Padres, alumnos y personal docente pidieron la intervención del cargo por incumplimiento en el ejercicio de su función y violar los derechos humanos y civiles, tanto de alumnos como del personal que trabaja en la escuela.

Los reclamos que manifiestan, entre otros, son: prohibir el ingreso de algunos estudiantes que no cumplieron con parte del uniforme institucional, humillándolos frente a la comunidad educativa, sin contemplar la difícil situación económica por la que atraviesan los alumnos. Se les prohíbe, incluso a los docentes el uso de jeans, aun sin existir disposición alguna al respecto. Privar de su libertad a un alumno reteniéndolo en la biblioteca, a quien le impidió ingresar al aula por vestir jeans, entre varias situaciones.

Le prohibió además, rendir a una joven embarazada por no vestir el uniforme (debido el tiempo de su embarazo no podía usarlo, tampoco podía adquirir otro).

Según manifestaron los integrantes de la comunidad educativa, han habido hechos de maltrato hacia algunos alumnos que viven a distancias considerables y deben comer en la escuela, a quienes no se les permitió el uso de la cocina para que pudiesen calentar su comida; incluso se les prohíbe el consumo de los alimentos en el S.U.M. o un aula vacía, incluso habiendo temperaturas extremadamente bajas.

Por su parte, los profesores manifiestan haber sido denigrados por su forma de vestir y su forma de trabajar, lo cual los somete a acoso y estrés laboral utilizando siempre frases desafortunadas de parte de la directora, llevándolos al punto de la discriminación, atentando contra la libertad y la dignidad del personal.

En general también se denuncia maltrato, falta de respeto y prohibición de expresarse tanto de alumnos y de padres en las reuniones.

Al momento se han realizado las denuncias pertinentes ante la Dirección General de Escuelas a fin de que el cargo sea intervenido; y también se planteó la situación ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza, sin recibir respuesta alguna.

Cabe aclarar que en la denuncia se aduce que la autoridad viola la Ley 4934 del Estatuto Docente; la Ley 26061 Para la Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,  y los derechos que garantiza la Constitución Nacional, máxima ley de nuestro país.

Nota: estas situaciones planteadas por la comunidad educativa de la escuela Hermana María Mónica Loyarte están debidamente documentadas.

Foto: Reportero XXI

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