Los ahora “colegas”, compartieron la primera mañana después de las elecciones y, junto al café y las masitas finas, pusieron varios temas en la mesa, entre ellos: la gestión que viene, las finanzas de la Provincia, las licitaciones pendientes de ocho áreas petroleras y del transporte público de pasajeros, el contrato con el Banco Nación (agente financiero provincial), la situación de los efectivos de seguridad, el pase a planta de los trabajadores estatales y el impacto de la paritaria en el Presupuesto.

Para todo estos ejes, ayer el gobernador radical electo por el 46,46% de los votos, nombró a un “interlocutor técnico” que visitará, durante los seis meses de convivencia, la Casa de Gobierno, con la finalidad de lograr el consenso que necesitarán las políticas que se lleven adelante hasta el 9 de diciembre, día en el que termina la gestión de Pérez.

Este hombre de confianza será Martín Kerchner, el diputado provincial que tuvo un paso importante en el área administrativa de la municipalidad de Godoy Cruz (fue secretario de Hacienda) y hoy será quien reporte de la situación financiera de la Provincia. Incluso, ayer, muchos lo daban como la primera confirmación del futuro gabinete, en este caso, el ministro de Hacienda de la próxima gestión.

El rol que adquirió ayer Kerchner surgió en el desayuno. Si bien no quedó delimitada una agenda, sí quedó el compromiso de que los equipos técnicos de ambos permanezcan en contacto durante estos meses.

“A mí me gusta tener buena información para después opinar y tomar decisiones. Ahora tengo información pero necesito mas precisión”, valoró el encuentro, aunque no del todo conforme, Cornejo.

“Le hice muchas preguntas y él (por Pérez) más o menos las relató, son temas que influyen en la gestión que viene; lo que tiene que ver con el financiero me preocupa mucho. Él dio su versión pero me prometió muchos más detalles con los ministros. Voy a pedirle que algunas personas del equipo técnico de mi confianza empiecen a reunirse, entre ellos Martín Kerchner con el ministro de Hacienda, Juan Gantús”, señaló Cornejo, y agendó para la semana que viene esta reunión entre los contadores.

Dentro de esta agenda, que no prevé un nuevo cara a cara entre los dos referentes, está la audiencia pública que se realizará hoy por la licitación del transporte público. En este punto, el radical dijo que no iba a ir pero sí su equipo de Godoy Cruz que trabajó en el tema a nivel municipio.

La licitación pendiente de las áreas petroleras será otro tema en común. “La prorrogamos por el precio del petróleo en baja, esperamos que hayan mejores condiciones”, señaló Pérez.

Otro de los temas que lo convocará es el convenio con el agente financiero de la Provincia. “Le pedí especial atención con este tema. Es un contrato que vence ahora a fin de año y que podría cambiar o, de mantenerse con el Banco Nación, tener otras cláusulas y distintos proveedores.

En lo personal, no prefiero cambios bruscos, lo ideal es que sea de nuevo con el Banco Nación pero con otro contrato más favorable, al que le haría muchas modificaciones. Que el dinero que se absorba lo preste en Mendoza, no como está pasando en la actualidad”, trazó Cornejo.

En la mesa de desayuno también estuvo el último tema que los enfrentó públicamente, el pase a planta permanente de los trabajadores estatales.

“Le manifesté mi disconformidad”, se plantó el flamante mandatario, y explicó: “Entiendo que se haga con la gente que desde hace muchos años está contratada, pero no con los que están desde el último año, o los que sacaron el Cuil en el 2014. Martín Kerchner está al frente de la estrategia de objetarlo, para eso también necesito detalles de la paritaria que se firmó, cómo impacta en el presupuesto en los meses subsiguientes, todas esas cosas me llenan de preocupación y necesito información mucho más precisa de la que tengo”.

Sin la conformidad de haberse puesto al día con el estado de la Provincia, Cornejo apostó a que el diálogo en los días que vienen le permitirá tener un diagnóstico y prometió que todas novedades las daría a conocer. “Quiero que la opinión pública tenga la mayor información posible para que sepan cómo arrancamos un gobierno y cómo se deja este”, desafió.

Martín Kerchner tiene 40 años, es contador público y según Cornejo es el hombre que le ayudó a ordenar los números en Godoy Cruz. A partir de ahora, será el encargado de dilucidar con qué panorama financiero se encontrará el gobernador electo en diciembre, cuando asuma.

Kerchner, actual diputado, mantendrá una serie de reuniones con el ministro de Hacienda, Juan Antonio Gantús, para desentrañar qué hay detrás de los números que dio Pérez.

Casado y con 3 hijas. Es contador, obtuvo el título de técnico en administración y operador de computadoras y ha cursado la carrera de administración de empresas.

Además, es profesor adjunto de la Cátedra de Finanzas Públicas y Control en la carrera de Contador de la UCA Mendoza.
Cuando apenas tenía 22 años, y según cuenta él mismo en su blog, fue auxiliar del Departamento de Control Interno, en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Luego asesor de la Dirección de Administración en el Ministerio de Justicia y Seguridad y director de Administración del mismo Ministerio desde 2002 hasta junio de 2006, durante la gestión de Julio Cobos.

Kerchner representó al Gobierno de Mendoza como integrante del “Programa Nacional de Coordinación de Adquisiciones para la Seguridad Interior”, creado en el ámbito de la Subsecretaria de Coordinación del Ministerio del Interior de la República Argentina (2005-2006) y fue asesor técnico en distintas áreas del Ejecutivo provincial, en especial en la coordinación económica presupuestaria en congresos y jornadas, organizadas por organismos públicos municipales, provinciales y nacionales.

En la actualidad, es diputado provincial por la UCR y previamente fue secretario de Hacienda de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Cinthia Olivera – colivera@losandes.com.ar

Fuente: Los Andes – http://www.losandes.com.ar/article/perez-y-cornejo-iniciaron-la-transicion

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Mendoza.

El Gobierno de Mendoza informa que a partir del mes de abril el valor de las raciones alimentarias destinadas a escuelas públicas de toda la provincia tendrá un incremento del 30% y un mejoramiento en los plazos de pago.

Por otro lado, se propuso a los proveedores mantener un diálogo permanente para evaluar el sistema de prestaciones en el mes de junio con el fin de convenir nuevos acuerdos.

Del mismo modo, se informó que quienes decidan suspender el suministro deberán comunicarlo por escrito a la Dirección de Promoción al Derecho de la Alimentación, con una antelación mínima de quince días, manifestando claramente la voluntad unilateral de finalizar la provisión.

Esta medida busca garantizar la entrega de las prestaciones alimentarias destinadas a niños y niñas de todos los establecimientos escolares.

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Luego de la muerte de Luciana Rodríguez, la niña de 3 años asesinada a golpes por su padrastro, el gobernador Francisco Pérez le aceptó la renuncia al por entonces director de Protección de Derechos, Fernando Herrera. A pesar de ello, en las últimas horas El Sol Online comprobó que, poco mas de un mes del homicidio de la pequeña, Herrera volvió a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social pero esta vez en la Dirección de Economía Social. Si bien la situación sorprendió a muchos, existen otros casos de similares características.

En los últimos años varios empleados estatales y funcionarios públicos han caído bajo la lupa de la justicia por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo la mayoría de ellos siguen trabajando para el Estado, a pesar de haber quedado imputados y bajo investigación por diferentes causas.

Los casos más recientes en el tiempo son los de los cinco compañeros de trabajo de Herrera, que también han sido imputados por la fiscal de delitos complejos Claudia Ríos. Se trata del operador Rafael Vizcarra; la coordinadora del Órgano Administrativo Local (OAL) de Capital, Vanesa Gianina Consina, Mónica Castro, Fabiana Lucentina y el operador de guardia Mauricio Flores. A pesar de que se les ha iniciado un sumario, según manifestó la directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Patricia Spoliansky, todos retomarán sus actividades cuando se cumplan los 30 días de suspensión dispuestos por el Gobierno.

Algunos de ellos están siendo investigados por abandono de persona y otros sólo por incumplimiento, pero todos seguirán trabajando (en funciones diferentes) para el Ministerio de Desarrollo Social.

Algo similar ocurre con tres empleadas del Ministerio de Salud que son investigadas por cobrar sobreprecios en las matriculas de los profesionales. El fraude millonario en el seno de dicho ministerio se descubrió en abril del 2013. Cuatro empleados que se desempeñaban en la oficina de matriculaciones fueron acusados de incrementar irregularmente el valor de las autorizaciones para los profesionales de la salud y en total le provocaron al Estado un perjuicio cercano a los 2 millones de pesos.

Por este caso, quedaron imputados Mabel Cristina Rivero, Selva Fabiana Nieto y Etel Ivana Musri, pero nunca fueron suspendidas y jamás dejaron de percibir su salario como empleadas de Salud. El día 3 de mayo el por entonces titular de la cartera, Carlos Díaz Russo, firmó una resolución en la que disponía el traslado de las acusadas a otras dependencias del sector. La medida respondió a lo estipulado en el artículo 71 del estatuto del empleado estatal, que determina que «el personal presuntivamente incurso en falta podrá ser suspendido o trasladado, con carácter preventivo y por un término no mayor de treinta (30) días» .

Luego de que se determinara su traslado, las tres empleadas presentaron un parte por enfermedad psiquiátrica y se ausentaron durante meses de su trabajo. Sin embargo, la junta médica determinó que ya estaban en condiciones de reincorporarse y de a poco lo fueron haciendo. Según manifestaron fuentes ministeriales, desde que el nuevo ministro de Salud, Matías Roby, se hizo cargo de la cartera, se han acelerado los procesos y su situación estaría próxima a resolverse.

La investigación penal también quedó en manos de la fiscal de delitos complejos, Claudia Ríos, que determinó como los principales ejes de la investigación la emisión de facturas irregulares y el cobro de montos que escapan al canon normal. La doctora Ríos señaló que se está esperando el resultado de las pericias caligráficas, y agregó que una de las imputadas confesó que había realizado la maniobra fraudulenta junto con las dos restantes

Otro caso de sobreprecios

A mediados del 2013 también se descubrió otro caso de sobreprecios que involucró a funcionarios del Estado provincial. El fiscal especial Santiago Garay imputó al empresario Gustavo Matar, al ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán y a los ex directores de Comunicación de la gestión de Celso Jaque, Pablo Catania y Ricardo Fúnez.

Garay los investiga por administración fraudulenta y fraude al Estado debido a que durante la campaña electoral del justicialismo en el 2011 supuestamente le pagaban al empresario cifras muy superiores a las de mercado. La orden política de cancelar esos servicios habría sido bajada a Fúnez y Catania por Cazabán, su jerárquico, y estos firmaban las órdenes de pago.

Hoy Ricardo Fúnez es el director de Prensa del Ministerio de Seguridad, mientras que Catania asesora al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús. Antes, Catania trabajó junto al diputado nacional Guillermo Carmona.

Tragedia en la Ruta 7: sancionados por mal desempeño

En el marco de la investigación en torno a la tragedia vial ocurrida en San Martín el 7 de febrero, el Ministerio de Seguridad aplicó sanciones a trece policías debido a que no actuaron apropiadamente luego de recibir llamados de advertencia horas antes de que se produzca el siniestro.

Entre los uniformados, figuran agentes que se desempeñan en el CEO, pero también las sanciones apuntaron a policías que se desempeñan en la Comisaría 25, por no atender a un ciudadano que había intentado denunciar al camionero en estado de ebriedad antes de que causara el accidente.

El ministro Leonardo Comperatore pasó a pasiva a un oficial inspector de la Policía Vial Norte y a tres oficiales del Centro Estratégico Operativo (CEO) donde funciona el 911. Hubo al menos tres llamados de advertencia entre las 14.47 y las 15.02 en el que se informaba que un camionero brasileño transitaba en estado de ebriedad.

Fuente: El Sol

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Habrá un límite de hasta 30 hectáreas y de 1.100 quintales por productor. El monto fijado se pagará en 5 meses, abonando la primera cuota en marzo. “Es un gran esfuerzo que se está haciendo desde el Estado provincial” destacó el ministro de Agroindustria.

“El Gobierno de Mendoza puso en marcha el operativo de compra de uva para mosto a un valor de $2,20, financiado en 5 meses. La primera cuota se pagará en marzo”. Así lo anunció el anuncio el ministro de Agroindustria y Tecnología, Marcelo Barg.

El funcionario agregó: “creo que con esto el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante en función de lo que significa darle una respuesta a los pequeños productores. Vamos a tomar un límite de hasta 1.100 quintales por productor, con un tope de 30 hectáreas”.

Barg destacó además, que por parte de los pequeños productores “hay un entendimiento de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno provincial. En esta materia nosotros con el INV y San Juan, venimos insistiendo que estamos en presencia de stock reducido, una cosecha que va a tener la merma más grande de los últimos 15 años. En esto y en función de lo que significa hoy la oferta y la demanda, no tendrían por qué existir estos precios bajos”.

En San Juan se realizó el lanzamiento del mismo operativo ofreciendo pagar $1,65 de contado y $2,05 financiado, según lo anunció el ministro de Producción de esa provincia, Marcelo Alós.

“Los valores que se estaban presentando por parte de los industriales era de $1,20, $1,30 el kilo de uva para mosto. También hablamos de que hay especulación de grupos en lo que se refiere a los precios de uva de varietales. Intervenimos como Estado pero la porción que queremos cuidar es al pequeño productor”, remarcó Barg.

De la conferencia, participaron productores de diferentes oasis de Mendoza, el presidente del INV, Guillermo García; el subsecretario de Industria y Tecnología, Martín Hinojosa; el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Cristian Correa; el superintendente de Irrigación, José Luis Alvarez y el director de Vitivinicultura, Daniel Gallardo.

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Se trata de una decisión del Gobierno provincial de mantener como tasa de referencia la vigente al 31 de diciembre de 2013.

El Ministro de Agroindustria y Tecnología, Marcelo Barg afirmó esta mañana que “No vamos a mover la tasa de interés del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). Creemos que es un esfuerzo importantísimo que hace la Provincia con esta herramienta que es indispensable para la producción mendocina».

Barg aclaró que “las tasas son las que estaban vigentes al 31 de diciembre de 2013, que van desde 0% al 9,4250%, dependiendo de la línea de crédito a la que se accede”.

Para mayor información sobre las líneas de crédito del Fondo para la Transformación y el Crecimiento comunicarse a los teléfonos 4202434/35 , ingresar a la web www.ftyc.gob.ar o dirigirse a nuestras delegaciones en toda la provincia.

Fuente: Subsecretaría de Comunicación Pública

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En el encuentro le solicitaron la convocatoria a paritarias y le entregaron un documento respaldando la Federación Municipal de Mendoza.

El ministro de Trabajo, justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, recibió a integrantes de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Durante la reunión, el secretario General, Héctor Rubén García, le entregó un documento que respalda a la FESIMUNE (Federación de Sindicatos Municipales de Mendoza) y solicitó el llamado a paritarias provincial municipal.

Además, le informaron a Rodolfo Lafalla que en Mendoza tienen representación gremial en 12 de los 18 departamentos.

García explicó que tienen representantes de Federaciones y Sindicatos Municipales de todas las provincias Argentinas, en más de 2.000 municipios y que su más inmediata tarea es profundizar la distribución de la riqueza, luchando por la dignidad y el salario de los municipales argentinos.

Manifestó que tienen buen diálogo con sus empleadores que son los intendentes y que pretenden modificar todas las situaciones que tengan que ver con el salario digno, las condiciones de empleo y la plena vigencia del trabajo decente.

El ministro Lafalla, quien estaba acompañado por la subsecretaria de Relaciones Institucionales, Fernanda Lacoste y el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Rubén Boris, afirmó que el Gobierno siempre media entre los sindicatos o federaciones municipales y los municipios.

“Somos dialogistas y buscamos la mejor y más equilibrada solución para ambos sectores», aseguró Lafalla y puntualizó: «creemos que el respeto entre las partes y la justicia deben estar en toda mesa de negociación. Tenemos las puertas abiertas a los trabajadores, no sólo porque lo llevamos en nuestra militancia y nuestra lucha que es al lado de los trabajadores sino también porque es nuestra responsabilidad de gobierno al servicio de la estabilidad, el derecho y la equidad”.

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Fue por no exhibir precios. Sólo hoy se inspeccionaron más de 130 comercios. Los operativos se realizan desde la semana pasada y continuarán durante toda la semana.

En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Agroindustria y Tecnología, a través de la Dirección de Industria y Comercio (DIyC) y la cartera de Trabajo, Justicia y Gobierno, a través de Defensa del Consumidor y Sub Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, se labraron 22 infracciones a locales comerciales que no cumplían con lo establecido en la Ley de Lealtad Comercial (N°22.802) y la norma de Defensa del Consumidor (N°24.240).

Hasta la fecha se realizaron más de 130 inspecciones en comercios como hipermercados, supermercados, casas de electrodomésticos, agencias y concesionarias de autos y comercios que se dedican a la venta de materiales de construcción. Además se recepcionaron 11 denuncias realizadas a través del 0800 de la DIyC sobre comercios que no exhiben sus precios.

Además de fiscalizar que los precios estén exhibidos y a la vista de los consumidores, los más de 60 inspectores que trabajaron en el operativo, realizaron controles denominados góndola- caja, esto es para verificar que el precio ofrecido en góndola sea igual al cobrado en caja.

Lucas Daniel Pascual, titular de la DIyC, manifestó que «Estos controles que comenzaron el pasado viernes, continuarán durante toda la semana para proteger al consumidor”, y agregó que “queremos transmitir la tranquilidad al ciudadano, a través del trabajo que realizamos en forma articulada diferentes organismos del Gobierno de Mendoza”.

“Le pedimos al consumidor que si detecta irregularidades se comunique con las líneas gratuitas que hay a disposición y que son el 0800-333-3492 de la Dirección de Industria y Comercio; 0800-222-6678 de la Dirección de Defensa del Consumidor, y 0800-222-6722 de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social”, cerró el funcionario.

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Rodolfo Lafalla dio espacio al sector Azul con la confirmación de Ruben Boris. En un plenario en Guaymallén, la central obrera decidió romper relaciones con la gestión de Francisco Pérez por la forma «inconsulta» en que salió Ariel Pringles.

La salida de Ariel Pringles y el ingreso de Ruben Boris a la subsecretaría de Trabajo provocó, por un lado, la ruptura de las relaciones entre la CGT y el Gobierno en la antesala de las paritarias. Y, por el otro, con el recambio en su cartera Rodolfo Lafalla cedió un lugar clave al sector Azul, que había quedado relegado en las modificaciones que Francisco Pérez había realizado en el gabinete.

 A última hora del miércoles, como había anticipado El Sol online, trascendió que Lafalla le había pedido el puesto a Pringles, un funcionario vinculado al moyanista Julio Piumatto -Judiciales federales-, a la CGT mendocina y a la Corriente Peronista. En la mañana del jueves, el ministro de Gobierno confirmó que su reemplazante sería un hombre que no es ajeno a la aspereza con la que se caracterizan las paritarias. Ruben Boris, un hombre que viene desde el PJ de Capital y con experiencia en la gestión en Trabajo.

La incorporación de Boris a la segunda línea del ministerio puede interpretarse a la vez como un lugar cedido al sector Azul. Boris ingresó al Gobierno durante la gestión de Celso Jaque como jefe de gabinete de Juan Marchena. Luego continuó en esa función cuando Mario Adaro estuvo al frente de dicho ministerio y permaneció con el ingreso de Félix González. Durante ese tiempo, Boris participó en las diferentes paritarias, a veces como interlocutor de las ofertas del Ejecutivo.

En 2013, Francisco Pérez cambió la estrategia de negociación y le otorgó a Mauricio Guzmán un rol central. Así, Boris fue relegado a otras funciones, aunque también desde la cartera se señaló que tomó distancia debido a que el Ejecutivo no había cumplido con algunos puntos acordados en la paritaria con los gremios y que eso jugaba en contra a la hora de la negociación.

Ahora, Boris se hará cargo de una cartera que tiene un valor estratégico para el justicialismo de extracción sindical. Trabajo es el ámbito que regula las relaciones sindicales y políticas con los gremios, aquellos más cercanos al oficialismo y aquellos que se muestran críticos respecto del Gobierno. A ello hay que agregar las inspecciones y controles a empresas, tanto privadas como organismos estatales.

Boris será el encargado de arbitrar las negociaciones -una situación que ATE, Ampros y Judiciales han cuestionado, puesto que cumple la doble función de ser juez y parte en el conflicto-, pero no está definido en el Gobierno todavía quién ocupará el rol de interlocutor central que antes detentaba Guzmán -ahora, jefe de gabinete de Lafalla-.

Una ruptura en la armonía CGT-Gobierno

En tanto, en un plenario realizado en el salón Báltico, de Guaymallén -donde juega de local el sindicalista y senador justicialista José Escoda- unos treinta gremios de la CGT mostraron su enojo por la forma en que se decidió la salida de Ariel Pringles, a la que calificaron «de manera inconsulta y equivocada». La decisión tomada desde el riñón mismo del paquismo implicada para el sindicalismo peronista «una ruptura entre el Gobierno y la CGT».

El titular de la central obrera local, Rodolfo Calcagni, había adelantado ya la posibilidad de romper con Pérez. Un detalle que no sería políticamente menor si no se estuviera a las puertas de las paritarias 2014. Para entender cómo puede ser el tenor que tendrán las negociaciones, el propio Calcagni rechazó el techo salarial del 20 por ciento que el Gobierno quiere imponer a los choferes privados nucleados en Sipemom, después del reciente aumento de boleto en un 40 por ciento.

La bronca por la decisión será plasmada en una solicitada. Con todo, desde la CGT se cuidaron de cuestionar al recién elegido Boris y recargaron las tintas en la forma en que Olfi Lafalla decidió el cambio.

No será el único mensaje al gobernador. También se definió el estado de alerta y movilización y se fijó una nueva reunión en la que participarán más gremios. La tensión se dispara de este modo como una previa al inicio de las negociaciones salariales con los gremios estatales, que suelen ser durísimas y ya han anticipado que lo serán. Pero también con gremios de empresas privadas, como Sipemom. Una tensión que se suma al aumento en el boleto del transporte público y al aumento en el salario policial, que puede condicionar la discusión paritaria 2014.

Fuente: El Sol

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Se trata de 45.777 contribuyentes del Impuesto Automotor quienes regularizaron en total $ 40.076.000.

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La empresa Vale depositó $9 millones en concepto de adelanto de regalías. Se trata de un compromiso que debía cumplir la empresa con la Provincia, tal como expresó el Gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, al referirse a la actual situación del proyecto.

“Vale cumplió un compromiso a partir de la asunción de este nuevo CEO, de aportar $ 9 millones, los cuales ya están depositados desde la semana pasada en concepto de regalías a la Provincia” sostuvo el Gobernador en rueda de prensa durante la inauguración de un centro de promoción de salud en el departamento de Godoy Cruz.

Fuentes del Ejecutivo aclararon que esto no implica una continuidad del proyecto, sino un compromiso de la empresa, y que esto forma parte de un monitoreo que realiza el Gobierno de Mendoza.

Por otro lado, el Gobernador aseguró que están ajustando agendas con Eduardo Santana, nuevo CEO de la firma, para reunirse durante el mes de enero.

Desde el Ejecutivo también confirmaron que la empresa Techint dejó de realizar el mantenimiento en la planta ubicada en Malargüe, y que Vale retomó la tarea. El mantenimiento de la infraestructura existente, y la seguridad del predio, entre otras tareas, actualmente se cumple con 130 personas.

Fuentes del Ejecutivo aclararon que el pago de adelanto de regalías y el mantenimiento de la planta por parte de la empresa brasileña, no implica una continuidad del proyecto. Sino que esta información es parte de un monitoreo que la Provincia lleva adelante en forma continua de la situación.

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