La suspensión de las PASO abre una negociación decisiva entre el Gobierno nacional y las provincias

Los diez senadores radicales pueden convertirse en una pieza fundamental para definir el futuro de la reforma electoral impulsada por Javier Milei. Detrás de la discusión parlamentaria, los gobernadores buscan garantías para preservar sus espacios de poder, fortalecer sus alianzas y asegurar representación política de cara a 2027. Mendoza ocupa un lugar estratégico en este escenario.

POLÍTICA

11/16/20263 min read

La reforma política promovida por el Gobierno nacional volvió a instalarse en el centro de la agenda del Senado y abrió una negociación que excede ampliamente la continuidad o eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo que está en discusión es también la relación de fuerzas entre la Casa Rosada y las provincias, el futuro de los acuerdos políticos territoriales y la posibilidad de construir alianzas de cara a las elecciones de 2027.

El oficialismo considera prioritaria la suspensión de las primarias como parte de su estrategia electoral para el próximo año. Sin embargo, su aprobación depende de conseguir una mayoría especial en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con 21 integrantes y necesita alcanzar los 37 votos, por lo que el acompañamiento de otros bloques resulta indispensable. En ese escenario, los diez legisladores de la Unión Cívica Radical adquieren una importancia determinante.

La negociación con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco, y Carlos Sadir, de Jujuy, constituye uno de los principales movimientos políticos para acercar posiciones. El entendimiento contempla el respaldo a la suspensión de las PASO y la posibilidad de establecer acuerdos electorales que permitan preservar los espacios de poder provinciales.

Para los mandatarios, el desafío no consiste únicamente en acompañar o rechazar una modificación del sistema electoral. También buscan evitar que una competencia fragmentada favorezca a sus adversarios, debilite sus estructuras territoriales o ponga en riesgo la continuidad de sus proyectos políticos. La discusión incluye la conformación de listas, las alianzas partidarias y la representación legislativa que cada provincia pretende conservar en el Congreso.

En este tablero, Mendoza tiene una participación especialmente significativa. Alfredo Cornejo forma parte del grupo de gobernadores que negocia con la administración nacional, mientras que los senadores mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri aparecen entre los legisladores cuyo acompañamiento podría contribuir a garantizar los votos que necesita el oficialismo.

Para la provincia, el resultado de estas conversaciones tiene implicancias que van más allá de la coyuntura parlamentaria. La posibilidad de sostener una alianza política competitiva, preservar la unidad del oficialismo provincial y definir las condiciones de participación electoral en 2027 representa un objetivo estratégico. También está en juego la capacidad de Mendoza para mantener protagonismo en las decisiones nacionales.

No obstante, el radicalismo no presenta una posición completamente homogénea. Algunos senadores consideran conveniente acompañar el entendimiento para proteger los intereses de sus respectivos distritos, mientras que otros advierten sobre el riesgo de que estos acuerdos terminen subordinando la construcción de una alternativa nacional a las necesidades electorales de cada provincia.

Carolina Losada, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama representan distintas posiciones dentro de ese debate. Sus decisiones también están atravesadas por sus propias perspectivas electorales y por las particularidades políticas de los distritos que representan.

De acuerdo con las conversaciones dentro de la bancada, al menos seis de los diez senadores radicales podrían respaldar la iniciativa, aunque no se descarta que el acompañamiento sea mayor. La definición será determinante para las posibilidades del oficialismo de avanzar con el dictamen y reunir los apoyos necesarios en el recinto.

La negociación también tiene otra dimensión: el vínculo entre los recursos, las necesidades y la gobernabilidad de las provincias frente a una administración nacional que necesita construir consensos parlamentarios. Los gobernadores cuentan con herramientas políticas importantes, porque sus legisladores pueden resultar decisivos para aprobar o frenar iniciativas del Ejecutivo. Esa capacidad de negociación les permite defender sus intereses territoriales y reclamar participación en las decisiones que afectan a sus distritos.

Sin embargo, el acuerdo electoral no debe confundirse con compromisos económicos o presupuestarios. La discusión sobre las PASO tiene su propia dimensión política y no implica, por sí misma, garantías de financiamiento, obras públicas o transferencias nacionales.

La disputa deja en evidencia una realidad del federalismo argentino: aunque el Gobierno nacional tenga la iniciativa política, necesita del acompañamiento de las provincias para transformar sus proyectos en leyes. Los gobernadores, por su parte, buscan aprovechar ese escenario para fortalecer sus posiciones y evitar quedar relegados en el nuevo mapa de alianzas.

La suspensión de las PASO se convirtió así en una negociación de mayor alcance. Para Javier Milei significa avanzar con una reforma que considera central para su estrategia de 2027; para los gobernadores representa una oportunidad de defender sus territorios, preservar sus estructuras políticas y negociar mejores condiciones para el futuro.

El desenlace permitirá conocer no solamente si el oficialismo consigue los votos necesarios, sino también qué peso tendrán las provincias en la construcción del escenario político nacional. En esa pulseada, Mendoza vuelve a ocupar un lugar relevante.