La Corte Suprema le puso un freno a la desregulación de Milei: las prepagas ya no tendrán vía libre para aumentar sus cuotas

En un fallo histórico y por unanimidad, el máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles estatales sobre los precios de la medicina privada. La decisión obliga a restituir las facultades de supervisión y autorización de los aumentos. Un revés judicial para el modelo de desregulación económica del Gobierno.

POLÍTICA

11/21/20263 min read

La política de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei encontró un límite de peso en la Justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que habían permitido a las empresas de medicina prepaga establecer libremente el valor de sus cuotas, sin la intervención previa del Estado.

La resolución, adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, representa un cambio significativo para millones de afiliados que, desde comienzos de 2024, quedaron expuestos a incrementos definidos por las propias compañías, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y dificultades crecientes para sostener los servicios de salud privados.

Con este pronunciamiento, la Corte determinó que la Superintendencia de Servicios de Salud debe recuperar las atribuciones que le otorgaba la Ley 26.682 para fiscalizar los valores de los planes médicos, garantizar la razonabilidad de las cuotas y autorizar los incrementos cuando estén respaldados por variaciones en la estructura de costos y cálculos actuariales razonables.

El expediente que llegó al máximo tribunal tuvo su origen en el reclamo de una afiliada de Swiss Medical, cuya cuota mensual pasó de $136.161 en diciembre de 2023 a $301.218 en febrero de 2024. El incremento acumulado superó el 110%. La demandante sostuvo que, de haberse mantenido el esquema regulatorio anterior, el aumento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

Al analizar el caso, los magistrados cuestionaron los fundamentos utilizados por el Poder Ejecutivo para eliminar los mecanismos de supervisión estatal. Consideraron que la invocación de una crisis en el sistema sanitario y la necesidad de incrementar la competitividad no constituían argumentos suficientes para justificar una medida de esa magnitud mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La Corte recordó que la Constitución Nacional establece condiciones excepcionales para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer facultades legislativas. Para ello debe existir una imposibilidad concreta de recurrir al procedimiento ordinario del Congreso o una urgencia de tal naturaleza que no permita esperar los tiempos habituales de tratamiento parlamentario.

Según el tribunal, esos requisitos no fueron debidamente acreditados al momento de modificar el régimen de la medicina prepaga. En consecuencia, entendió que no correspondía suprimir por esa vía las facultades de control que el Estado tenía sobre los valores de los servicios de salud.

Una decisión que no significa congelamiento de cuotas

Uno de los aspectos centrales del fallo es que la Corte no estableció un límite automático para los aumentos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ni dispuso que las empresas deban retrotraer todas las cuotas a los valores anteriores.

Lo que restablece es un mecanismo de regulación y supervisión pública. A partir de esta decisión, las empresas deberán someter sus modificaciones tarifarias al control de la autoridad competente, que tendrá que evaluar si los incrementos responden a fundamentos económicos y técnicos razonables.

La diferencia es sustancial: las compañías conservan la posibilidad de solicitar actualizaciones, pero ya no cuentan con la libertad absoluta que les había otorgado la modificación normativa cuestionada.

Un impacto que trasciende el sector de la salud

El pronunciamiento también adquiere relevancia institucional porque constituye una de las primeras declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte Suprema sobre disposiciones del DNU 70/2023, una de las principales herramientas legislativas utilizadas por Milei para avanzar con su programa de reformas económicas.

Aunque el máximo tribunal aclaró que su decisión se limita a los artículos vinculados con la medicina prepaga y no implica un pronunciamiento sobre el conjunto del decreto, sus fundamentos representan un antecedente de importancia para otros planteos judiciales relacionados con la utilización de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo.

Para los afiliados, el desafío ahora estará en comprobar cómo se instrumenta la recuperación de los controles estatales y si esa intervención logra evitar incrementos injustificados en un servicio esencial.

La decisión deja planteada una cuestión de fondo: la salud no puede quedar sometida exclusivamente a las reglas de un mercado en el que los usuarios, muchas veces, tienen escasa capacidad de negociación y deben afrontar costos que comprometen una parte cada vez mayor de sus ingresos.

El fallo no resuelve por sí solo las dificultades económicas de quienes sostienen una cobertura privada, pero establece un límite constitucional a la libertad de las empresas para fijar sus tarifas sin supervisión pública. Y, fundamentalmente, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede el precio de una cuota: hasta dónde puede llegar la desregulación cuando están en juego derechos esenciales de la población.