Milei y los límites de la motosierra: cuando el recorte choca con la ley

La Argentina suele ser paradojal. Pero pocas veces lo ha sido tanto como en los tiempos que corren. El gobierno de Javier Milei reivindica el mérito, el orden y la legalidad, pero enfrenta un conflicto social que tensiona su discurso: el financiamiento de las universidades públicas. El Congreso aprobó una ley para garantizar esos recursos y la Justicia se pronunció sobre su aplicación. Sin embargo, la Casa Rosada persiste en incumplirla. Así, el debate ya no es sólo cuánto debe gastar el Estado, sino también cuáles son los límites del Poder Ejecutivo cuando sus prioridades entran en conflicto con la ley.

Desde la Casa Rosada plantean que el debate debe ser cuánto dinero necesitan las universidades públicas para funcionar, cuánto despilfarran y cuánto se roban, y reclaman más auditorías, lo cual es un debate legítimo y necesario. Las restricciones fiscales exigen transparencia y rendición de cuentas, tanto en las universidades como en el resto del Estado. Pero una eje es discutir la eficiencia del gasto y otro, muy distinto, es pretender que el Ejecutivo pueda sustraerse de las obligaciones legales que lo alcanzan.

La universidad pública, como el Garrahan -el hospital pediátrico más importante del país—, vale aclarar para quienes leen estas líneas fuera de la Argentina, tienen una capacidad de movilización en el país que excede a las identidades ideológicas, los partidos políticos o los sindicatos. Defenderla, además, no significa oponerse a toda la reforma del Estado que propone Milei. Pero sí implica defender una institución que generaciones de familias asocian con la movilidad social y la igualdad de oportunidades.

La defensa de la universidad pública encarna en la Argentina, pues, una discusión más profunda sobre cuáles son los límites tolerables al proyecto de transformación del Estado que lidera Milei. O, en términos más afines al “león”, cuáles son las “líneas rojas” que no puede cruzar su “motosierra”. Porque el libertario prometió que los recortes los afrontaría la “casta” política, pero terminó podando la educación pública, el Garrahan y la obra pública, con consecuencias fatales en rutas nacionales de todo el país.

¿Hasta dónde puede avanzar un Gobierno con un programa de ajuste cuando sus decisiones afectan instituciones con legitimidad social transversal como las universidades u hospitales públicos? ¿Qué revela sobre las resistencias que afronta su proyecto y sobre la distancia que media entre el mandato electoral y el consenso ciudadano que necesita para sostener las reformas necesarias?

Algunas encuestas nos aportan indicios. El 54,7% de las personas consultadas por la firma Management & Fit, por ejemplo, cuestionó que la Casa Rosada incumpla con la ley de financiamiento universitario. Y las universidades públicas figuran entre las instituciones con más respaldo y mayor nivel de confianza de la sociedad argentina, con más del 60% de aprobación.

Pero sumemos más preguntas: ¿Qué ocurre cuando el Poder Ejecutivo considera inconveniente una ley aprobada por el Poder Legislativo y se niega a aplicarla, convalidada para el Poder Judicial? ¿Cómo interpretan ese incumplimiento aquellos extranjeros que evalúan invertir en el país? ¿Lo ven como una muestra más de la firmeza del Presidente que quiere modernizar el país o como otra demostración de la inseguridad jurídica que tanto le endilgan a la Argentina?

La defensa de la universidad pública encarna, pues, una discusión más profunda sobre los límites sociales del proyecto de transformación del Estado que comenzó en diciembre de 2023. Milei llegó al poder con un mandato electoral para modificar profundamente la economía y reducir el gasto público. Ese mandato, sin embargo, no elimina los controles institucionales ni convierte cada decisión presupuestaria del Ejecutivo en una decisión jurídicamente irrevisable.

La marcha universitaria, además, obliga a separar dos cuestiones que el debate político suele mezclar. El carácter legítimo de una protesta no convierte cualquier conducta en aceptable: quienes ayer cometieron desmanes deben responder por sus delitos. Pero los incidentes que protagonizaron algunos no invalidan el reclamo pacífico de tantísimos más. La violencia de una minoría no puede, jamás, convertirse en argumento para deslegitimar a todos los que marcharon.

Como era de esperar, hoy la Casa Rosada puso el foco en los incidentes, que calificó como un ataque a la democracia protagonizado por “grupos de tarea”, que terminaron por resultar funcionales, tan serviciales, una vez más, al Gobierno. Pero esa reacción merece examinarse junto con el motivo que llevó a cientos de miles de personas a movilizarse: reclamar la aplicación de una ley y defender el financiamiento de las universidades públicas. Reducir la jornada a sus episodios violentos supone soslayar la dimensión institucional y social de ayer.

El desafío que enfrenta Milei es, en definitiva, más amplio que una disputa presupuestaria. ¿Puede transformar el Estado, recuperar la confianza de los inversores y conservar el apoyo social sin erosionar las reglas institucionales que delimitan su propio poder? La respuesta no depende sólo de cuánto y en qué área del sector público consiga recortar, sino también de cómo ejerza la autoridad que los argentinos le confiaron en las urnas.

Fuente:https://elpais.com/argentina/2026-10-16/milei-y-los-limites-de-la-motosierra-cuando-el-recorte-choca-con-la-ley.html