En principio, el 12 de febrero deberán decidir por mayoría simple si lo giran a la Comisión de Juicio Político o si finalmente se desestima la acusación.

Durante la mañana de este miércoles, la Cámara de Diputados decidió darle estado parlamentario al pedido de juicio político contra el juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm. De esta manera, se estima que el día 12 de febrero los legisladores decidirán si le dan lugar a la acusación o si finalmente optan por desestimarla.

Luego de que el expediente ingresara formalmente a la Casa de las Leyes, los jefes de bloque de los diferentes partidos políticos han solicitado una copia de la denuncia elaborada por el senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez. Ambos sostienen que el magistrado del máximo tribunal de la provincia incurrió en el incumplimiento de los deberes del funcionario público al favorecer a una amiga íntima con un fallo.

Los legisladores de la Cámara Baja tendrán que analizar los documentos aportados por Valls y Gutiérrez, para la próxima semana decidir si le dan continuidad al proceso o finalmente lo desestiman.

El diputado por el Partido Federal, Daniel Cassia, señaló que en principio el tratamiento se dará el día 12 de febrero, pero aclaró que puede pedirse una prórroga para que los diputados tengan tiempo de estudiar la situación.

Este constituye el primer paso formal para que la denuncia comience a recorrer el camino procesal establecido por el artículo 109 de la Constitución Provincial. Para que se le de lugar a la acusación, será necesario que los legisladores así lo voten por mayoría simple.

Si esto llegara a ocurrir, la causa será analizada por una Comisión de Juicio Político, que tendrá 30 días hábiles para elaborar un informe completo acerca del incumplimiento en el que podría haber incurrido el acusado.

La misma es presidida por el propio Daniel Cassia y está compuesta por un total de seis diputados. Los restantes legisladores son: Claudio Díaz y Gustavo Arenas (FPV); Edgardo Pintos y Lorena Meschini (UCR); y Aldo Vinci (PD).

De darse lugar a la denuncia, estos representantes del pueblo tendrán que presentar, luego de 30 días hábiles a partir de la creación de comisión, los resultados de su investigación. Una vez concluida la misma, se someterá nuevamente a votación en el recinto. Para que el proceso prospere y pase a la Cámara de Senadores, será necesario que así lo determinen dos tercios de los diputados. Si no se consigue esa mayoría, la causa será desestimada.

Los detalles del caso

Durante años, la jueza Ontiveros fue conocida en los Tribunales mendocinos como “la jueza que no trabaja”. Sucede que en el año 2001 la magistrada se tropezó con unos cables en su despacho y sufrió una lesión en la rodilla.

Debido a este episodio, Ontiveros estuvo de licencia durante más de cinco años, por lo que en el 2007 se inició un jury en su contra. Sin embargo, el mismo se cayó luego de que el juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm, se excusara de participar en el mismo por ser “amigo personal” de la magistrada.

Por otro lado, Ontiveros demandó al Estado y a la ART Prevención por su accidente y solicitó una indemnización de casi 5 millones de pesos. Finalmente, en noviembre del 2013, la Suprema Corte condenó a Mendoza, solidariamente con la ART, a pagar 718.000 pesos a la ex magistrada.

Lo llamativo es que en esta oportunidad Carlos Böhm, juez del máximo tribunal de la provincia, no se excusó por su reconocida amistad con Ontiveros.

Fuente: El Sol

La entrada El pedido de juicio político a Böhm tomó estado parlamentario y es estudiado por los bloques de diputados se publicó primero en Piramide Informativa.

Carlos Böhm junto a Jorge Nanclares y Pedro Llorente.  

Cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, deberán evaluar en labor parlamentaria si le dan lugar a la denuncia presentada por dos legisladores. Cómo es el proceso cuando está en la mira un ministro del máximo tribunal.

El futuro del magistrado de la Suprema Corte de Mendoza, Carlos Böhm, comenzará a definirse la próxima semana cuando los diputados provinciales decidan en labor parlamentaria si le dan lugar al pedido de juicio político presentado por el senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez. Ambos aseguran que el juez incurrió en el incumplimiento de los deberes del funcionario púbico al favorecer a una amiga íntima con un fallo.

Las actividades en la Casa de las Leyes quedaron suspendidas entre el 30 de enero y el 2 de febrero debido al receso de verano. Por este motivo, una de las primeras tareas que deberán resolver los legisladores es el tratamiento del juicio político al cuestionado magistrado.

Debido al cargo que ostenta Böhm, para que pueda ser destituido corresponde que sea sometido a un juicio político, y no a un Jury de Enjuiciamiento. Este último caso se aplica a los jueces de las Cámaras de apelaciones, los de primera instancia, los fiscales, asesores y defensores.

Mientras tanto, la Constitución de la Provincia de Mendoza determina en su artículo 109 que al igual que el Gobernador, el Vicegobernador y los Ministros, los magistrados de la Suprema Corte (que es el caso de Böhm) “son acusables en juicio político ante la Legislatura”.

La principal diferencia es que en el Jury los jueces de la Corte forman parte del tribunal que resuelve la situación, mientras que en el juicio político los siete magistrados del máximo tribunal no participan del proceso.

Los pasos a seguir en un juicio político

Para que se de inicio a un juicio político sólo es necesario que algún legislador o ciudadano presente una acusación por escrito en la Cámara de Diputados. En la misma se precisan todos los hechos que le sirven como fundamento.

Luego, los diputados deben decidir por votación nominal si los cargos importan alguna falta o delito que den lugar a un juicio político.

En caso de que se determine la continuidad del proceso, el acusado tiene derecho a ser oído por la Comisión de Investigación, que será creada en sesiones ordinarias por los legisladores.

Una vez que dicha comisión termine su cometido, para lo cual sólo cuenta con 30 días hábiles, la Cámara decidirá si acepta o no su dictamen. Si dos tercios de los legisladores le dan lugar a la acusación, el funcionario queda temporalmente suspendido en sus funciones.

Mientras tanto, tres diputados son elegidos para presentar el caso en la Cámara de Senadores, donde se conformará un Concejo de Justicia. En esta etapa, el acusado deberá contestar nuevamente a la acusación.

Finalmente, los legisladores de la Cámara Alta deben discutir en sesión secreta y luego determinar un día para pronunciar en sesión pública. Para condenar al acusado serán necesarios dos tercios de los votos.

Fuente: El Sol

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Lo hicieron el senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez este miércoles en la Legislatura. Según argumentaron los legisladores, el magistrado habría incurrido en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El senador Gustavo Valls y la diputada Patricia Gutiérrez presentaron este miércoles un documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, en el cual solicitan que se le inicie un juicio político al juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm. Los legisladores argumentan que el magistrado habría incurrido en el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Valls y Gutiérrez denuncian que el magistrado Böhm favoreció a una amiga personal con el pago de una indemnización, cuando en realidad debería haberse excusado de participar en la sentencia.

El caso data del año 2001, cuando la jueza Estela Maris Ontiveros sufrió un accidente laboral y tomó una extensa licencia. En el año 2007, se solicitó un Jury de Enjuiciamiento por incumplimiento de sus deberes, pero Böhm se negó a participar del proceso por ser amigo de Ontiveros.

Sin embargo, a la hora de determinar si correspondía otorgarle una indemnización a la jueza, Böhm no se excusó y la favoreció para que le realizaran el pago.

Así, en noviembre de 2013 Mendoza fue condenada solidariamente con la ART a pagar 718.000 pesos a Ontiveros.

Por este motivo, los legisladores denunciantes solicitaron que cuando termine el receso estival en la Casa de las Leyes, se trate en labor parlamentaria el pedido de juicio político contra el magistrado del máximo tribunal de la provincia. Según manifestó la diputada por Unidad Popular, Patricia Gutiérrez, en este caso se da una clara contradicción en el proceder de Böhm, ya que “cuando podría haberla perjudicado se abstiene de juzgarla, pero cuando la beneficia si la juzga”.

“Entendemos que Böhm ha favorecido expresamente a unas persona que el indica como amiga íntima en un proceso anterior”, sostuvo por su parte el senador Gustavo Valls.

Sin embargo esa no es la única causa que los legisladores esgrimen para pedir la destitución de Böhm. «A ello se debe sumar su avanzada edad (78 años) con lo que entendemos y afirmamos que, salvo prueba en contrario, no se encuentra capacitado plenamente para prestar la función de juzgador, lo que evidentemente, no solo en el caso fáctico antes mencionado base del presente pedido de juicio político, sino también en todos los demás casos en que intervenga está en peligro evidente el servicio de justicia con el consiguiente perjuicio para terceros litigantes que acuden al Tribunal en busca de justicia», se puede leer en el documento que entregaron en la Casa de las Leyes.

Para que el proceso prospere será necesaria su aprobación por dos tercios de los legisladores de la Cámara Baja. Luego, el pedido de juicio político deberá ser tratado en Senadores. De aprobarse, Carlos Böhm podría llegar a ser removido de sus funciones.

Los detalles del caso

Durante años, la jueza Ontiveros fue conocida en los Tribunales mendocinos como “la jueza que no trabaja”. Sucede que en el año 2001 la magistrada se tropezó con unos cables en su despacho y sufrió una lesión en la rodilla.

Debido a este episodio, Ontiveros estuvo de licencia durante más de cinco años, por lo que en el 2007 se inició un jury en su contra. Sin embargo, el mismo se cayó luego de que el juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm, se excusara de participar en el mismo por ser “amigo personal” de la magistrada.

Por otro lado, Ontiveros demandó al Estado y a la ART Prevención por su accidente y solicitó una indemnización de casi 5 millones de pesos. Finalmente, en noviembre del 2013, la Suprema Corte condenó a Mendoza, solidariamente con la ART, a pagar 718.000 pesos a la ex magistrada.

Lo llamativo es que en esta oportunidad Carlos Böhm, juez del máximo tribunal de la provincia, no se excusó por su reconocida amistad con Ontiveros.

Fuente: El Sol

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