En la sexta semana de audiencias del megajuicio por crímenes de lesa humanidad, se terminó con la lectura de los requerimientos fiscales a los imputados. Por su parte la Fiscalía y las querellas pidieron ajustes en las calificaciones y prisiones preventivas y las defensas la nulidad de los elevamientos a juicio.

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Luego de la muerte de Luciana Rodríguez, la niña de 3 años asesinada a golpes por su padrastro, el gobernador Francisco Pérez le aceptó la renuncia al por entonces director de Protección de Derechos, Fernando Herrera. A pesar de ello, en las últimas horas El Sol Online comprobó que, poco mas de un mes del homicidio de la pequeña, Herrera volvió a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social pero esta vez en la Dirección de Economía Social. Si bien la situación sorprendió a muchos, existen otros casos de similares características.

En los últimos años varios empleados estatales y funcionarios públicos han caído bajo la lupa de la justicia por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo la mayoría de ellos siguen trabajando para el Estado, a pesar de haber quedado imputados y bajo investigación por diferentes causas.

Los casos más recientes en el tiempo son los de los cinco compañeros de trabajo de Herrera, que también han sido imputados por la fiscal de delitos complejos Claudia Ríos. Se trata del operador Rafael Vizcarra; la coordinadora del Órgano Administrativo Local (OAL) de Capital, Vanesa Gianina Consina, Mónica Castro, Fabiana Lucentina y el operador de guardia Mauricio Flores. A pesar de que se les ha iniciado un sumario, según manifestó la directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Patricia Spoliansky, todos retomarán sus actividades cuando se cumplan los 30 días de suspensión dispuestos por el Gobierno.

Algunos de ellos están siendo investigados por abandono de persona y otros sólo por incumplimiento, pero todos seguirán trabajando (en funciones diferentes) para el Ministerio de Desarrollo Social.

Algo similar ocurre con tres empleadas del Ministerio de Salud que son investigadas por cobrar sobreprecios en las matriculas de los profesionales. El fraude millonario en el seno de dicho ministerio se descubrió en abril del 2013. Cuatro empleados que se desempeñaban en la oficina de matriculaciones fueron acusados de incrementar irregularmente el valor de las autorizaciones para los profesionales de la salud y en total le provocaron al Estado un perjuicio cercano a los 2 millones de pesos.

Por este caso, quedaron imputados Mabel Cristina Rivero, Selva Fabiana Nieto y Etel Ivana Musri, pero nunca fueron suspendidas y jamás dejaron de percibir su salario como empleadas de Salud. El día 3 de mayo el por entonces titular de la cartera, Carlos Díaz Russo, firmó una resolución en la que disponía el traslado de las acusadas a otras dependencias del sector. La medida respondió a lo estipulado en el artículo 71 del estatuto del empleado estatal, que determina que «el personal presuntivamente incurso en falta podrá ser suspendido o trasladado, con carácter preventivo y por un término no mayor de treinta (30) días» .

Luego de que se determinara su traslado, las tres empleadas presentaron un parte por enfermedad psiquiátrica y se ausentaron durante meses de su trabajo. Sin embargo, la junta médica determinó que ya estaban en condiciones de reincorporarse y de a poco lo fueron haciendo. Según manifestaron fuentes ministeriales, desde que el nuevo ministro de Salud, Matías Roby, se hizo cargo de la cartera, se han acelerado los procesos y su situación estaría próxima a resolverse.

La investigación penal también quedó en manos de la fiscal de delitos complejos, Claudia Ríos, que determinó como los principales ejes de la investigación la emisión de facturas irregulares y el cobro de montos que escapan al canon normal. La doctora Ríos señaló que se está esperando el resultado de las pericias caligráficas, y agregó que una de las imputadas confesó que había realizado la maniobra fraudulenta junto con las dos restantes

Otro caso de sobreprecios

A mediados del 2013 también se descubrió otro caso de sobreprecios que involucró a funcionarios del Estado provincial. El fiscal especial Santiago Garay imputó al empresario Gustavo Matar, al ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán y a los ex directores de Comunicación de la gestión de Celso Jaque, Pablo Catania y Ricardo Fúnez.

Garay los investiga por administración fraudulenta y fraude al Estado debido a que durante la campaña electoral del justicialismo en el 2011 supuestamente le pagaban al empresario cifras muy superiores a las de mercado. La orden política de cancelar esos servicios habría sido bajada a Fúnez y Catania por Cazabán, su jerárquico, y estos firmaban las órdenes de pago.

Hoy Ricardo Fúnez es el director de Prensa del Ministerio de Seguridad, mientras que Catania asesora al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús. Antes, Catania trabajó junto al diputado nacional Guillermo Carmona.

Tragedia en la Ruta 7: sancionados por mal desempeño

En el marco de la investigación en torno a la tragedia vial ocurrida en San Martín el 7 de febrero, el Ministerio de Seguridad aplicó sanciones a trece policías debido a que no actuaron apropiadamente luego de recibir llamados de advertencia horas antes de que se produzca el siniestro.

Entre los uniformados, figuran agentes que se desempeñan en el CEO, pero también las sanciones apuntaron a policías que se desempeñan en la Comisaría 25, por no atender a un ciudadano que había intentado denunciar al camionero en estado de ebriedad antes de que causara el accidente.

El ministro Leonardo Comperatore pasó a pasiva a un oficial inspector de la Policía Vial Norte y a tres oficiales del Centro Estratégico Operativo (CEO) donde funciona el 911. Hubo al menos tres llamados de advertencia entre las 14.47 y las 15.02 en el que se informaba que un camionero brasileño transitaba en estado de ebriedad.

Fuente: El Sol

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