La industria reclama más controles ante el avance del contrabando y el comercio ilegal

La preocupación por el crecimiento del contrabando sumó nuevos reclamos de sectores empresarios y sindicales, que advierten sobre sus consecuencias para la producción nacional, el comercio formal y la recaudación fiscal. En ese escenario, la Unión Industrial Argentina (UIA) intensificó sus gestiones ante el Gobierno nacional para impulsar mayores controles aduaneros y medidas que permitan frenar el ingreso y la circulación de mercadería ilegal.

El planteo se apoya en los resultados de la III Encuesta UIA, realizada en septiembre de 2026, que relevó la situación de 628 empresas. Según el estudio, el 59,7% de las firmas consultadas calificó como alto o muy alto el impacto del comercio ilegal sobre sus operaciones, una situación que afecta especialmente a determinadas ramas de la industria manufacturera.

Los rubros más perjudicados son el de metales comunes, donde el 88,2% de las empresas manifestó un impacto significativo; el textil, con el 84,6%; el cuero y calzado, con el 76,2%; y el sector del papel, cartón y madera, con el 70%.

El reclamo de los industriales se suma a las advertencias que el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) viene realizando desde 2025. Su secretario general, Daniel Mallotti, cuestionó las políticas de ajuste y desregulación impulsadas por la administración nacional y señaló que podrían contribuir al aumento del contrabando, con consecuencias para la industria y las actividades comerciales que operan dentro de la formalidad. El dirigente también responsabilizó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por las medidas que, según su postura, debilitaron las funciones de control aduanero.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también expresó su preocupación y reclamó un fortalecimiento de los controles en las fronteras. La entidad advirtió sobre los perjuicios que el comercio ilegal genera para la producción nacional y las pérdidas millonarias que ocasiona en materia tributaria.

Desde el sector industrial, además, sostienen que la competencia con productos importados se desarrolla en condiciones desfavorables para los fabricantes locales. A esa situación se suma la comercialización de mercadería por canales informales, que dificulta el cumplimiento de las obligaciones fiscales y las normas vigentes.

Los resultados de la encuesta también muestran que el control aduanero figura entre las principales demandas empresariales: el 33% de los ejecutivos consultados consideró necesario avanzar con inspecciones más amplias y eficaces. Asimismo, el 19,1% señaló la importancia de reforzar la fiscalización de la facturación y la informalidad comercial, mientras que el 15,1% pidió una regulación del comercio electrónico.

Esta última modalidad representa otro foco de inquietud para las empresas. De acuerdo con el relevamiento, cuatro de cada diez compañías se ven afectadas por prácticas informales vinculadas con las ventas a través de redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

En respuesta a esta situación, representantes de la UIA mantuvieron el jueves una reunión de trabajo con el director general de Aduanas, Andrés Velis, para presentar un diagnóstico sobre los efectos del comercio ilegal y establecer una agenda técnica de cooperación entre el sector público y el privado. También participaron la directora adjunta de Aduanas, María Eugenia Rodríguez Campos, y la subdirectora de Control Aduanero, Samanta Franco.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron las gestiones en curso y coincidieron en la importancia de impulsar herramientas que permitan facilitar las operaciones comerciales legales y, al mismo tiempo, fortalecer la fiscalización.

Entre las propuestas presentadas por la UIA se encuentran la extensión de los horarios de atención en los pasos fronterizos, la incorporación de más escáneres y tecnología de inspección, la implementación de declaraciones electrónicas anticipadas y la selección de controles según perfiles de riesgo. También se planteó profundizar las auditorías posteriores a las operaciones, reforzar la supervisión de las ventas por internet y revisar las normas vinculadas con las recientes desregulaciones del sistema de courier.

Por el momento, el Gobierno nacional no difundió una respuesta formal a los planteos. Mientras tanto, las entidades empresariales y sindicales mantienen sus reclamos para que se adopten medidas que permitan combatir el contrabando, proteger la producción nacional y garantizar condiciones de competencia más equitativas para quienes desarrollan sus actividades dentro de la economía formal.