Mendoza aprobó una nueva ley para impulsar inversiones petroleras y desarrollar Vaca Muerta

El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo un amplio respaldo en el Senado, con 31 votos afirmativos y dos negativos, y quedó a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación.

La normativa reemplaza un marco legal que tenía dos décadas de antigüedad y apunta a actualizar las condiciones en las que se desarrolla la actividad petrolera, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y las nuevas características del mercado energético. Entre sus principales objetivos se encuentra potenciar la producción de áreas maduras, incentivar nuevas inversiones y establecer herramientas específicas para el desarrollo no convencional en Malargüe.

Luego de la sanción, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la importancia de contar con una legislación adaptada al escenario actual y consideró que permitirá mejorar el rendimiento de los recursos hidrocarburíferos de la provincia. Además, remarcó que Mendoza necesita generar condiciones atractivas para que las empresas puedan avanzar con proyectos de exploración y explotación.

La funcionaria hizo hincapié en el potencial que representan las dos cuencas productivas mendocinas. Por un lado, la Cuenca Cuyana, donde predominan los yacimientos convencionales que necesitan nuevas inversiones para recuperar sus niveles de producción; y por otro, la Cuenca Neuquina, que comprende el sector norte de Vaca Muerta dentro del territorio provincial.

En ese contexto, Latorre sostuvo que la intención del Gobierno es que los recursos económicos se destinen principalmente a inversiones productivas, capaces de mejorar los niveles de extracción, impulsar la actividad económica y generar mayores ingresos para la provincia. También consideró que el acompañamiento de distintos sectores políticos constituye una señal positiva para las compañías que deben tomar decisiones de inversión a largo plazo.

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es la modificación del esquema de regalías. Se establece una alícuota de referencia del 15% para los procesos de licitación pública, aunque el Ejecutivo tendrá la posibilidad de establecer condiciones diferentes según las particularidades técnicas y económicas de cada proyecto.

Asimismo, se incorporan beneficios que permitirán reducir las regalías a menos del 5% en determinadas situaciones. Estas medidas estarán destinadas, principalmente, a incentivar la recuperación de pozos que permanecen inactivos, la explotación de petróleo pesado y la utilización de métodos de recuperación mejorada o terciaria, técnicas que permiten incrementar la producción de yacimientos existentes.

La ley también contempla la posibilidad de compensar parte del canon de explotación cuando las empresas desarrollen inversiones de riesgo exploratorio por un monto equivalente al doble de ese concepto. De esta manera, se busca estimular la búsqueda de nuevos recursos y promover trabajos en áreas que requieren mayores esfuerzos económicos y técnicos.

Otro de los cambios relevantes es la creación de la figura de concesión de explotación no convencional, una herramienta que permitirá establecer condiciones específicas para los emprendimientos vinculados con Vaca Muerta en Malargüe. Esta incorporación resulta clave para facilitar el avance de proyectos que necesitan un tratamiento diferente al de la producción petrolera tradicional.

En cuanto a las licitaciones, la nueva normativa establece que las inversiones comprometidas por las empresas tendrán una importancia determinante al momento de seleccionar las propuestas. Así, se pretende que las adjudicaciones no dependan exclusivamente de quién ofrece mayores regalías, sino que también contemplen la capacidad de generar producción, sostener la actividad y crear puestos de trabajo especializados.

Latorre señaló que este instrumento podría beneficiar tanto a las compañías que actualmente trabajan en áreas convencionales como a aquellas que cuentan con posibilidades de avanzar hacia la explotación no convencional. En ese sentido, mencionó los proyectos de YPF y también las oportunidades que podrían desarrollar otras operadoras, entre ellas Quintana y TSB.

La reforma incorpora, además, nuevas exigencias relacionadas con el cuidado ambiental y la fiscalización de las actividades petroleras. Las empresas deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que será de acceso público, y continuar haciéndose cargo de las tareas de saneamiento y remediación de los daños ambientales generados durante sus operaciones.

Uno de los puntos que queda expresamente establecido es que la finalización de una concesión no significa que las compañías queden liberadas de sus responsabilidades ambientales. Es decir, deberán responder por los perjuicios ocasionados incluso después de haber concluido sus actividades en un determinado yacimiento.

Por otra parte, se crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, que podrá alcanzar hasta el 0,8% de los ingresos obtenidos por regalías y cánones. Lo recaudado será utilizado para fortalecer las tareas de inspección y supervisión que lleva adelante el Ministerio de Energía y Ambiente.

También se establece que las operadoras deberán remitir informes cada tres meses a los municipios donde se desarrolla la actividad petrolera. Estos reportes incluirán datos sobre producción, alícuotas y liquidaciones correspondientes a cada jurisdicción, con el propósito de mejorar el acceso a la información y la transparencia en la distribución de los recursos.

Durante el tratamiento legislativo, el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, defendió la iniciativa y señaló que Mendoza necesita aprovechar su potencial hidrocarburífero mientras estos recursos mantengan relevancia económica. Además, destacó que el desarrollo de la actividad debe estar acompañado por reglas claras y mecanismos de control por parte del Estado.

En la misma línea, la senadora Jésica Laferte planteó la necesidad de actualizar una legislación que había quedado desfasada frente a las transformaciones de la industria. También hizo referencia a la contratación de trabajadores locales y a la importancia de priorizar la formación de mano de obra calificada y el crecimiento de los proveedores mendocinos, en lugar de establecer únicamente porcentajes obligatorios de contratación.

Con esta aprobación, Mendoza contará con un nuevo marco regulatorio para impulsar su industria hidrocarburífera, mejorar el rendimiento de los yacimientos tradicionales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo en el sector no convencional. Ahora, la puesta en marcha de la ley y la aplicación concreta de sus incentivos serán fundamentales para determinar si las nuevas condiciones logran traducirse en mayores inversiones, más producción y generación de empleo, especialmente en el sur provincial, donde Vaca Muerta representa una de las principales apuestas energéticas a futuro.