Allí admitieron que los demandantes vecinos han sido más eficientes a la hora de hacer lobby e instalar un relato a nivel nacional, apoyado incluso por publicaciones en medios de comunicación oficiales, dependientes de la Presidencia de la Nación.

La presentación ante la Corte contiene informes técnicos de organismos involucrados en el estudio de caudales y además algunos párrafos en los que se acusa a La Pampa de tomar una posición «cuando menos caprichosa y arbitraria, caracterizada por un posicionamiento cerrado al reclamo de agua del río Atuel más que por una búsqueda de soluciones posibles» .

Sin embargo, ayer los convocados a explicar mantuvieron la prudencia y se cuidaron de dejar siempre la puerta abierta a un hipotético diálogo, teniendo en cuenta las facultades que tiene la propia Corte de establecer instancias de negociación entre las partes.

Simón fue acompañado por Alejandro Gennari (por la UNCuyo, aunque también es consejero del río Mendoza en el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación) y Santiago Ruiz Freites por Irrigación. También estaba el director de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado Amílcar Moyano. Sólo faltaba la representación de la Asesoría de Gobierno para que estuvieran todos los que trabajaron en la respuesta de más de 600 páginas presentada ante la Corte federal a inicios de la semana.

Los argumentos explicados ayer fueron una ampliación de que se hicieron públicos cuando la provincia presentó la respuesta a los planteos pampeanos ante la Corte. Por un lado la cuestión de que el reclamo es el mismo de 1979 y ya es cosa juzgada en la sentencia de 1987, por la que Mendoza puede regar 75.671 hectáreas antes de permitir el paso de escorrentía hacia la vecina provincia. «No puede haber impacto ambiental, ni responsabilidad de Mendoza cuando esta provincia no ha hecho más que usar el recurso cumpliendo con lo establecido en la sentencia», explican.

Todos los presentes recuerdan que Mendoza nunca llegó a regar 50 mil hectáreas y que no alcanza el caudal para cumplir con la sentencia de la Corte. Además en aquel fallo, la Corte exhortó a que ambas provincias negocien los usos futuros e hicieron hincapié en que exhortar no es obligación, aún cuando Mendoza se ha mantenido abierta al diálogo.

Ayer agregaron más datos sobre este tema. Si por usos futuros de aguas se entiende lo que pueda recuperarse por inversión para mejorar la eficiencia en el riego, Mendoza ha hecho una millonaria apuesta para ello, de más de 150 millones de dólares desde el momento en que la Corte sentenció en favor de la provincia. Quizá la inversión más grande es la del Canal Marginal del Atuel.

Además ayer todo el grupo que se sometió al escrutinio de la prensa, admitieron algo que siempre caldea los ánimos en Alvear: hoy pasa hacia La Pampa una escorrentía natural de entre 8 y 10 metros cúbicos por segundo. Cabe recordar que los regantes alvearenses se han manifestado duramente porque los caudales de riego no alcanzan a cubrir sus necesidades y los períodos de corte del suministro los obliga a regar cada dos semanas o más.

Pero además, en la presentación de Mendoza se incluyen estudios científicos sobre el efecto del calentamiento global, que provoca el retroceso de glaciares y la merma de las nevadas que afectan directamente el caudal histórico del río Atuel, unos 33 metros cúbicos por segundo de media anual. Por estos elementos climáticos los técnicos mendocinos entienden que la situación no sólo no mejorará, sino que tenderá a empeorarse, por lo que el reclamo de La Pampa es casi ingenuo y no parece otra cosa que una posición política, porque la vecina provincia podría haber mejorado las condiciones de riego y desarrollo si hubieran deseado hacerlo, a través de inversiones de obra pública.

Además agregan que tampoco hay violación al derecho humano de acceso al agua potable, porque Mendoza, en acto de buena voluntad, suministra agua a la localidad pampeana de Santa Isabel desde la localidad sanrafaelina de Punta del Agua.

Simón recordaba ayer que «Mendoza tiene menos del 4% de su superficie irrigada, La Pampa cerca del 70%, además el crecimiento económico relativo de Santa Isabel es mayor que el de General Alvear y San Rafael. Sin contar que Santa Isabel cuenta con el doble de precipitaciones que Mendoza».

Fuente: Los Andes –

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Para esta época del año en la provincia siempre es esperable una suba estacional en el valor de este producto traccionada por la baja en la producción local, el ingreso de tomate primicia de invernadero, y producto que viene del Norte. Sin embargo, en 2015, el profundo aumento es consecuencia de las abundantes precipitaciones que se produjeron en el noroeste de nuestro país y que afectaron los rendimientos de las producciones que hoy deberían estar disponibles en los principales mercados frutihortícolas de Argentina.

Datos del sistema de información de precios de mercado mayorista del IDR muestran que mientras durante la primera semana de abril un kilo de tomate perita rojo grande se comercializaba a $ 5,56, durante la segunda semana de mayo se registró a $ 14,44 el kilo. De hecho, solamente entre la primera y la segunda semana de mayo el precio creció 46%.

“En relación a los precios de este año, comparados con respecto al año pasado, se nota un incremento a esta altura del mes. Hay que tener en cuenta la escasez de tomate de producción del noroeste del país por falta de maduración, que se produjo por las inundaciones, lo cual se va a ir normalizando en dos semanas aproximadamente. Con el ingreso de este tomate de producción norteña se espera que baje sensiblemente el precio del tomate, por la mayor oferta”, estimaron desde el IDR.

Mendoza tiene 363 hectáreas cultivadas con tomate redondo y unas 2.747 hectáreas con tomate perita, principalmente destinado para industria.

“Desde junio y hasta mediados de julio se produce el ingreso de la cosecha de tomate fresco que se plantó en marzo, en el norte del país. Por esto podríamos decir que el aumento es transitorio, ya que se produjo un bache porque dejó de operar la zona de Cuyo. La zona de La Plata también bajó su producción, pero es lógico que vaya bajando el precio a medida que ingresa la cosecha”, indicó Cosme Argerich, experto en tomate, del INTA.

Un problema nacional

El problema de aprovisionamiento afecta a todo el país. Desde la semana pasada, la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires emitió un comunicado solicitando que “ante la merma transitoria en los volúmenes de ingreso de tomate a los centros de comercialización, el Mercado Central sugiere el remplazo momentáneo de los productos que pudieran verse afectados”.

Se estima que los argentinos consumen anualmente 16,9 kilos per cápita de tomate en fresco por lo que la hortaliza es importante en la dieta del país.

Juan Perlo, presidente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina, le bajó el tono al aumento.

“Acá no se trata de especulación de los mercados, ni nada de eso. Simplemente estamos frente a una contingencia climática que nos ha producido un bache en el suministro de tomate. Con una menor oferta, el precio aumenta y eso es lo que estamos observando. No obstante, es una situación que durará 10 días más y luego tendremos el ingreso nuevamente del tomate del norte, que hará bajar los valores que hoy se registran”, sostuvo.

El dirigente analizó que, por las altas temperaturas que todavía se registran para la época del año, “los consumidores se vuelcan a comprar lo hortalizas de alto consumo en verano, como tomate y lechuga, pero con la llegada de temperaturas más bajas, la demanda también baja y en 15 ó 20 días vamos a estar inundados de tomates a bajos precios. No hay que irse tan atrás en el tiempo, para recordar esas épocas cuando las personas sólo consumían tomates de latas en esta altura del año. Con las nuevas tecnologías, la producción de invernadero, entre otras cosas, hace que la estacionalidad del producto sea menor”, señaló Perlo.

El bolsillo del consumidor

El tomate no escapa a las generales de la ley de oferta y demanda. Por lo tanto, una producción restringida, genera aumento a los operadores de los mercados mayoristas, que se ven cristalizados directamente en los precios que pagan por los productos los consumidores finales.

“En esta época es esperable un aumento que normalmente ronda entre el 35% y 40% en el precio del tomate, ya que la provisión llega del norte y los precios de los fletes, que se han ido a las nubes, influyen en el precio final del cajón. Sin embargo, por los problemas en otras regiones, este año han aumentado mucho más el precio y llevamos unos 45 días de aumento. Como en esta temporada no tenemos tomate de Mendoza, traer de otros lados tiene costos más elevados”, sostuvo Luis Vidal, mayorista de frutas y verduras quien trabaja en el Mercado Cooperativo del Este.

Fuente: Los Andes

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La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple este fallo, pero además que «ha sido la causante de un inmenso daño social en el noreste» de la provincia, una región «que fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río».

La demanda apunta a Mendoza, pero cita como «tercero obligado» al Estado Nacional, al que le reclama su «responsabilidad histórica en la negligente administración del complejo Los Nihuiles» y en consecuencia también lo hace parte del reclamo de «reparar y recomponer los daños causados».

Se trata de la construcción, hace más de 60 años, del complejo hidroeléctrico Nihuiles en el sus de Mendoza, íntegramente sobre el río Atuel, virtual origen del diferendo entre ambas provincias, con la participación del Estado Nacional.

La demanda fue firmada por el gobernador pampeano, Oscar Jorge -quien había anunciado la acción judicial durante el IV Congreso Pampeano del Agua- y el fiscal de Estado provincial, José Vanini, con el patrocinio del abogado constitucionalista Gregorio Badeni.

Según el Estado pampeano, Mendoza redujo sensiblemente el caudal hídrico para el territorio pampeano, «privando a su población de desarrollar una vida digna» y causando, además, «un significativo daño ambiental, que debe ser remediado e indemnizado».

En ese contexto, incorporó argumentación sobre «caudales ambientales y productivos, tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad del agua que deberá llegar a territorio pampeano».

La demanda, de unas 400 páginas más anexos con más de 10 mil fojas, fue presentada este mediodía ante la Corte Suprema, que por tratarse de un conflicto entre dos estados provinciales intervendrá como «competencia originaria», es decir tribunal de única instancia.
El diferendo entre La Pampa y Mendoza es de los que suelen concitar por parte de la Corte la convocatoria de audiencias públicas.

Fuente: El Sol

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Una mujer en Nueva York demandó a Google por permitirle a su hijo gastar 65,95 dólares en «cristales» mientras jugaba al Marvel Run Jump Smash en su tableta con Android.

La demanda acusa a Google de enriquecerse injustamente y violar las leyes de protección al consumidor, al permitir que los niños compren elementos dentro de la aplicación, una modalidad que se conoce como freemium , y que es cada vez más popular en el mundo de los dispositivos móviles (con Android, iOS o Windows Phone), y también está presente en Facebook y otros servicios digitales.

El modelo freemium implica ofrecer gratis una aplicación -sobre todo, juegos- y habilitar ciertos elementos, o permitir un progreso más rápido dentro del juego, comprando objetos virtuales, pero pagando dinero real; es un modelo comercial mucho más exitoso que pedir un pago inicial por acceder a todas las funciones de un juego.

No es la primera vez que sucede; a principios de este año Apple le pagó 32,5 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) en compensación por no haber alertado correctamente a los padres que sus hijos estaban gastando dinero en productos virtuales, según reporta GigaOm.

Las compras con dinero requieren ingresar una contraseña para autorizarlas; en el caso de Google, la validación se mantiene durante media hora, por lo que cualquier compra -que muchas veces aparece como un cartel que los chicos no suelen leer- hecha durante ese período no necesita revalidarse, tal como indica la página oficial de Google.

Fuente: QUO

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La UCR subió la apuesta y advirtió que podría demandar judicialmente al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, si el oficialismo no retira del proyecto de presupuesto 2014 el endeudamiento previsto para el año que viene.

Así lo indicó el senador radical Juan Carlos Jaliff. El legislador explicó que Tanús podría incurrir en el delito de “falsedad ideológica” si mantiene en el proyecto oficial los artículos que habilitan al Gobierno a endeudarse en 2014 por 1.700 millones de pesos, a fin de enfrentar pagos de la deuda pública y asumir “gastos esenciales” de la administración.

Las decisiones en la oposición serán tomadas, de todos modos, este jueves, cuando el presidente de Diputados eleve al Senado el proyecto que aprobó la Cámara Baja el lunes, en medio de una fuerte polémica.

Jaliff en persona será el encargado de revisar que los artículos del endeudamiento ya no estén para la discusión en la cámara revisora, que fijó fecha para el tratamiento del presupuesto este viernes.

El legislador advirtió en este sentido que Tanús tendrá “responsabilidad institucional y como funcionario” si persiste con la redacción original y que en ese caso la UCR podría acudir a la vía judicial de inmediato, sin esperar a que el presupuesto tenga sanción definitiva.

Votos. El conflicto estalló el lunes en el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados. Después de mucho tironeo con la oposición, el oficialismo consiguió aprobar la pauta de gastos de 33 mil millones de pesos por un margen muy estrecho.

El problema es que también se aprobaron por mayoría simple los artículos referidos al endeudamiento, a pesar de que la Constitución provincial ordena en su artículo 41 que este tipo de autorizaciones cuenten con el visto bueno de dos tercios de la cámara.

Por esta razón, el oficialismo casi no festejó el logro. Tanús declaró a los medios que el presupuesto se aprobó de esa manera para cumplir con la urgencia del gobernador Francisco Pérez y dijo que el PJ necesitaba “avanzar con el tratamiento” del proyecto, pero sugirió a la vez que podría retirar de la pauta los artículos 65 y 65 bis, que son los que autorizan al Gobierno a utilizar el endeudamiento.

Estrategia. Unos y otros creen que la estrategia del radicalismo en Diputados fue satisfactoria y puso en aprietos al PJ. La maniobra consistió en rechazar el presupuesto 2014 en general y en particular para que el oficialismo no tuviera dos tercios de los votos en ningún caso. Hay que recordar que en 2010 los radicales perdieron una batalla parecida en la Corte debido a que sí avalaron la pauta de gastos en general.

Ahora el panorama es distinto y los radicales están entonados para la pelea política en el Senado. La finalidad siempre fue reducir el endeudamiento de Pérez, pero como se dieron los acontecimientos, se encuentran frente a la posibilidad de bloquearlo completamente.

Jaliff aprovechó la situación y sostuvo que los diputados del oficialismo no cumplieron con la instrucción del propio gobernador, quien a fines de la semana pasada abrió un canal de negociación con la oposición por el presupuesto.

Hay que recordar que Pérez indicó el sábado pasado que todos los ministros y autoridades legislativas debían ocuparse «por todo el tiempo que sea necesario a discutir y debatir junto con la oposición el presupuesto, para que la Provincia de Mendoza funcione de forma normal y habitual a partir del 1 de enero del 2014″.

“Acepto que en este debate, y mediante el consenso político necesario, se revise el nivel de endeudamiento y el resto del articulado, en el marco de la razonabilidad que demanda la realidad de nuestra Provincia, y a fin de no afectar los servicios esenciales del Estado», puntualizó también el gobernador en ese comunicado.

Fuente: El Sol

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