Mendoza aprobó una nueva ley para regular las escuelas de verano y establecer mayores garantías de seguridad para niños y adolescentes

Mendoza contará con una legislación específica para regular el funcionamiento de las escuelas de verano, establecer requisitos obligatorios para las instituciones y reforzar los mecanismos de prevención y control en los espacios donde niños, niñas y adolescentes realizan actividades recreativas, deportivas y formativas durante las vacaciones. La iniciativa, que obtuvo sanción definitiva en el Senado provincial, busca poner fin a la falta de criterios uniformes en el funcionamiento de estos establecimientos y establecer responsabilidades concretas para quienes tienen a su cargo el cuidado de los menores.

La aprobación de la norma representa un avance significativo en materia de protección infantil, especialmente porque incorpora exigencias vinculadas con la infraestructura, la capacitación del personal, la supervisión de las actividades, la cobertura médica y las condiciones de seguridad de los natatorios. Se trata de una regulación que apunta a que las escuelas de verano no sean solamente espacios de recreación, sino también ámbitos que reúnan las condiciones necesarias para garantizar la integridad física de quienes concurren.

El tratamiento legislativo se produjo este martes, luego de que el proyecto permaneciera durante más de un año sin avanzar en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue impulsada por los senadores peronistas Adriana Cano, Mauricio Sat y Pedro Serra, junto con los exlegisladores Mercedes Derrache, Cristina Gómez y Gerardo Vaquer. Su presentación estuvo vinculada con la necesidad de establecer mayores controles sobre estas actividades, a partir de la preocupación social generada por la muerte de Faustino Díaz Crimi, ocurrida en 2025 en el club Marista.

Con el voto unánime de la Cámara alta, Mendoza dio un paso hacia la construcción de un marco regulatorio que establece obligaciones para todas las organizaciones que desarrollen este tipo de propuestas. La normativa alcanza a clubes deportivos, asociaciones civiles, sindicatos, entidades comunitarias y organismos públicos provinciales y municipales. De esta manera, ninguna institución que organice actividades de verano para menores quedará al margen de las condiciones establecidas por la nueva legislación.

Un aspecto central de la ley es que determina que la responsabilidad por el funcionamiento de cada escuela de verano recaerá exclusivamente sobre la entidad u organismo que la organice. Esto implica que las instituciones deberán asumir un compromiso concreto respecto de las condiciones en las que reciben a los chicos, la idoneidad de las personas que integran sus equipos de trabajo y las medidas de prevención que implementan durante toda la temporada.

Entre las principales modificaciones se encuentra la creación de una nómina específica de Escuelas de Verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas, establecido por la Ley 6457 de Ordenamiento del Deporte. Este mecanismo permitirá identificar cuáles son los establecimientos que cumplen con las exigencias legales y cuentan con la documentación necesaria para desarrollar sus actividades.

Para obtener la constancia de inscripción, los responsables deberán presentar una serie de datos y documentos mediante una declaración jurada. La información incluirá la identificación del representante legal de la institución, del coordinador general o responsable técnico y del establecimiento donde se llevarán adelante las propuestas recreativas y deportivas.

La inscripción tendrá vigencia únicamente durante la temporada estival correspondiente, por lo que deberá renovarse cada año. Esta disposición permitirá actualizar periódicamente la información de las instituciones y verificar que continúen reuniendo las condiciones exigidas para recibir a niños y adolescentes. No se tratará, por lo tanto, de una autorización permanente, sino de una acreditación vinculada con cada período de funcionamiento.

Otro de los requisitos fundamentales será contar con la habilitación municipal del predio. A esto se sumará la presentación de un proyecto pedagógico, en el que deberán detallarse las actividades previstas y la propuesta de trabajo para los participantes. Este punto resulta importante porque establece la necesidad de que las escuelas de verano tengan una planificación organizada, con objetivos y actividades acordes a las edades de los chicos.

La cobertura ante situaciones imprevistas también tendrá carácter obligatorio. Cada institución deberá acreditar un seguro de responsabilidad civil y disponer de un servicio de emergencias médicas que contemple la posibilidad de realizar traslados urgentes. La incorporación de estas exigencias busca garantizar que los establecimientos cuenten con recursos para responder ante accidentes o situaciones que requieran atención sanitaria inmediata.

La nueva regulación también incorpora mecanismos destinados a mejorar la transparencia y facilitar el acceso de las familias a la información. El organismo competente deberá publicar, a través de su sitio web u otros canales digitales, el listado de las escuelas de verano que hayan cumplido con todos los requisitos. A su vez, cada institución tendrá que exhibir en un lugar visible de su ingreso, en formato papel, la documentación presentada para obtener su inscripción.

Esta medida adquiere especial relevancia para los padres y tutores, que podrán conocer con mayor facilidad si el establecimiento elegido se encuentra registrado y si ha presentado las acreditaciones correspondientes. De esta manera, la normativa busca que la elección de una escuela de verano pueda realizarse con mayor información y que las condiciones de funcionamiento no dependan exclusivamente de la confianza que las familias depositan en cada organización.

En cuanto al personal, la ley establece que cada establecimiento deberá contar con un responsable que sea profesor o licenciado en Educación Física y tenga matrícula habilitante. La exigencia apunta a garantizar que exista una persona con formación profesional a cargo de la coordinación de las actividades, la organización de los grupos y la supervisión general de las propuestas.

Además, todos los integrantes de los equipos de trabajo deberán presentar certificados de antecedentes penales. Esta disposición suma una condición específica para quienes desarrollan tareas en espacios donde existe un contacto cotidiano con menores y refuerza la necesidad de establecer criterios claros al momento de seleccionar al personal.

La responsabilidad sobre el estado de las instalaciones también queda expresamente contemplada. Tanto el titular del establecimiento como el responsable de la actividad deberán controlar las condiciones de los espacios, verificar que se mantengan los estándares de seguridad física y garantizar el cumplimiento de las disposiciones operativas. Esto supone que la prevención deberá formar parte de la organización cotidiana de las escuelas y no limitarse a una revisión inicial al momento de comenzar la temporada.

Uno de los capítulos más importantes de la legislación está relacionado con la supervisión de los niños menores de cinco años. Para estos grupos, se establece una proporción mínima de un profesor de Educación Física y un auxiliar cada 15 chicos. La relación entre adultos responsables y participantes busca evitar situaciones de supervisión insuficiente, teniendo en cuenta que los niños de menor edad requieren una atención más cercana y permanente durante las actividades.

Las exigencias también alcanzan a los establecimientos que cuentan con piletas de natación, uno de los espacios que concentra mayores riesgos durante la temporada estival. La ley dispone que, mientras se utilicen los natatorios, deberá haber al menos un guardavidas habilitado y registrado cada 50 niños. A esto se suma la obligación de contar con cerramientos de protección que impidan el acceso no autorizado a las piscinas.

Estas medidas apuntan a fortalecer la prevención de accidentes en el agua y establecer condiciones mínimas de vigilancia durante su utilización. La presencia de personal especializado y la protección física de los natatorios constituyen dos aspectos fundamentales dentro de una política de seguridad que busca reducir los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

La normativa también contempla el rol de los gobiernos municipales. Si bien los invita a adherir a la ley y desarrollar sus propios registros de instituciones, establece un plazo de 180 días desde su publicación para adecuar los trámites administrativos necesarios para su implementación. Este período será importante para que los distintos organismos puedan organizar los procedimientos, definir los mecanismos de inscripción y avanzar en la articulación de los controles.

La sanción definitiva marca un cambio importante en la manera de organizar y supervisar las escuelas de verano en Mendoza. Hasta ahora, las instituciones debían cumplir con distintas disposiciones vinculadas con sus actividades y habilitaciones, pero la nueva legislación establece un esquema específico que reúne en una misma normativa las condiciones que deberán acreditar quienes reciben a menores durante el receso escolar.

El alcance de esta regulación excede una cuestión meramente administrativa. La inscripción obligatoria, la exigencia de profesionales matriculados, los certificados de antecedentes penales, la cobertura médica, los seguros y las condiciones especiales para el uso de las piletas conforman un conjunto de herramientas orientadas a fortalecer la protección de los chicos. También permiten establecer con mayor claridad quiénes son los responsables ante eventuales incumplimientos.

Para las instituciones, la nueva ley implicará la necesidad de revisar sus procedimientos, verificar sus instalaciones, organizar sus equipos de trabajo y garantizar que toda la documentación esté en regla antes de comenzar cada temporada. Para las familias, en tanto, representará una posibilidad de acceder a información más clara sobre los establecimientos y contar con mayores elementos al momento de decidir dónde realizarán sus hijos las actividades de verano.

El desafío estará ahora en la implementación efectiva de la normativa. La existencia de requisitos legales constituye un primer paso, pero su cumplimiento deberá estar acompañado por controles, seguimiento y capacidad de fiscalización por parte de los organismos correspondientes. La seguridad de los niños no puede depender únicamente de declaraciones o compromisos institucionales, sino de condiciones concretas que se mantengan durante todo el desarrollo de las actividades.

Con esta decisión, Mendoza avanza hacia un sistema de mayor regulación y responsabilidad para las escuelas de verano, poniendo en primer plano el cuidado de niños, niñas y adolescentes. La nueva ley busca que los espacios recreativos y deportivos de la provincia puedan seguir cumpliendo su función educativa y social, pero bajo estándares de seguridad más exigentes y con garantías que permitan a las familias afrontar cada temporada estival con mayor tranquilidad.