos en tanto organizadores o integrantes de un aparato organizado de poder que llevó adelante el terrorismo de Estado.

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Mendoza. Fue durante la sexta audiencia debate donde se continuó con la lectura de las acusaciones por parte de la querella en los juicios por delitos de lesa humanidad de nuestra provincia.

Con la lectura de las causas que detallan el accionar de los ex agentes policiales del D2 y otras intermediaciones policiales, durante la última dictadura militar en nuestro país, se realizó una nueva audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. De la misma manera se realizó la lectura de las imputaciones que recae sobre cada uno de los acusados, las cuales los señala como autores materiales de delitos tales como homicidio doblemente agravado por alevosía, violación agravada, privación abusiva de la libertad, tormentos, robo y asociación ilícita.

La audiencia se vio momentáneamente interrumpida debido a un pedido de la querella, que solicitó dejar constancia de un acto de provocación ocurrido en el Monumento a los Desaparecidos ubicado en las inmediaciones de Tribunales Federales. Como ocurriera en la última sesión, nuevamente la querella pidió la constancia de hechos considerados provocadores, en palabras del doctor Pablo Salinas, dado que en el mencionado monumento fueron colocadas fotografías del dictador Jorge Rafael Videla.

Sobre el fin de la audiencia se pasó a un cuarto intermedio para el día lunes a las 9.30 donde se finalizaría con esta instancia de lecturas para dar inicio al juicio histórico que se desarrolla en nuestra provincia.

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La segunda jornada del mega juicio por delitos de lesa humanidad estuvo marcada por algunos hechos que dieron la nota. A la petición de autodefensa de Otilio Romano se sumó la relación del abogado defensor del ex magistrado Guillermo Petra con organismos de inteligencia durante la última dictadura.

Ayer, apareció Carlos Alberto Carreño como defensor de uno de los ex jueces acusados. Lo llamativo es que el nombre del abogado aparece relacionado al Destacamento de Inteligencia 144 y habría cumplido funciones como Asesor Universitario.

Carreño trabajó en el período comprendido entre 1976 y 1983 como personal civil de inteligencia en este recinto que funcionó en una vivienda ubicada frente a Radio Nacional, en calle Emilio Civit y Martínez de Rozas.

El personal del destacamento de Inteligencia 144 estuvo abocado a la denominada lucha contra la subversión. Dependía orgánicamente del III Cuerpo de Ejército y se vinculaba directamente con el Batallón 601 de Inteligencia con sede en Capital Federal.

Fuente: El Sol

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Mendoza. Será a través de un convenio entre el Instituto de Cine y el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, que busca crear un registro documental de este hecho histórico.

El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, junto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) firmaron un convenio de trabajo con el objetivo, de registrar en formato audiovisual, el 4º juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en nuestra provincia.

El acuerdo firmado por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin y el vicepresidente del INCAA, Juan Esteban Buono Repetto se inscribe en el marco de las políticas nacionales de Memoria, Verdad y Justicia, a través de las cuales se instrumenta el registro profesional en soporte audiovisual del material obtenido en los juicios por la comisión de delitos de lesa humanidad, cuyo objetivo principal es resguardar la memoria colectiva.

El material filmado en soporte de calidad, posibilita la futura guarda para que, una vez finalizadas las instancias judiciales, se cuente con el registro acorde para su posterior conservación como patrimonio documental de toda la comunidad.

El acuerdo firmado representa el convenio número 34 y la causa N°43 que el organismo nacional firma en distintas provincias de nuestro país.

Para el vicepresidente del INCAA, Juan Esteban Buono Repeto, “hay que destacar que es la primera causa en nuestro país que se juzga a miembros del poder judicial. El material registrado será entregado, un vez terminado el juicio, a la Suprema Corte de Justicia”.

El juicio que se estima, dure más de un año, es para Silvia Barales, directora del programa del INCAA, “muy fuerte e irrepetible, es muy importante registrar estos juicios. Trabajan en esta tarea chicos muy jóvenes que seguramente van a vivir un hecho histórico”, precisó.

El programa de registros de los juicios del INCAA tiene una duración de más 4 años y lleva registradas más de 10 mil horas (7 mil en Capital Federal y 3 mil en el interior del país).

Según Juan Manuel González, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, el registro de estos juicios posee “un valor histórico y garantiza las normas y la calidad técnica del material que se registre”.

Esto posibilita, además, volver a ver lo grabado para nuevas evaluaciones que la Justicia crea necesarias”, subrayó González.

Fuente: Subsecretaría de Información Pública

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Con estos procesos se dimensiona, difunde y articula un relato necesario para la reconstrucción de la historia reciente.

Desde hoy, la Justicia Federal juzgará a 41 imputados por las violaciones a los derechos humanos contra más de 200 personas. La sala de audiencias será el Salón de Actos del Poder Judicial de Mendoza.

Se trata de un Megajuicio, dada la particularidad de que será acusado al mismo tiempo un bloque integrado por militares, policías, penitenciarios y ex-magistrados (jueces, fiscales, defensores) de la Justicia Federal. Éstos últimos como partícipes civiles de la represión ilegal aplicada en el plan sistemático de exterminio operado en nuestro país entre 1976 y 1983.

Respecto al tema el gobernador Francisco Pérez señaló “Comienza la segunda etapa de los juicios de lesa humanidad y eso es muy importante después de un trabajo arduo con Cancillería, con el Gobierno Nacional de la repatriación del ex juez Otilio Romano, que va a ser enjuiciado, y todo ese complot que había entre la Justicia Federal, que lo hemos podido desbaratar con los cómplices de la dictadura. Nos parece que es el momento de llegar con un reconocimiento de memoria, justicia y verdad para todos los familiares y las victimas”.

Muchas de las causas que llegan a juicio se originaron en investigaciones de los organismos de derechos humanos trabajadas por décadas y sin resignarse a la impunidad.

El Gobierno de Mendoza, que es también querellante a través de las subsecretarías de Justicia y de Derechos Humanos, convoca en conjunto con los organismos de derechos humanos, la Municipalidad de Capital, la UNCuyo y la Dirección de DDHH y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza a dos actividades previas al inicio de este megajuicio, ambas bajo el nombre: 4º Juicio por delitos de lesa humanidad «Democracia con justicia, futuro con memoria» Derechos Humanos ayer, hoy y siempre.

Los Juicios por delitos de lesa humanidad son posibles tras la nulidad de las leyes de impunidad en 2003. Con estos procesos se reafirma el compromiso con los derechos humanos por parte de un Estado que en los últimos diez años de democracia ha reconocido situaciones de vulneración de derechos.

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