Eso es así porque, al eliminarse la responsabilidad del Estado, los empleados estatales no podrían demandar por la vía civil al Estado en el caso de un accidente laboral, como si lo pueden hacer los trabajadores que se desempeñan en una empresa privada.

“Los empleados públicos contratados en forma directa o trabajadores subcontratados por contratistas del Estado se verían privados de la posibilidad de reclamar y obtener el resarcimiento pleno por los daños y perjuicios que pudieran sufrir a consecuencia de sufrir algún infortunio laboral en ocasión del cumplimiento de sus tareas”, le dijo a Clarín el abogado laboralista, Horacio Schick.

Por su parte, la Asociación de Abogados Laboralistas sostiene que el proyecto “degrada los derechos de los trabajadores dependientes del Estado Nacional porque genera una marcada inimputabilidad para el Estado y sus funcionarios”.

También un documento de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) señala que “el Estado a nivel nacional, provincial y municipal es empleador, en forma directa y a veces indirecta de centenares de miles de trabajadores, agentes o funcionarios, cuyos vínculos se rigen por las normas del empleo público y por la ley de Contrato de Trabajo”. Y agrega que en el desempeño de esas tareas pueden ocurrir “infortunios laborales” que tienen la cobertura de las ART y del derecho al resarcimiento íntegro por los perjuicios no reparados por la Ley de Riesgos del Trabajo. En consecuencia para ATE, la “des-responsabilidad” del Estado “implica para los empleados y funcionarios públicos una discriminación peyorativa respecto a los trabajadores del ámbito privado y una negación de derechos elementos de raigambre constitucional”.

Fuente: Clarín

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