Tal vez por eso, la apertura  de un nuevo local bailable en el ex inmueble de la bodega Panelli de Las Paredes el sábado 10 de mayo pasado causó agitación y denuncias entre los empresarios del rubro, a pesar de que al menos uno de ellos está ligado al emprendimiento del que participan otros  socios. La disco “Juana” cuenta con tres socios: el actual dueño de OX, de apellido Campi, Martín Domínguez titular de la parrilla “Ke Como” de avenida Balloffet y un tercero, que aún permanece en el anonimato.

Según datos extraoficiales, el boliche no tenía el certificado final de obra, que fue firmado a último momento por Eduardo Scalia, a pesar de algunos detalles inconclusos de la construcción como las placas de durlock que delimitaban el cierre con el vecino Plan B, y fueron derribadas por la gente que pretendía ingresar cuando la capacidad ya estaba colmada.

En la inauguración estuvieron presentes autoridades del municipio y, para los escépticos, eso explicaría que, pese que excedieron la capacidad admitida, la gente de Inspección General y el Juez de Faltas no aparecieron por el lugar mientras en los bares pequeños hacían hasta dos controles por noche ese día.

La noche de Juana terminó, según los testigos, con una chica quebrada y varios heridos, mientras la Policía tuvo que usar gas pimienta para contener a algunos inadaptados que no entendían que ya podía entrar nadie más.

Según denuncian otros empresarios del rubro, sólo algunos boliches y bares son controlados, mientras otros que están en infracción no corren la misma suerte. El factor determinante, según afirman, es el parentesco o grado de amistad de los emprendedores con los encargados de controlarlos y no las condiciones objetivas de cada local.

Por eso, algunos de ellos han optado por retirarse del negocio ya que, sostienen, en esas condiciones es muy complicado desarrollar su actividad a la que se le achacan la mayoría de los males vinculados a la diversión nocturna mientras rige el descontrol de las “previas” y fiestas clandestinas.

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) descubrió pacas junto a la escuela Normal en homenaje a dos alumnas desaparecidas en la última dictadura militar. Además renovó autoridades y reconoció por su labor al juez Ramón Pérez Pesce.

 La sede sanrafaelina de la APDHfue a elecciones para renovar autoridades de su mesa directiva que quedó en manos de Patricia Galván, Victoria González y Ricardo Ermili.

La nueva secretaria coordinadora es María de Luján Piñeiro y el resto de la mesa la conforman Silvana Yomaha, Mirna González, Víctor Fraciello, Mariano Spinelli, Rogelio Barón, Patricia Herrera, Carlos Vargas, Fernando Pérez, Luis Berón, Horacio Silva, Rocío Sáez, Sergio Pérez, Judith Recabarren y Eduardo Scalia.

 Este viernes realizaron un acto en la vereda de la escuela Normal, en el que se colocaron dos baldosas por la memoria, en recuerdo de las desaparecidas Sonia Luna y Graciela Quesada Ayub, quienes concurrían a ese establecimiento educativo.

La entidad cada año se distingue a una persona en reconocimiento a su labor social por los derechos humanos. En esta oportunidad el elegido fue el juez Ramón Pérez Pesce quien recibió su reconocimiento en el auditorio de Tribunales.

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