Se le quiere solicitar al Legislatura mendocina y al Ministerio de Justicia y Seguridad, que en el paquete de leyes que están trabajando para intentar salir de la crisis de seguridad pública existente, se incluyan puntos que para el Poder Judicial de San Rafael son imperantes. Para desarrollar este proyecto, el Concejal Serra habló primero con magistrados sobre sus necesidades.

 En primer lugar, es necesaria la creación de secretarías vespertinas en los juzgados de Instrucción. Es algo que lo tiene General Alvear y el Gran Mendoza, pero en San Rafael se tiene Juzgado de Paz y Cámaras Laborales, pero no hay juzgado de Instrucción. “Necesitamos que estos juzgados trabajen mañana y tarde, y eso se hace con mayor personal y creando otra secretaría. La clave de esto es que los juzgados de Instrucción puedan trabajar el día entero”, dijo Serra.

 Por otro lado, es necesaria también, la creación del juzgado de Flagrancias, que está creado en la Primera Circunscripción, pero en la Tercera no. Explicó el edil, que recientemente, el Senado de la Provincia aprobó la creación de nuevos juzgados de Flagrancias y Garantías, pero que no los tenemos en San Rafael porque no se está aplicando el nuevo Código Penal en San Rafael. “Las personas detenidas en el acto, es totalmente vital que sean juzgados en un proceso corto, porque la resolución a estos problemas debe ser corta. Así como fue atrapado en el hecho delictivo mientras se cometía, la resolución también tiene que ser corta, ya que prevé las penas, y le daría más rapidez”, señaló.

 También se hace necesario crear un juzgado de Instrucción, Correccional y Flagrancias en Malargüe, ya que los juzgados de San Rafael deben trabajar en esa zona también.

 Además, el concejal propone la creación de una secretaría de los juzgados de Ejecución Penal con asiento en la penitenciaría de San Rafael, ya que en este momento muchos trámites se hacen en Mendoza y los detenidos deben ser llevados con custodia hasta allá.

 Por otra parte, sería importante también mayor capacitación para la policía científica y que se reforzaran los recursos humanos, en la unidad investigativa, delitos tecnológicos, policía comunitaria, con expertos en mediación que son fundamentales dentro de comisarías, ya que hay muchos conflictos que podrían solucionarse rápidamente.

 Hace falta el nombramiento de un secretario letrado para cumplir funciones a cargo de la SEGEN de San Rafael. Finalmente, Serra ve necesaria la designación de un psicólogo para el Cuerpo Médico Forense.

 “Estas son medidas tendientes a mejorar la seguridad del sur mendocino, y solamente estamos pidiendo que nos pongan en igualdad de condiciones con lo que está pasando en Mendoza”, remarcó.

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La discusión se realizará, principalmente, en ámbitos universitarios donde se evaluará cada uno de los puntos que se elaboraron en una comisión de juristas que encabezó el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni. La iniciativa que promovió el oficialismo fue duramente criticada por el amplio espectro opositor y fundamentalmente por el massismo, que alertó sobre la presunta rebaja de penas y otros beneficios para delincuentes.

El debate se extenderá por el plazo de tres meses, en los que se podrán reunir observaciones para reformar la iniciativa con el aporte de quienes participen en representación de distintos sectores de la sociedad. Al finalizar, las conclusiones se presentarán al Poder Ejecutivo quien luego resolverá si las avala o no, y si las incorpora en el anteproyecto.

Sin embargo, también quedará en manos del gobierno definir si avanza con la propuesta, con o sin modificaciones, y en el caso de ser esa su voluntad deberá presentarse nuevamente en el Congreso para su tratamiento.

En ese marco, el lunes, Zaffaroni encabezará un encuentro en la Universidad de Quilmes para inaugurar una serie de cátedras abiertas sobre criminología y poner en marcha un plan de trabajo para estudiar de «las reformas de índole penal, procesal y de las leyes modificatorias de la ejecución penal», según se informó en esa casa de estudios.

También el lunes, a las 17, autoridades e la Universidad de Buenos Aires desarrollarán un encuentro en el salón de Usos Múltiples del Instituto Gioja, de la facultad de Derecho, para analizar el anteproyecto. En la UBA, con la consigna «Cultura y Derecho Penal» se desarrollarán reuniones para evaluar las «disposiciones penales vigentes tanto generales como específicas así como las nociones y justificaciones sobre el castigo estatal desde una perspectiva cultural y plural a fin de desarrollar una lectura crítica e histórica de los dispositivos de intervención estatal». «Estas jornadas proponen hacer una lectura del anteproyecto de código penal elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma desde la perspectiva de la diversidad cultural a fin de abrir el debate sobre sus contenidos y conceptualizaciones», explibó la web de la facultad de Derecho.

Fuente: El Sol

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Recientemente publicamos una nota en la que informábamos sobre un proyecto de declaración presentado por el concejal Alberto Pérez Gasul (PD) para “rechazar la Reforma del Código Penal Argentin

 Según explicó el concejal luego de la sesión del lunes 07 de abril, había errores en la redacción del proyecto. Al notarlo pidió que el mismo volviera a comisión ya que como estaba redactado no se podía debatir ya que desde el oficialismo iban a argumentar que la reforma del Código Penal no es un proyecto sino un anteproyecto. “Vamos a corregirlo y lo vamos a volver a impulsar”, adelantó.

 “Es un anteproyecto que se está debatiendo, y lamentablemente hoy, cuando la inseguridad es un flagelo que sufriendo los argentinos, modificar el Código Penal en algunos artículos como los que propone Zaffaroni y los ‘genios’ que han estado elaborándolo, me parece una barbaridad”, explicó el edil y agregó “me parece una barbaridad disminuir penas a violadores o a cultiven o comercialicen droga, me parece una barbaridad que no exista la reincidencia. Esto va a permitir que quienes ya están juzgados y estén cumpliendo pena puedan pedir un nuevo juicio y con esta modificación se permitiría que uno de cada tres presos en Argentina quedara libre, y es aberrante”.

 Para el Concejal Gasul hay que incorporar temas al Código Penal, pero no está de acuerdo con las posibles modificaciones que son de público conocimiento. Su proyecto de declaración se tratará la semana que viene. Señaló que el bloque de la UCR va a acompañar aunque desde el oficialismo seguramente no porque hay “obediencia debida”.

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Eje de una fuerte controversia, el borrador incluye cambios en el cumplimiento de las penas y busca dar coherencia a un texto muchas veces modificado, pero elimina la reincidencia y reduce las condenas en temas socialmente muy sensibles

El nuevo proyecto de Código Penal introduce novedades, como las penas alternativas a la prisión, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la aplicación del criterio de insignificancia para dejar de perseguir delitos de ínfima trascendencia. Busca reunificar todas las normas penales en un solo texto y ordenar el código vigente, que es de 1921 y tuvo desde entonces unas 900 modificaciones parciales que afectaron su coherencia.

Pero, además, el texto preliminar elimina la prisión perpetua (prevé como pena máxima 30 años de cárcel, siguiendo la línea del Estatuto de Roma) y la reincidencia, y si bien son más las penas que incrementa que las que reduce, baja el castigo para algunos delitos de alta sensibilidad social, como el robo agravado, la trata de menores y el tráfico de estupefacientes.

Esto generó durísimas críticas de algunos sectores de la oposición, con Sergio Massa como abanderado del rechazo, y, en tiempos en los que nadie quiere exponerse a perder votos, amenaza con condenar al nuevo proyecto a no ser tratado jamás.

En cuanto a los delitos de los funcionarios públicos, el proyecto incrementa algunas penas, como la del cohecho (soborno), que pasaría de uno a seis años, a dos años de mínima y ocho de máxima; aunque reduce la inhabilitación (de perpetua a 20 años) y aumenta levemente los mínimos en delitos como la malversación y la omisión maliciosa de datos en las declaraciones juradas: el mínimo era de un mes y el proyecto prevé que sea de seis. En la nueva redacción ya no hay penas de prisión de menos de seis meses; desaparecieron, aumentaron o fueron reemplazadas con otro tipo de penas.

El proyecto prevé, además, que quien se fuga no se vea favorecido en lo que respecta a la prescripción y aclara, aunque no la modifica, la regulación penal del aborto. Esto último fue una decisión de los redactores del proyecto, que buscaron evitar que se reiterara lo sucedido en 2006, cuando una reforma anterior del código se frustró por la resistencia que generó la idea de incrementar los casos de abortos permitidos.

SIETE FRENTES DE DISCUSIÓN

Los principales cambios que introduce el nuevo texto

1. La codificación

HOY El Código Penal vigente es de 1921 y tuvo desde entonces unas 900 reformas que afectaron su coherencia y la proporcionalidad de sus penas. Además, hay decenas de leyes dispersas que prevén delitos.

PROYECTO Incluye en el Código todas las leyes especiales y normas de contenido penal. En este punto no hay discusión: existe consenso sobre las ventajas de ordenar el régimen penal. Además, se cumple con la Constitución Nacional, que le exige al Congreso dictar «cuerpos» de normas; entre otros aspectos, en materia penal.

2. La libertad condicional

HOY El Código prevé que quien ha cumplido parte de la pena (por ejemplo, dos tercios de la pena para quien fue condenado a más de tres años de prisión) observando con regularidad los reglamentos carcelarios podrá obtener la libertad sujeta a ciertas reglas y controles.

PROYECTO Elimina la libertad condicional. La reemplaza por un abanico de penas alternativas, como la detención domiciliaria, la detención de fin de semana, la obligación de residencia y la prestación de servicios a la comunidad. En los delitos de entre 3 y 10 años de prisión el condenado podrá acceder a estas alternativas después de la mitad del cumplimiento de la pena. En los de menos de tres años, siempre. Cuando la condena fuere de más de 10 años, después de haber cumplido los dos tercios de la pena en la cárcel.

3. Cambios en el monto de las penas

El Código crea 85 tipos penales nuevos y modifica los castigos de casi 300 conductas. Son más las penas que suben que las que bajan (del total de penas que se modifican, 58% suben y 42% bajan), dicen los autores del proyecto. Pero hubo disminuciones muy cuestionadas; entre ellas:

Trata de menores

Hoy: de 10 a 15 años de prisión. Proyecto: de 4 a 15

Robo agravado

Hoy: de 5 a 15. Proyecto: de 3 a 12

Tráfico de estupefacientes.

Hoy: de 4 a 15. Proyecto: de 3 a 10

4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

HOY No existe la responsabilidad de las personas jurídicas salvo en casos específicos de leyes especiales, como para algunos casos de delitos tributarios.

PROYECTO Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Prevé que serán responsables por los delitos cometidos por sus órganos o representantes que actuaren en beneficio o interés de ellas. Entre las penas que podrán aplicarse están: multa, clausura, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales y la cancelación de la personería jurídica.

5. Casos de «insignificancia» y excepciones a la pena mínima

HOY La Justicia persigue hechos insignificantes. La comisión de reforma del Código enumera algunos casos ridículos que motivaron causas judiciales, como el del preso que se comió un sándwich que no era suyo mientras esperaba en un juzgado y la «privación ilegal de libertad» cometida por el chofer de colectivo que llevó al pasajero hasta doscientos metros más allá de la parada.

PROYECTO Recoge el principio de insignificancia. Dice que el juez «debe» eximir de pena este tipo de casos. Además, permite reducir las penas por debajo del mínimo de la escala en casos concretos que enumera, tales como los de «pena natural en hechos culposos», por ejemplo, el responsable de un accidente culposo que resultó gravemente herido.

6. La reincidencia

HOY El Código Penal castiga la reincidencia. Reincidente es aquel que cumplió total o parcialmente una pena privativa de la libertad y comete un nuevo delito castigado con la misma clase de pena. En el artículo 41, el Código la establece como agravante del castigo y en el 14, impide la libertad condicional del reincidente. El fundamento es que es razonable ser más severo con quien vuelve a violar la ley después de haber sido ya condenado.

PROYECTO Elimina la reincidencia. Recoge una doctrina que considera que viola el principio de non bis in idem (nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho) y que es propia de un derecho penal de autor, no de acto (que castiga a una persona por lo que es, no por lo que hace). Esta doctrina fue adoptada ya por algunos tribunales argentinos.

Disidencia Pinedo: no incorpora la reincidencia como agravante, pero dice que el juez debe tenerla en cuenta al momento de decidir la pena dentro de la escala prevista para el delito.

7. La prisión perpetua

HOY El Código prevé la «prisión perpetua» como castigo para delitos muy graves (tales como el homicidio agravado, la tortura y el secuestro seguidos de muerte). En los hechos, no obstante, la cárcel a perpetuidad no se aplica; la propia letra del Código dice que quien cumplió 35 años de condena con buena conducta puede pedirle la libertad al juez. Además, parte de la doctrina sostiene que la pena máxima, ya hoy, no puede superar los 30 años, que es el castigo que el Estatuto de Roma prevé para el genocidio.

PROYECTO Desaparece la prisión perpetua. Máximo: 30 años. Es la pena estipulada para el genocidio, que es el primer delito previsto en el proyecto de Código; a partir de él, se estructuran los castigos de los demás delitos de acuerdo con la importancia del bien jurídico protegido. Los redactores del proyecto sostuvieron que, como consecuencia del Estatuto de Roma, obligatorio para nuestro país, 30 años debe ser la pena máxima porque «es imposible imaginar un crimen de mayor contenido ilícito que el genocidio».

Fuente: La Nación

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El Intendente  se reunió con el Secretario de SEDRONAR Juan Carlos Molina y con el nuevo Ministro de Desarrollo Social de la Provincia Cristian Bassin para armar un esquema de trabajo de campo para este flagelo que nos afecta a todos los sanrafaelinos: la trata y adicción.

El jefe comunal aseguró: “hemos planteado un panorama completo de la gravedad que tiene esta situación. Y desde ahí poder atacarla de una manera integral desde nuestras áreas para llegar a todos nuestros jóvenes y adultos afectados”.

Por su parte Juan Carlos Molina expresó que van a salir a caminar las calles y acompañar a los barrios más necesitados para lograr que las drogas no sean parte de nuestra comunidad, y trabajarán en nuevas formas de inclusión y de derechos para sacar a los chicos de la calle.

“Nos vamos a meter en los lugar más conflictivos, crearemos becas con programas de prevención”, fue una de las frases más repetidas por Molina.

Como se conoce esta problemática nos afecta a todos y desde hace ya mucho tiempo. El trabajo se hará desde todas las áreas del municipio para poder llegar a lo más profundo en las zonas de conflicto y brindarles la contención y apoyo que necesitan para salir adelante. Ya sea desde el estudio, el deporte, el trabajo e incluso desde la salud. Y sobre todo hacer hincapié en la prevención para que los jóvenes no sigan consumiendo.

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