La Justicia falló contra el Gobierno y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia Federal le propinó un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al declarar inconstitucional el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, previamente aprobada y ratificada por el Congreso Nacional.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y distintas universidades públicas del país.

La Justicia ordenó poner en marcha la ley

En su resolución, el magistrado dispuso que el Gobierno debe implementar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar con las medidas reglamentarias necesarias para garantizar su cumplimiento.

El fallo contempla dos aspectos centrales: asegurar los recursos destinados al funcionamiento de las universidades y disponer la recomposición de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes.

El conflicto judicial surgió después de que el Congreso rechazara el veto presidencial y volviera a respaldar la ley con las mayorías requeridas. Frente a esa situación, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 759/2025 y condicionó la ejecución de la norma a que previamente se identificaran las fuentes de financiamiento correspondientes en el Presupuesto.

Para la Justicia, esa decisión no se ajustó al marco constitucional.

Críticas al mecanismo utilizado por el Ejecutivo

Uno de los principales argumentos del juez Cormick fue que el decreto utilizado por el Gobierno no podía dejar sin efecto, en la práctica, una ley que había sido sancionada y posteriormente ratificada por el Congreso.

El magistrado consideró que la medida oficial no superaba un estándar mínimo de razonabilidad y sostuvo que el decreto terminó funcionando como una suerte de veto adicional, una herramienta que no está contemplada por la Constitución Nacional.

De esta manera, la sentencia cuestionó el mecanismo elegido por el Poder Ejecutivo para postergar la aplicación de una norma que había sido respaldada por el Poder Legislativo.

El impacto fiscal, otro de los puntos analizados

La resolución también rechazó los argumentos vinculados con el supuesto impacto que tendría la aplicación de la ley sobre las cuentas públicas.

En ese sentido, Cormick tomó como referencia antecedentes presupuestarios y documentación elaborada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Según esos informes, el costo de la normativa representaría aproximadamente el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI) nominal.

El juez también recordó que el Estado nacional había continuado funcionando con partidas presupuestarias prorrogadas correspondientes al Presupuesto 2023, elemento que consideró relevante al analizar las justificaciones planteadas por el Gobierno.

Un nuevo capítulo en el conflicto universitario

A partir de la decisión judicial, el Poder Ejecutivo deberá avanzar con el envío de los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario y adoptar las medidas necesarias para actualizar los ingresos del personal docente y no docente.

El fallo se conoce en medio de un escenario de creciente tensión en las universidades públicas, marcado por reclamos salariales, protestas y medidas de fuerza en distintas instituciones del país.

La resolución judicial abre así un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las universidades nacionales por el financiamiento del sistema educativo superior.