El decreto 155 anuncia la licitación de un sistema informático de control de ingreso y egreso de empleados públicos; la necesidad de autorización gubernamental para los cambios de funciones y la cesantía de los empleados que finjan enfermedad.

El gobernador Francisco Pérez anunció la firma del decreto 155 con el fin de hacer más eficiente el uso de los fondos públicos. Este decreto es una ratificación de decretos anteriores que vencen el 31 de diciembre de cada año.

Con este decreto se reafirma la política de control y eficiencia del gasto público y agrega nuevos puntos, entre los que se destacan: la licitación de un único sistema informático y digital de control de ingreso y egreso del personal; la necesidad de autorización por parte del Gobernador de las misiones especiales y los cambios de funciones, quedando exceptuados los cambios de funciones realizados por prescripción médica debidamente constatada por el área de Recursos Humanos; y por último que los empleados que simulen, finjan o denuncien falsamente un accidente de trabajo o enfermedad serán pasibles de cesantía.

En su cuenta de twitter el mandatario provincial adelantó que esta acción responde a la necesidad de “restricción y eficientización del uso de los Fondos Públicos”.

Aseguró que “este decreto prohíbe todo incremento de la partida de personal en todos sus tipos salvo expresa autorización del Gobernador”.

Al respecto, Pérez reveló que “todo contrato de locación cuyos titulares pasaron a Planta, se considera como una baja y no podrán hacerse nuevas designaciones sobre la base de dichos contratos de locación”, afectando a todos los organismos, es decir desde la Administración Central a los entes antárticos y descentralizados.

Estas disposiciones ratifican la política de gestión en busca de un Estado más moderno y eficiente. Además el Gobernador de los mendocinos explicó que “se suspenden los otorgamientos de porcentajes y adicionales siempre quedando a resguardo los acuerdos paritarios” y pidió a los Directores Generales de Administración que realicen “todos los actos útiles para que los agentes que estén en condiciones de acceder a la jubilación lo hagan”, asegurando que «los funcionarios que no cumplan con el Decreto serán solidariamente responsables”.

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