El Ministerio de Justicia, Trabajo y Gobierno informó que llegó a su fin el conflicto por el cual el Sindicato de Gas y Petróleo Privado había levantado un bloqueo sobre la planta fraccionadora y distribuidora de gas envasado afectando con ello a miles de mendocinos que utilizan tanto las garrafas para calefaccionar sus hogares y cocinar, como a una veintena de escuelas que no pudieron obtener la recarga de sus zeppelin y que debieron suspender sus clases estos días.

El conflicto terminó dentro de las 24 horas de emplazamiento que había interpuesto el Gobierno de la Provincia de Mendoza a través de dos acciones urgentes interpuestas a través de Defensa del Consumidor, en nombre de todos los usuarios mendocinos, y de Fiscalía de Estado que impuso una presentación ante la Justicia Federal.

El ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, informó de esta manera que llegó a su fin el conflicto que afectaba al sector del gas licuado envasado en la provincia. Ya durante la mañana del viernes el Gobierno Provincial había establecido una medida junto a la Policía de Mendoza por la cual se liberó de las distribuidoras 8 mil garrafas en stock para poner a la venta en las zonas afectadas y de ese modo acercar la ayuda urgente a quienes más lo necesitaban.

Acciones del Gobierno

A partir del jueves, el Gobierno de la Provincia abrió dos frentes para accionar a favor de los usuarios de gas envasado de toda la Provincia, que están sufriendo con la falta de disponibilidad de garrafas y los miles de niños que se han quedado no sólo sin poder cursar en sus colegios sino que además muchas de las escuelas afectadas son de jornada extendida y escuelas albergue, por lo que miles de chicos no tuvieron clases ni llegaron a desayunar, almorzar ni merendar en sus colegios como lo hacían.

Las medidas tomadas por el Gobierno llegaron a la Justicia provincial y nacional, en defensa de los mendocinos que requieren de este servicio básico y esencial para calefaccionarse y alimentarse, sobre todo en plena ola de frío como la que afecta al país.

En este sentido, Sergio Rocamora de la Dirección de Defensa del Consumidor explicó que ya se emplazó a 24 horas al Sindicato de Petróleo y Gas Privado, a garantizar las prestaciones mínimas del servicio de gas envasado en toda la provincia.

“La notificación tiene por objetivo no continuar vulnerando los derechos de los usuarios y consumidores, y que, en caso de que el sindicato no acate esta medida se instruirá una infracción y se le abrirá un sumario sancionatorio de que conlleva una multa de hasta $ 5.000.000″, indicó Rocamora.

Además, en representación del Gobierno Provincial, Defensa del Comsumidor presentó ante la Justicia Federal una medida judicial y administrativa autosatisfactiva (pedido de acción urgente judicial) para que se garantice el servicio mínimo de gas de petróleo licuado. Esta acción va dirigida al sindicato, fraccionadora y distribuidora, debido a que el estado nacional, provincial y municipal se ven afectados en los servicios esenciales.

Fiscalía de Estado, a cargo del Dr. Fernando Simón, por su parte, hizo una presentación de urgente respuesta ante la Justicia Federal en nombre de las poblaciones más afectadas por la medida del sindicato, como son las constituídas por niños, ancianos, discapacitados y familias en situación de vulnerabilidad social.

Fuente: Prensa Gobernación – http://prensa.mendoza.gov.ar/luego-de-la-intimacion-del-gobierno-el-sindicato-de-gas-levanto-el-paro-que-afectaba-a-la-provincia/

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En el contexto del pleito que sobre el río Atuel se dirime actualmente ante la Corte Suprema de la Nación a partir de una demanda interpuesta por La Pampa contra Mendoza, es responsabilidad de la asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado de Mendoza responder algunas versiones periodísticas que se han realizado en los últimos días, conteniendo diversas inexactitudes estructurales, con un discurso tendencioso en favor de los intereses de una provincia frente a otra.

Con ese objetivo, desde la Asesoría de Gobierno indicaron que las inexactitudes son manifiestas cuando se asume un enfoque maniqueísta de “buenos” y “malos”, descontextualizando y tergiversando no sólo la realidad histórica que llevó a la situación existente, sino también el contenido de las decisiones judiciales existentes.

En su respuesta, el organismo mendocino consideró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya atendió el planteo pampeano que hoy se repite. Allí, claramente realizó no sólo un detallado análisis de las políticas de desarrollo que en la historia se realizaron en ambos territorios provinciales (donde el abandono de emprendimientos en territorio pampeano tuvo más que ver con las dificultades de acceder a mercados –entre otras causas, por falta de ferrocarril- que por la posterior utilización del agua en Mendoza), sino que además descartó que el uso actual del agua en Mendoza implicaba algún abuso de derecho o ilegalidad.

La Asesoría de Gobierno entiende que aunque la Suprema Corte señaló la interprovincialidad del río, esta verdad es a medias si no se completa, y se presta para la confusión malintencionada.

Es que junto a esa interprovincialidad, el máximo tribunal de la Nación señaló un derecho en favor de Mendoza para mantener los usos actuales hasta por 75671 hectáreas, rechazando la pretensión pampeana de caudales por la insuficiencia de los mismos. Y sólo eventualmente, en caso de que se generaran usos futuros sobre esa realidad existente, recomendó a las provincias negociar en vistas a un uso equitativo y razonable.

Ese reconocimiento a un “uso actual” en hasta 75671 hectáreas por Mendoza, y la recomendación para eventuales usos futuros, se encuentra contextualizada en un complejo y detallado análisis que la Suprema Corte concreta a partir de las pruebas periciales, y en base al cual sostiene que la eficiencia en el uso del agua en Mendoza no representa un derroche injustificado de agua (considerando 103), entendiendo entonces que en las circunstancias actuales de eficiencia y superficie reconocida a favor de Mendoza no hay excedentes de agua posibles para su uso en La Pampa, y que incluso si se optimizara la eficiencia hídrica a niveles sustancialmente superiores, aun así existiría déficit en el derecho reconocido a los usos mendocinos, situación que sólo se superaría con otras obras de recuperación de caudales (considerando 110).

Con esto, desde Asesoría de Gobierno consideran que el análisis íntegro del fallo referido muestra que, más allá de la interprovincialidad que reconoce, no existe ilegalidad en el regadío mendocino ni se puede sostener seriamente un incumplimiento por parte de Mendoza.

A partir del Considerando 111, la sentencia analiza las obras que conforme a los peritajes serían técnicamente viables para producir un excedente hídrico para que, además de satisfacerse los usos en Mendoza, se pudiera disponer de caudales a favor del territorio pampeano. Esta línea de acción, que de acuerdo a los informes periciales no puede ser suplida por un mejor manejo de embalses, no es de fácil concreción ya que demandará “fuertes inversiones, grandes esfuerzos humanos, aun sacrificios y un tiempo considerable” y si fuera iniciada de inmediato “superaría fácilmente más allá de la segunda década del próximo siglo” (Considerandos 114 y 115), resaltando especialmente en el análisis judicial que de acuerdo a las pericias tales obras no resultan ni “financiera ni físicamente posibles”, y que tampoco se ha acreditado “clara y convincentemente” la existencia de usos benéficos futuros “que justifiquen el conjunto de los trabajos que han descripto los peritos hidráulicos” (considerando 124).

En esta línea, la Asesoría de Gobierno de Mendoza estima que lo que se omite bajo la “media verdad” de la interprovincialidad del río es que la Corte ya ha resuelto la legalidad y justicia del mantenimiento de los usos históricos realizados en Mendoza y la insuficiencia de caudales para atender otros usos, y que la eventualidad de usos futuros por parte de ambas provincias dependen de que cambien las circunstancias mediante obras que resultan técnicamente complejas y financiera y económicamente inviables (sin que exista estudio alguno posterior que permita replantear este tema).

Por qué no prosperó el acuerdo en 2008

El acuerdo suscripto en 2008 buscaba avanzar justamente en la realización de obras en conjunto, pero fue desestimado por la Legislatura de Mendoza, no caprichosamente, sino basado –entre otras causas- en la situación climática reciente (insuficiencia de caudales por marcada disminución de nevadas, crisis hídrica y sequía), y en informes de organismos técnicos que cuestionaban la legalidad de ciertos aspectos del texto suscripto (especialmente, que disponía en transgresión al fallo judicial un caudal inmediato hacia el territorio pampeano, sin obras de recuperación previa que permitieran su generación en perjuicio de los actuales usuarios).

La Asesoría de Gobierno consideró también que se está omitiendo en el análisis efectuado que luego de la sentencia de 1987, ambas provincias arribaron en 1992 a un acuerdo en el cual Mendoza ha cedido el uso de una fuente hídrica externa a la cuenca del río Atuel (Punta del Agua), construyéndose en territorio mendocino una planta de potabilización y un acueducto que brinda suministro hasta para 6000 habitantes de las localidades pampeanas de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Es decir que Mendoza, dentro de sus acciones de buena vecindad, actualmente suministra agua para el doble de la población existente en la zona pampeana involucrada en el conflicto.

Por último, el organismo del Gobierno de Mendoza evaluó que sería importante que todas las instancias nacionales –sean políticas, técnicas o periodísticas- retomen todo análisis del conflicto con integridad y objetividad, sin tendencias e imparcialidades que generen confusiones, aumenten las tensiones, y consecuentemente dificulten el diálogo y toda posible solución entre ambas provincias.

Fuente: Prensa Gobernación – http://prensa.mendoza.gov.ar/la-asesoria-de-gobierno-se-pronuncio-sobre-el-conflicto-del-atuel/

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Mendoza.

«La administración del recurso hídrico ha marcado el desarrollo histórico de los mendocinos y como consecuencia de ello la provincia de Mendoza mantiene un conflicto de muchos años con la provincia de La Pampa que continúa en diversas instancias políticas, administrativas y judiciales», expresó Vaquié, para agregar que «la resolución del mismo definirá gran parte de las posibilidades de desarrollo de los departamentos Malargüe y General Alvear a partir de los emprendimientos y obras relacionadas con el trasvase del Río Grande al Río Atuel, el aprovechamiento integral del Río Grande a través de la Presa Portezuelo del Viento y la ampliación de la zona irrigada por el Río Atuel hasta alcanzar 75.761 ha y, a partir de allí, dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987) que definió el status quo entre Mendoza y La Pampa en relación a la inter-jurisdiccionalidad del Atuel y la utilización de sus aguas.»

«Atento a la continuidad del conflicto, desde el Centro de Estudios Fundamentos de la Fundación para la Ciudadanía y el Desarrollo hemos elaborado el presente documento que pretende aportar una visión estratégica respecto del sentido y orientación que deberían tener las políticas de estado en relación al aprovechamiento del recurso hídrico», finalizó el legislador nacional.

A continuación se transcribe el Resumen de este documento:

Datos básicos

• El Atuel tiene un caudal medio anual de 34,7 m3/s y riega los departamentos de San Rafael (parcialmente junto con el Diamante) y Alvear.

• El sistema de diques (Nihuil y Valle Grande) permite el aprovechamiento hidroeléctrico y el almacenamiento de agua para suplir el faltante estacional (riego de primavera).

El conflicto con La Pampa y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el juicio interpuesto por La Pampa contra Mendoza por el uso intensivo de las aguas del Atuel. Los principales puntos del fallo son:

• La inter-provincialidad del río Atuel, dando validez a los argumentos pampeanos;

• El reconocimiento de la superficie irrigada en Mendoza; es decir el respeto por los usos consuntivos (riego) actuales de la cuenca. Reconoce un derecho de riego para Mendoza de 75.761 ha.

• El volumen de agua que corresponde a Mendoza y la eventualidad de caudales asignados al territorio pampeano; esto significa, el volumen de agua necesario para regar 75.761 ha en territorio mendocino, en la idea que tal derecho debe ser ejercido razonablemente (principio de razonabilidad). Este punto se relaciona con la eficiencia de riego del sistema, reconociendo que Mendoza no derrocha el agua y hace un uso razonable de la misma y por lo tanto no hay excedentes de agua para su uso en La Pampa. Y aún más, si mejorara la eficiencia (cosa que ha ocurrido desde 1987 a la fecha) tampoco habrían excedentes. La Corte considera que sacarle usos a nuestra provincia generaría un gran daño económico.

• Los usos futuros; la Corte prevé usos futuros del agua de riego del Atuel fuera de nuestra provincia a partir del momento en que Mendoza riegue por lo menos las 75.761 ha previstas. Hasta el momento solo es posible hacerlo en poco menos de 50.000 ha. Una vez alcanzadas las 75.761 las partes las partes deberán negociar la instrumentación de los usos futuros.

Dice el fallo: «El respeto del uso preexistente en Mendoza resulta una obligación jurídica que la Corte impone como asignación equitativa y razonable entre las partes, la exhortación a celebrar acuerdos sobre usos futuros implica meramente llamar la atención a las partes sobre la constante necesidad de cooperar y negociar en el marco de la comunidad de intereses que implica un curso de agua compartido»

El primer planteo del daño ambiental

En 1997, organizaciones ambientalistas pampeanas reclamaron ante la Corte que se convoque a La Pampa, Mendoza, al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Secretaria de Ambiente a una audiencia oral y publica a efectos de establecer acciones concretas para el cese inmediato del supuesto daño ambiental colectivo generado en La Pampa y a garantizar un caudal fluvio-ecológico mínimo en el curso inferior del Atuel.

La Corte Suprema en un nuevo pronunciamiento (marzo 2009) desestimó la petición, considerando el caso agotado con la sentencia de 1987.

¿Qué está en los medios en estos días? – El segundo planteo de daño ambiental

Recientemente los medios refieren la posibilidad que La Pampa inicie acciones legales a Mendoza por un supuesto daño ambiental basándose en la ley 25675 Y en forma autónoma del juicio anterior.

El 4 de febrero de 2014 la Corte se declara competente en una causa iniciada por un particular (Miguel Ángel Palazzani, por daño ambiental colectivo contra Mendoza y solicita se ordene el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico y que en plazo razonable se garantice el uso equitativo de las aguas) y da traslado a Mendoza de la demanda interpuesta. Cita además al Estado Nacional y a La Pampa. Deniega la medida cautelar solicitada y pide a Mendoza que informe al Tribunal sobre:

• Si el Convenio Marco del 2008 entre la Nación, Mendoza y La Pampa firmado por Randazzo, De Vido, Jorge y Jaque fue ratificado por la Legislatura provincial y/o en su defecto cuales fueron las gestiones del Ejecutivo provincial para lograr ese propósito;

• si elaboró los proyectos ejecutivos para las obras de impermeabilización previstas y de recrecimiento del Marginal del Atuel

• si culminó la ejecución del Marginal del Atuel contemplando un caudal de diseño que permita el traslado del agua a La Pampa

• si elaboró junto a La Pampa el proyecto ejecutivo de la obra entre Carmensa y La Puntilla (La Pampa) y el diseño de las redes freatimétricas y de medición de caudales.

En agosto de 2008 el tándem Jaque (Pérez – Pombo) – Jorge (Morisoli – Lastiri) – Randazzo (Interior) – De Vido (Planificación Federal) firman un Convenio en relación al Río Atuel e incluyen forzadamente al Aprovechamiento Integral del Río Grande (Dique Portezuelo del Viento y Trasvase del Río Grande al Río Atuel).

El mismo prevé que Mendoza elaborará los proyectos ejecutivos para impermeabilización de la red principal de riego del Atuel y el recrecimiento del Marginal para transportar el mayor caudal que será destinado a La Pampa; Mendoza culminará los tramos faltantes del Marginal; Mendoza y La Pampa elaborarán el proyecto ejecutivo del canal de Carmensa a La Puntilla (La Pampa) ; red de freatímetros y de medición de caudales.

Prevé que Mendoza y La Pampa cuenten con las ratificaciones legislativas (Clausula Séptima a); que La Pampa tenga ratificación legislativa para efectuar inversiones en territorio de Mendoza (ídem b). La Pampa y Mendoza ratifican el compromiso de compartir en partes iguales la mayor disponibilidad de agua producto de las obras (caudal medio referencial de 10m3/segundo); crea la Coordinación Técnica del Atuel vulnerando las competencias del Departamento General de Irrigación.

Además, en la Cláusula Décima inciso k) prevé una escorrentía permanente en el Río Atuel en la Provincia de La Pampa

PROPUESTA

Desde la Unión Cívica Radical proponemos:

1) Rechazar inmediatamente en ámbito legislativo y por unanimidad política el Convenio Marco firmado por el Ministro del Interior, Cr. Florencio Randazzo, el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido, el Sr. Gobernador de la Provincia de la Pampa, Cr. Oscar Mario Jorge y el Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza, Cr. Celso Jaque, firmado en fecha 07 de agosto de 2008.

2) Activar las acciones legales para recuperar los montos de regalías hidroeléctricas correspondientes a los Nihuiles irregularmente percibidas por la Provincia de La Pampa en desmedro de la Provincia de Mendoza.

3) Reafirmar los derechos de Mendoza sobre el Río Colorado y rechazar las extorsiones que sufre nuestra provincia para el aprovechamiento integral del mismo.

4) Ejecutar un Plan de Desarrollo Forrajero y Ganadero en el Departamento de Malargüe con aguas del Río Grande sin afectar su trasvase al Río Atuel.

5) Realizar una verdadera Política de Estado con todos los actores institucionales, económicos y sociales, garantizando la transparencia, sobre el conflicto del Atuel y el aprovechamiento integral del Río Colorado en particular y sobre la política hídrica provincial en general.

Se puede consultar el documento completo en:

http://es.scribd.com/doc/208046496/ANALISIS-DEL-CONFLICTO-ENTRE-LAS-PROVINCIAS-DE-MENDOZA-Y-LA-PAMPA-POR-EL-RIO-ATUEL-RESENA-Y-PROPUESTA

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Agentes de las policías provinciales de Neuquén y Río Negro continuaban concentrados frente a comisarías a la espera de una respuesta a sus pedidos de aumentos, mientras en Catamarca se alcanzó un principio de acuerdo en un documento firmado durante la madrugada.

El jefe de la Policía de Catamarca, Julio César Gutiérrez, confirmó que el conflicto con los agentes que hicieron huelga en esa provincia había finalizado con la firma de un acuerdo y señalo que la situación de Córdoba dio «un envión anímico» para expresar los reclamos.

Gutiérrez destacó en ese marco que los policías catamarqueños «en ningún momento dejamos desamparadas la ciudad».

El comisario señaló que la firma del acuerdo con el gobierno permitió descomprimir el conflicto y destacó que ya esta mañana «se trabajaba con normalidad» en la vigilancia y guardias en las comisarías. Respecto del conflicto iniciado en Córdoba el lunes, dijo que «son situaciones parecidas».

El secretario de Seguridad Juan Pablo Morales, el jefe de Policía Julio Gutiérrez y representantes de los manifestantes y autoridades de Gobierno firmaron el pacto para otorgar un complemento salarial no remunerativo no bonificable al personal del escalafón seguridad de 1.000 pesos a partir de diciembre de 2013 y fijar a partir de enero de 2014 el valor del punto para la determinación del sueldo básico del personal del escalafón seguridad en 52 pesos.

Además se dará un adicional por uniforme de carácter no remunerativo o bonificable de 1.000 pesos, que se liquidará con los haberes de mayo de 2014.

Y, ante una consulta de TN, admitió que lo ocurrido en Córdoba dio un «envión anímico para la gente para poder expresarse».

Gutiérrez aclaró que en Catamarca los policías «tenemos muy buena relación con el gobierno» de la kirchnerista Lucía Corpacci.

En ese marco, señaló que «a las 23, un grueso del sector ya prestaba servicios normalmente» aunque «en un momento se dejo de prestar por el mínimo del mínimo», en alusión a la proporción de los agentes que protestaban.

En Río Negro, los policías reclaman 10.000 pesos «de bolsillo» y esperaban ser recibidos hoy por el ministro de Seguridad, Oscar Albrieu, a quien demandan un compromiso «por escrito».

Los agentes rionegrinos se manifestaron ayer en Cipolletti, Viedma y General Roca, acompañados por policías retirados y familiares.

En Neuquén, los policías aguardaban una posible contraoferta al anuncio que realizó anoche el ministro de Economía, Omar Gutiérrez, del 15 al 45 por ciento, de acuerdo al escalafón, que fue rechazado por los uniformados que piden 12.000 de bolsillo para las categorías más bajas.

El Gobierno se comprometió también a no tomar ninguna medida disciplinaria ni descuentos en los haberes por la protesta y el paro de actividades.

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“La idea es acercar el servicio a toda la comunidad de San Rafael y dar a conocer las bondades de la mediación como modo alternativo de resolución de conflictos.”

El cronograma de visitas comienza hoy en la delegación del Barrio Martín Güemes, continuará el 9 en Barrio Constitución, el 16 en Barrio Ruca Hué y el 30 en Barrio Strólogo.

Las visitas a distritos se realiza los viernes, comenzando el 4 en Las Paredes, luego el 11 en Monte Comán, el 18 en Goudge y el 25 en El Nihuil, siempre en las delegaciones municipales.

La Dra. Pronotto invitó a los vecinos a acercarse a las delegaciones a fin de hacer llegar sus pedidos y sus casos.

“El Instituto de mediación atiende a toda la comunidad para tratar problemas de vecinos entre sí o de vecinos con el municipio en forma eficaz, rápida y gratuita.

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