Las provincias, cada vez más asfixiadas: Nación recortó un 70% los fondos discrecionales en octubre

La relación financiera entre el Gobierno nacional y las provincias atraviesa un nuevo momento de tensión. Durante octubre, las transferencias discrecionales de recursos registraron una caída real interanual del 70,2%, profundizando una política de ajuste que reduce los márgenes de maniobra de las administraciones provinciales y vuelve a colocar el financiamiento de los distritos en el centro de la negociación política.

El recorte se produce mientras la Casa Rosada busca reunir respaldos para avanzar con el Presupuesto 2027 y promover una reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO. En ese escenario, los recursos que el Ejecutivo nacional distribuye por fuera de los mecanismos automáticos de coparticipación adquieren un peso que excede lo económico y se convierten también en una herramienta de negociación con los gobernadores.

Las cifras muestran la profundidad del ajuste. Entre enero y octubre, las transferencias no automáticas alcanzaron aproximadamente $1,05 billones, un volumen que representa una reducción real del 61,1% frente al mismo período del año pasado. Es el nivel más bajo para esos diez meses desde, al menos, 2005. Si la comparación se extiende hasta 2023, la caída llega al 86,7%.

La consecuencia inmediata es una menor disponibilidad de recursos para las provincias, que deben sostener sus obligaciones presupuestarias en áreas sensibles como salud, educación, seguridad, infraestructura y asistencia social. Aunque cada jurisdicción tiene una realidad fiscal diferente, la reducción de los fondos nacionales limita las posibilidades de ejecutar obras, atender demandas y equilibrar sus cuentas.

En contraste con el desplome de los giros discrecionales, la coparticipación y las leyes especiales tuvieron en octubre una recuperación real del 0,5%. La distribución de coparticipación propiamente dicha creció un 0,8%, impulsada principalmente por Ganancias. Sin embargo, el IVA volvió a mostrar un comportamiento negativo, con una caída real del 7,6%, una señal que refleja las dificultades que todavía enfrenta el consumo interno.

Pese a la mejora mensual, el balance acumulado de la coparticipación continúa siendo negativo: durante los primeros diez meses del año registró una contracción real del 0,5%.

La distribución de los recursos discrecionales tampoco fue homogénea. Buenos Aires recibió $21.923 millones en octubre, equivalente al 24,6% del total. Detrás se ubicaron Neuquén, Santa Fe, La Pampa y Córdoba. En conjunto, seis jurisdicciones concentraron el 68% de los fondos transferidos.

El reparto dejó además diferencias muy marcadas entre provincias. Solamente La Pampa, San Luis y Catamarca consiguieron mejorar sus ingresos reales respecto de octubre de 2025, con incrementos del 782,5%, 283,3% y 23,9%, respectivamente. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrió una caída del 98,9%; Formosa, del 98,3%, y Tucumán, del 93,9%. Córdoba registró un retroceso del 51,9%.

Otro elemento que alimenta la discusión son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Durante octubre no se concretaron pagos a las provincias, aunque el fondo recaudó $115.102 millones. Al cierre del mes quedaron registradas asignaciones pendientes de pago para Corrientes, por $3.500 millones; Chaco, por $4.000 millones; Entre Ríos y Misiones, por $3.000 millones cada una.

En lo que va del año, los ATN distribuidos sumaron $184.000 millones, con un incremento real del 6% interanual. Sin embargo, solamente se utilizó el 18% de los recursos disponibles y quedaron sin asignar $840.482 millones. Esta acumulación de fondos mantiene abierta la discusión sobre los criterios de distribución y el margen de decisión que conserva el Gobierno nacional.

El trasfondo de esta situación es una negociación política que todavía no encuentra un punto de equilibrio. El oficialismo necesita el acompañamiento de los gobernadores para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y avanzar con sus reformas institucionales. Los mandatarios provinciales, por su parte, reclaman previsibilidad y recursos para sostener sus administraciones.

Los contactos encabezados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, no avanzaron al ritmo que esperaba la Casa Rosada. La discusión de la reforma electoral también quedó condicionada por el calendario legislativo y la visita del papa León XIV, por lo que las conversaciones centrales se proyectan hacia mediados de noviembre.

El problema de fondo es que el equilibrio de las cuentas nacionales no necesariamente representa una mejora para el conjunto del país si su sostenimiento implica trasladar crecientes dificultades financieras a las provincias. La reducción de las transferencias puede aliviar las cuentas del Estado nacional, pero también comprometer la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades de sus comunidades.

El ajuste, por lo tanto, plantea una discusión que va más allá de los números fiscales: cómo se distribuyen los esfuerzos, qué responsabilidades debe asumir cada nivel del Estado y cuánto margen tendrán las provincias para gobernar en un escenario de recursos cada vez más restringidos. Porque detrás de cada transferencia que no llega también puede haber una obra postergada, un servicio condicionado o una demanda social que termina recayendo sobre las administraciones provinciales.