«Asimismo autorícese al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias a efectos de comprometer la ejecución de los proyectos, así como propiciar su inclusión en los ejercicios siguientes hasta su concreción».
Hasta ahora, el que está más avanzado es Los Blancos, según comentó el gobernador Francisco Pérez, quien admitió que Portezuelo del Viento «está muy lejos de ver la luz», en declaraciones a diario Los Andes.
La obra de la represa de Portezuelo del Viento cuesta 4.495 millones de pesos, unos 535 millones de dólares. El dinero para este dique estaría dentro de las obras hidroeléctricas prioritarias que ha planteado Nación, junto con las centrales Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic (Chubut), Chihuido (Neuquén), Los Blancos (Mendoza) y Caracoles (San Juan).
El diario El Cronista informó que a partir del procedimiento de crisis de la empresa IMPSA, dedicada a obras hidroeléctricas y en una delicada situación por falta de financiamiento a raíz de la cuestión de los «fondos buitre», el gobernador mendocino Francisco Pérez tendría como idea que ese grupo económico pueda presentarse a la licitación de obras importantes como el dique Los Blancos o Portezuelo del Viento, dado que de ganar el concurso podría reactivar sus centros de producción.

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Según Del caño, el aumento de precios de los productos de primera necesidad y la consecuente caída del salario real de los trabajadores activos y pasivos de Argentina son argumento suficiente para este aumento de emergencia y la suba del salario mínimo a $9000. Al respecto, señaló «El anuncio del aumento del salario mínimo a $4400 (y $4700 para Enero) es una nueva burla al bolsillo de los trabajadores dando un aumento por debajo de los niveles de inflación y por debajo de lo reclamado por todas las organizaciones sindicales, sean oficialistas u opositoras. ¿Quién puede vivir con $4400 por mes? Hoy la canasta familiar está más del doble del salario mínimo establecido por el gobierno. La devaluación de la moneda, que llevó el dólar a más de 8 pesos, constituye un golpe feroz sobre la condición social y laboral de trabajadores y jubilados». 
Por su parte, la Senadora Barbeito agregó que «a esto se le sumaron distintos tarifazos como en la luz, el agua y los combustibles. Estos aumentos vinieron impuestos por los acuerdos con las multinacionales petroleras tras el pacto confidencial con Chevron, que les aseguró a estos pulpos el precio internacional de los hidrocarburos y la evolución de los precios de acuerdo al dólar, lo que ha disparado nuevos aumentos». Barbeito también se refirió a la situación de IMPSA al señalar que » el gobierno nacional busca un salvataje de los negocios de Pescarmona, uno de los 40 hombres más ricos de nuestro país. Se le ofrece la posibilidad de estatizar su deuda, sin haberle pedido siquiera que abra los libros de contabilidad para blanquear cuánto ganó en la última década. El ministro Tomada negocia el otorgamiento de planes REPRO para subsidiar los salarios de los trabajadores, pero no dice nada sobre exigirle a IMPSA que reincorpore a los más de cien obreros que despidió dejando a sus familias en la calle en lo que va del año. Para este gobierno las deudas y las crisis las tenemos que pagar con el esfuerzo de todos, mientras que las ganancias solo las disfrutan los empresarios».
Del mismo modo, la autora del proyecto, la Diputada del PTS-FIT Cecilia Soria, que ya tiene presentado el proyecto para prohibir despidos y suspensiones en la provincia, indicó que «según los propios datos oficiales, Mendoza es una de las provincias con peores salarios. Para los trabajadores registrados, el promedio es de $6600, siendo más bajo aún para las mujeres. Pero si contamos a los trabajadores precarizados o directamente en negro, que son un 32% en Mendoza según el Indec, tenemos un promedio de $3500, muy lejos de la canasta familiar. La inflación del 40% licua los aumentos salariales y deteriora el poder adquisitivo del salario de los trabajadores». Y finalizó » por eso, planteamos establecer un aumento de emergencia, un salario mínimo, vital y móvil cercano a la canasta familiar y la equiparación de la jubilación mínima a ese mínimo universal de subsistencia. A la par, mecanismos de actualización que neutralicen la inflación»

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