La estructura empresarial argentina pierde miles de unidades productivas y crece la preocupación por la informalidad

El entramado productivo argentino continúa atravesando un período de fuerte contracción. Los últimos registros disponibles de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondientes a agosto de 2026, muestran que la cantidad de empleadores con trabajadores declarados se redujo en 32.429 unidades desde noviembre de 2023. Esto representa una disminución del 6,3% y refleja las dificultades que enfrentan numerosas actividades económicas para sostener sus estructuras operativas.

Durante agosto se contabilizaron 139 empleadores menos que en julio, mientras que el balance de los primeros ocho meses de 2026 arroja una reducción acumulada de 10.234 unidades. En términos absolutos, el registro pasó de 512.357 empleadores en noviembre de 2023 a 479.928 en agosto de este año.

La tendencia presenta una distribución territorial significativa: 23 de las 24 jurisdicciones registraron retrocesos. Neuquén constituye la excepción, con 163 empleadores adicionales, equivalentes a un crecimiento del 1,8%, en un contexto de expansión de la actividad energética vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. En el extremo opuesto aparecen La Rioja, con una caída del 18,2%; Tierra del Fuego, con el 16,3%; Catamarca, con el 14,4%; Chaco, con el 13%; y Corrientes, con el 12,2%.

El deterioro empresarial también tiene su correlato en el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo en unidades productivas disminuyó en 467.989 personas, lo que representa una contracción del 4,7%. Solamente durante agosto se registró una reducción de 30.378 trabajadores.

Uno de los sectores que mejor permite dimensionar las dificultades productivas es la industria textil. Los indicadores correspondientes a los primeros ocho meses de 2026 muestran que su nivel de actividad cayó un 20,8% interanual y se ubicó un 33,9% por debajo del registrado durante el mismo período de 2023. A esto se suma una utilización promedio de la capacidad instalada del 40,6%, lo que significa que una parte considerable de la infraestructura industrial permanece sin utilizar.

La pérdida de puestos laborales también alcanza a esta cadena productiva. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, los sectores textil, indumentaria, cuero y calzado perdieron 28.818 empleos registrados, según el relevamiento sectorial. La combinación de menor producción, debilitamiento del consumo y dificultades para competir configura un escenario complejo para las empresas nacionales.

La construcción tampoco quedó al margen de este proceso. La interrupción de numerosos proyectos de obra pública durante la primera etapa de la actual administración nacional impactó sobre empresas, proveedores y trabajadores vinculados a la actividad. Aunque determinados segmentos muestran movimientos asociados al mantenimiento y la infraestructura vial, la recuperación no alcanza para revertir de manera generalizada las dificultades acumuladas.

A este escenario se agrega una problemática que requiere especial atención: el posible desplazamiento de pequeñas empresas hacia modalidades de funcionamiento informal. Desde distintos sectores empresariales se advierte que algunas firmas, ante la caída de las ventas, las dificultades financieras y la imposibilidad de afrontar sus obligaciones laborales y tributarias, optan por reducir sus estructuras y continuar operando fuera de los circuitos formales.

Esta situación debe analizarse con prudencia. Las estadísticas de la SRT no permiten determinar cuántas empresas cerraron definitivamente ni cuántas pasaron a la informalidad. Las bajas también pueden responder a modificaciones administrativas, reorganizaciones societarias o cambios en las nóminas laborales. Sin embargo, los testimonios sectoriales señalan que la informalización constituye una estrategia de supervivencia para determinados emprendimientos que buscan mantener su actividad.

Desde una perspectiva económica, la reducción sostenida de empleadores y puestos de trabajo registrados representa una señal de debilitamiento del tejido productivo. No se trata únicamente de la desaparición de establecimientos, sino también de una posible pérdida de capacidad de inversión, generación de empleo, incorporación tecnológica y articulación entre pequeñas, medianas y grandes empresas.

El desafío consiste en recuperar condiciones que permitan sostener la producción, estimular la demanda interna, facilitar el acceso al financiamiento y mejorar la competitividad. Sin una estructura empresarial capaz de generar empleo formal y mantener inversiones, las posibilidades de alcanzar un crecimiento económico sostenido quedan seriamente condicionadas.