Mendoza exige certificados de antecedentes penales para quienes trabajen con menores en el deporte

A través de la Ley 9.729, publicada en el Boletín Oficial, Mendoza introdujo cambios en la Ley 6.457 y estableció la presentación obligatoria de un certificado de antecedentes penales para quienes aspiren a trabajar con menores en el ámbito deportivo. El documento deberá ser emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y acreditar que la persona no posee condenas por determinados delitos previstos en el Código Penal. La disposición incluye sentencias de primera instancia y penas de ejecución condicional.

La medida busca fortalecer la prevención y la protección de niños, niñas y adolescentes en espacios donde el vínculo con adultos es cotidiano, como clubes y otras instituciones deportivas. La necesidad de reforzar los controles había ganado relevancia en la provincia a partir de debates sobre la participación de personas condenadas por delitos sexuales en actividades que involucran a menores.

La reforma se suma a una discusión que puso en evidencia la importancia de contar con mecanismos de verificación más rigurosos al momento de incorporar entrenadores, profesores y otros integrantes a las instituciones. Con este requisito, la legislación incorpora una nueva instancia de control sobre los antecedentes de quienes desarrollan tareas en el deporte formativo.

Los principales cambios que incorpora la reforma deportiva

Además de establecer la presentación de antecedentes penales, la Ley 9.729 dispone la creación del Registro Único Deportivo de Mendoza (RUD), una plataforma digital destinada a reunir los datos de las personas y organizaciones que forman parte del ámbito deportivo y recreativo provincial.

El sistema dependerá de la Subsecretaría de Deportes y estará integrado a la plataforma Mendoza por Mí. Su finalidad será centralizar los procesos de inscripción, identificación y actualización de la información de los distintos actores que componen el deporte mendocino.

La normativa también redefine el funcionamiento del Consejo Provincial del Deporte y Recreación, que tendrá un rol consultivo y de asesoramiento en el diseño de políticas públicas. Entre sus integrantes habrá representantes del Gobierno provincial, universidades públicas y privadas, municipios y entidades deportivas, incluidas aquellas vinculadas con deportistas adaptados y paralímpicos.

De acuerdo con la nueva disposición, el Consejo deberá sesionar de manera ordinaria cada seis meses. Durante esos encuentros podrá formular propuestas y recomendaciones relacionadas con el desarrollo de programas deportivos, la inclusión, la recreación y la promoción del trato digno dentro de las instituciones.

Otro aspecto alcanzado por la reforma es la licencia deportiva especial. Para obtenerla, los interesados deberán demostrar que son deportistas federados y presentar una certificación del evento en el que participarán. Esta documentación tendrá que ser expedida por la institución deportiva correspondiente.

En materia disciplinaria, la ley actualiza las sanciones previstas para las faltas de decoro y las conductas contrarias a la ética deportiva. Quienes incurran en estas infracciones mientras representen oficialmente a Mendoza o a una institución provincial podrán recibir una inhabilitación de al menos un año.

Para las personas que formen parte de una delegación oficial sin desempeñarse como deportistas, el período mínimo de inhabilitación será de dos años.

Por otra parte, la modificación legislativa elimina cuatro artículos de la normativa anterior y reorganiza el apartado dedicado al registro deportivo provincial. De esta manera, la actualización abarca tanto las condiciones para trabajar con menores como diferentes aspectos administrativos y organizativos del sistema deportivo de Mendoza.

El antecedente que impulsó el debate en Mendoza

La discusión sobre los controles en el deporte provincial también estuvo marcada por el caso de Walter Conna, exentrenador de Las Leonas, quien fue denunciado en 2022 por una exjugadora que tenía 15 años al momento de los hechos denunciados.

En julio de 2023, Conna fue imputado por al menos seis hechos contra la adolescente, quien integraba el plantel que dirigía en un club de San Rafael.

El 1 de julio de 2025, el entrenador aceptó la responsabilidad por los hechos y recibió una condena por abuso sexual simple. Según la información del caso, evitó cumplir una pena de prisión efectiva y continuó al frente de los equipos de primera división e inferiores de Rivadavia Hockey Club.

La situación generó un fuerte rechazo en el ámbito deportivo y reavivó los cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y supervisión de las personas que trabajan con menores.

En ese contexto, la incorporación de nuevos requisitos legales apunta a reforzar las herramientas de prevención y a establecer mayores controles para quienes desarrollan actividades deportivas con niños, niñas y adolescentes en la provincia.