El Senado aprobó nuevos incentivos para inversiones y el Gobierno consiguió una victoria política con sus aliados

La agenda también incluyó proyectos impulsados por legisladores dialoguistas y la reforma de la Ley de Salud Mental, que terminó aprobándose durante la madrugada. Ahora, las iniciativas deberán continuar su recorrido en Diputados.

El Gobierno nacional consiguió un importante resultado político en el Senado al avanzar con una serie de proyectos destinados a promover inversiones, estimular actividades productivas y establecer nuevas reglas para sectores estratégicos de la economía. La jornada también le permitió fortalecer sus acuerdos parlamentarios con bloques provinciales y legisladores de la oposición dialoguista, cuyo acompañamiento resulta indispensable para sostener su agenda legislativa.

Entre las iniciativas centrales se destacaron la creación del Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo, y la regulación del mercado de carbono. Ambos proyectos consiguieron un amplio respaldo, con 60 votos a favor y solamente dos en contra, correspondientes a los representantes santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

La sesión, realizada el jueves 29 de octubre, tuvo además un fuerte componente institucional y político. Al comienzo de la jornada prestó juramento Claudia López, quien ocupará la banca que había quedado vacante tras el fallecimiento del senador riojano Carlos Pagotto, ocurrido el 29 de septiembre.

También se realizaron homenajes al expresidente Néstor Kirchner, al dirigente sindical Norberto Di Próspero y al propio Pagotto. En otro tramo del encuentro, los senadores aprobaron una resolución multipartidaria para invitar al papa León XIV a dirigirse al Congreso de la Nación durante su próxima visita a la Argentina.

La estrategia del oficialismo consistió en incorporar al temario iniciativas promovidas por legisladores de distintos espacios políticos, muchas de ellas vinculadas con las economías regionales y la generación de oportunidades productivas. De esta manera, además de conseguir avances legislativos, la Casa Rosada logró dar una respuesta a sectores aliados que venían reclamando tratamiento para sus propuestas.

RIIR: beneficios fiscales para inversiones productivas desde los 12 millones de dólares

Uno de los principales resultados de la sesión fue la aprobación del Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), una propuesta presentada por el senador radical Eduardo Vischi que apunta a atraer capitales hacia proyectos productivos de mediana y gran escala.

El nuevo esquema pretende cubrir un espacio que actualmente no alcanza a contemplar ninguno de los regímenes de promoción existentes. Su objetivo es ofrecer herramientas a empresas que necesitan realizar inversiones importantes, pero que no necesariamente reúnen las condiciones para incorporarse a los programas destinados a los emprendimientos de mayor envergadura, como el RIGI.

La iniciativa establece, como regla general, un monto mínimo de inversión de 12 millones de dólares y busca estimular actividades capaces de generar empleo, ampliar la producción nacional, fortalecer las cadenas de valor e incrementar las exportaciones.

Durante la presentación, Vischi sostuvo que el país necesita establecer condiciones previsibles para quienes estén dispuestos a invertir y destacó el potencial argentino en sectores como la producción de alimentos y la generación de energía.

El legislador también reconoció las dificultades que atraviesa el mercado interno, con un consumo debilitado y una actividad económica que todavía muestra señales de estancamiento. En ese contexto, consideró que la expansión de las exportaciones puede convertirse en una herramienta fundamental para impulsar la producción y generar nuevas oportunidades en las distintas regiones del país.

Qué beneficios contempla el nuevo régimen

El proyecto incorpora una serie de ventajas tributarias destinadas a mejorar la rentabilidad de las inversiones y reducir los tiempos de recuperación del capital.

Entre los principales instrumentos se encuentran:

• Amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias: permite descontar en un plazo más corto el costo de los bienes incorporados al proceso productivo.

• Devolución anticipada del IVA: contempla mecanismos para recuperar créditos fiscales generados por las inversiones, evitando que esos importes permanezcan inmovilizados durante períodos prolongados.

• Estabilidad fiscal durante 30 años: busca garantizar previsibilidad tributaria para los proyectos que ingresen al régimen, reduciendo el riesgo de modificaciones posteriores que perjudiquen las condiciones bajo las cuales se realizó la inversión.

La iniciativa alcanza la adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos y la ejecución de obras directamente vinculadas con actividades productivas. Quedan excluidos los automóviles, los activos financieros, las inversiones de cartera y los bienes de cambio.

También incorpora oportunidades específicas para sectores con fuerte presencia en las economías regionales. Entre ellas aparecen las inversiones en sistemas de riego, equipamiento de alta eficiencia energética, mallas antigranizo destinadas a la producción agropecuaria y determinados bienes semovientes, que pueden acceder a los beneficios independientemente del monto de inversión.

Este aspecto adquiere especial relevancia para provincias como Mendoza, donde la actividad agrícola enfrenta desafíos vinculados con la disponibilidad de agua, la eficiencia energética y la necesidad de proteger los cultivos frente a las contingencias climáticas.

Otro punto importante es la exigencia de incorporar proveedores nacionales. Los planes de inversión deberán contemplar la contratación de empresas argentinas por un monto equivalente, como mínimo, al 20% de los recursos destinados a proveedores, siempre que exista oferta local que cumpla con las condiciones de precio y calidad requeridas.

La intención es evitar que los beneficios tributarios se traduzcan únicamente en ventajas para las empresas que realizan las grandes inversiones y procurar que también alcancen a fabricantes, prestadores de servicios y proveedores que integran las cadenas productivas nacionales.

Con esta condición, el régimen busca generar un efecto multiplicador sobre la economía, favoreciendo la actividad industrial y comercial vinculada con cada emprendimiento.

Mercado de carbono: una nueva oportunidad para atraer inversiones ambientales

El segundo proyecto de importancia aprobado por el Senado establece un marco regulatorio para el desarrollo y la comercialización de créditos de carbono en la Argentina.

La iniciativa, impulsada por la senadora salteña Flavia Royón e integrada con otras propuestas legislativas, obtuvo también 60 votos afirmativos y dos negativos.

Se trata de una herramienta que busca incorporar al país a un mercado internacional en expansión, en el que las actividades destinadas a reducir o capturar gases de efecto invernadero pueden generar recursos económicos mediante la comercialización de certificados ambientales.

Para comprender su alcance, es necesario señalar que un crédito de carbono representa, por regla general, una tonelada de dióxido de carbono equivalente que fue evitada, reducida o removida de la atmósfera a través de un proyecto cuya reducción debe ser verificada.

Estos certificados pueden generarse mediante iniciativas de reforestación, conservación de bosques nativos, incorporación de energías renovables, agricultura regenerativa y otras actividades que contribuyan a disminuir las emisiones contaminantes.

Una vez acreditada la reducción o captura, los certificados pueden comercializarse con empresas u organizaciones que necesitan compensar parte de su impacto ambiental, así como con compradores que participan de los mercados internacionales.

El problema que enfrenta actualmente la Argentina es la ausencia de un marco regulatorio integral que permita otorgar mayor seguridad jurídica a estas operaciones y facilitar el acceso de los proyectos nacionales a los mercados regulados, donde las condiciones comerciales pueden resultar más favorables.

La nueva normativa pretende resolver esa situación mediante reglas comunes para registrar, certificar y comercializar los créditos, al mismo tiempo que busca evitar irregularidades y garantizar que cada reducción de emisiones sea contabilizada una sola vez.

Un registro nacional para garantizar transparencia

Uno de los principales instrumentos contemplados es la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), que permitirá identificar los proyectos, registrar sus resultados y garantizar la trazabilidad de los créditos generados.

La existencia de este sistema apunta a impedir el denominado doble conteo, una de las principales dificultades que pueden afectar la credibilidad de los mercados ambientales. Esto ocurre cuando una misma tonelada de emisiones reducidas o capturadas se contabiliza más de una vez para justificar distintas compensaciones.

Además, el proyecto reconoce a los créditos de carbono como bienes inmateriales de carácter patrimonial, con identidad jurídica y económica propia, diferenciados de los inmuebles, los recursos naturales y las actividades que permiten generarlos.

Entre sus disposiciones también establece una estabilidad fiscal de 30 años para los proyectos registrados, alcanza la comercialización de créditos en los mercados nacionales e internacionales y contempla su utilización como respaldo o componente de determinados instrumentos financieros.

La regla general será permitir las operaciones comerciales sin autorización previa, aunque se establecen controles específicos cuando los créditos se destinen al cumplimiento de compromisos climáticos de otros países o a determinados mecanismos internacionales.

La propuesta también procura resguardar las competencias provinciales sobre los recursos naturales, un aspecto especialmente relevante en un país federal donde buena parte de los proyectos vinculados con bosques, tierras, producción agropecuaria y recursos ambientales se desarrollan bajo jurisdicción provincial.

La aprobación de este marco podría abrir nuevas posibilidades de financiamiento para actividades que, además de su valor productivo, generan beneficios ambientales. En ese sentido, la conservación de ecosistemas, la recuperación de suelos, la protección de bosques y la transformación de los sistemas agrícolas pueden convertirse en oportunidades para captar inversiones y desarrollar nuevas fuentes de ingresos.

El desafío estará en garantizar que los proyectos representen reducciones reales de emisiones, que sus resultados puedan comprobarse y que los mecanismos de compensación no se conviertan en simples operaciones comerciales sin un impacto ambiental efectivo.

Otros proyectos que avanzaron en el Senado

La sesión también permitió aprobar otras iniciativas impulsadas por legisladores de bloques provinciales y espacios aliados al oficialismo.

Entre ellas se encuentra la propuesta de la senadora chubutense Edith Terenzi, que establece la obligatoriedad de incorporar cartas gastronómicas adaptadas con pictogramas en los establecimientos del sector. La medida apunta a mejorar la accesibilidad comunicacional y facilitar que personas con dificultades de comunicación puedan comprender las opciones disponibles y realizar sus pedidos de manera autónoma.

También consiguió aprobación el proyecto del senador catamarqueño Flavio Fama, que promueve la incorporación de la educación emocional en el sistema educativo mediante una modificación de la Ley Nacional de Educación 26.206.

La propuesta busca que las instituciones educativas otorguen mayor espacio al desarrollo de habilidades relacionadas con el reconocimiento y manejo de las emociones, la empatía, la convivencia y la resolución de conflictos.

A estos temas se sumó la transferencia de inmuebles pertenecientes al Estado nacional a favor de la Municipalidad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.

Durante las primeras horas del viernes 30 de octubre, el Senado también otorgó media sanción a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos, e introduce modificaciones en los criterios de internación, la intervención de los equipos profesionales y el abordaje de las adicciones, entre otros aspectos.

Una victoria legislativa que todavía debe superar otra instancia

El resultado de la sesión representa un avance político para el Gobierno nacional, que consiguió reunir mayorías amplias alrededor de proyectos que no pertenecen exclusivamente a su espacio político.

También dejó en evidencia la importancia de los acuerdos con los bloques dialoguistas y las representaciones provinciales, especialmente en un Congreso donde el oficialismo necesita construir consensos para avanzar con sus iniciativas.

Sin embargo, la aprobación en el Senado constituye solamente el primer paso. Los proyectos deberán ser examinados por la Cámara de Diputados, donde se definirá si finalmente se convierten en ley.

Detrás de estas iniciativas se encuentra una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo que necesita la Argentina: cómo atraer capitales, generar empleo, fortalecer las economías regionales y ampliar las exportaciones sin descuidar la producción nacional y los recursos naturales.

El desafío no estará solamente en ofrecer beneficios tributarios o crear nuevos instrumentos financieros. También será necesario que esas herramientas se traduzcan en inversiones concretas, mayor actividad económica, oportunidades laborales y un desarrollo que alcance a las distintas regiones del país.